Desde que Artur Mas, presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, lanzara su proyecto de soberanía para Cataluña se ha hablado y debatido mucho sobre las repercusiones políticas y económicas que tiene dicha decisión, pero poco sobre las que afectan a temas sociales y menos a los ambientales. Sin embargo, estos dos últimos, aparte de estar estrechamente vinculados, tienen una trascendencia vital. Las aguas del Ebro, compartidas por seis comunidades autónomas, siguen siendo motivo de polémica. Su curso desemboca en uno de los humedales más importantes de Europa, el delta del Ebro, donde SEO/BirdLife ha demarcado un área marina importante para las aves que abarca también zonas de Castellón. A ello hay que añadir la dependencia externa de Cataluña de recursos como los pesqueros y energéticos. En este último caso, según Ecologistes en Acció de Catalunya llega a ser el 98%.

Esta misma asociación se ha pronunciado en torno a las implicaciones sociales y ambientales derivadas del proceso emprendido por Artur Mas. “Los retos ambientales no dependen a priori de los sistemas político-administrativos sino de los objetivos socio-ambientales de los gobiernos, sus políticas, la determinación en la coordinación con otros estados y/o administraciones sobre marcos comunes cuando son temas que afectan a diferentes territorios, así como de la calidad democrática en términos de participación y control social”, argumentan. A partir de aquí, Ecologistes en Acció entiende que “cualquier escenario es viable para abordar políticas sostenibles cuando hay voluntad política”.

Pero no hay voluntad política, al menos así lo considera también Ecologistes en Acció, quien presentó hace unos días el informe Degradació de les polítiques de conservació de la biodiversitat a Catalunya 2012, con declaraciones en las que subrayaban: “La falta de voluntad política de los sucesivos gobiernos y los recortes presupuestarios del 60% en tres años nos llevan a calificar de desastrosa la gestión de la biodiversidad en Cataluña y a reclamar a los partidos políticos que concurren a las elecciones del 25 de noviembre a prestar una atención especial a esta materia dada su relevancia”. Otra conclusión de relieve: “Cataluña ha pasado de los primeros a los últimos lugares en España y en Europa en políticas de conservación de la naturaleza”.

Casi a la par, la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) hablaba también de tiempos mejores en Cataluña. Por un lado, recuerdan el carácter pionero de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en el cambio de gestión de este recurso, “avanzando hacia un claro objetivo de sostenibilidad ambiental”, para a continuación denunciar que “la Generalitat ha desvirtuado su trabajo y está aplicando una política que incumple los principios de la Nueva Cultura del Agua”. Sostiene la FNCA que la agencia “parece un ente sin rostro, sin discurso y con las manos atadas, que prácticamente no hace más que cobrar el canon y manejar las depuradoras”. CIU, a través de su programa electoral, espera solucionar estas carencias con la gestión de la totalidad de recursos hídricos de Cataluña, con independencia de su pertenencia a una cuenca de ámbito superior al catalán. Anuncia la asunción de la gestión de la cuenca catalana del Ebro, actualmente ejercida por la confederación hidrográfica, y del dominio público marítimo terrestre, competencia del Gobierno central. Esta propuesta incluye la defensa de un caudal ambiental suficiente para el tramo final del río Ebro.

Ecologistes en Acció de Catalunya presenta precisamente el caso del Ebro como paradigmático, ya que la dificultad para presentar un borrador de plan de cuenca “muestra la falta de entendimiento entre comunidades autónomas y gobierno central”. La Generalitat de Cataluña ha contestado al borrador presentado por la confederación hidrográfica por incumplimiento de los caudales ambientales en ese tramo final. “De no modificarse significará el incumplimiento sistemático de la Directiva Marco del Agua y la pérdida por regresión y salinización del delta, uno de los humedales de mayor riqueza ecológica del sur de Europa y sustento principal de la población de las Tierras del Ebro dedicada en su mayor parte a la agricultura, a la pesca y al turismo”, afirman desde Ecologistes en Acció. Y lamentan que con el Ebro no ocurra lo mismo que en la cuenca del Rin, con una demarcación hidrográfica internacional que comprende ocho estados y que realiza importantes progresos en el cumplimiento del buen estado ecológico del río.

El programa de CIU en torno a otro de los grandes temas ambientales, la energía, también define líneas ambiciosas: “Establecer un modelo competitivo económicamente y con menos dependencia exterior; respetar el medio ambiente, con un mayor peso de las energías renovables; reducir los combustibles fósiles, y mejorar la eficiencia en la utilización de la energía, para llegar a un modelo catalán de generación y consumo”. El instrumento principal para alcanzar estos logros es el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020, iniciativa que no gusta ni a la Agrupació d’Arquitectura i Sostenibilitat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (AuS) ni a la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) ni a Greenpeace, entre otros colectivos. Cuando se conoció su contenido afirmaron que “el punto de partida del documento es exclusivamente economicista, basado en un escenario de disponibilidad, demanda y precios de combustibles fósiles que es excesivamente optimista y no se corresponde a la realidad”.

Entre las entidades firmantes estaba Ecologistes en Acció, quien se reafirma ahora en que “más allá de la dependencia o independencia política-administrativa, los retos inevitables de futuro pasan por abordar las dependencias estructurales de nuestro modelo productivo y de consumo, especialmente la energética y alimentaria”. En cifras, aclaran que Cataluña tiene una tasa de dependencia energética del 98%. Del consumo de energía primaria, el 72,4% proviene de de combustibles fósiles y el 22,4% de la energía nuclear con combustibles que también son importados. “En relación a la dependencia alimentaria nos encontramos escenarios similares en los ámbitos pesquero, agrario y ganadero”, añaden. Citan la marginación que sufre la flota artesanal, que ofrece los “mayores beneficios sociales, culturales y ambientales” y la elevada dependencia de pescado de exportación asociado a la sobreexplotación de caladeros. Estiman que en el caso catalán, un 80% de los productos pesqueros se importan de otras regiones y países, “lo que hace completamente insostenible nuestro modelo de consumo”.