Font: Diagonal

El río que nos lleva hacia la privatización

Las denuncias por las concesiones de agua por parte de las administraciones llegan a los grandes del sector, Suez y FCC.

Una subida del 30% en Huelva; del 75% en La Unión (Murcia) y del 70% en Avilés (Asturias) en el último año. De norte a sur, la factura del agua se dispara, especialmente unos meses antes de la adjudicación del servicio o de parte de éste a empresas privadas, o en los años siguientes a la adjudicación. En Barcelona el agua subió tres veces en 2012.En Madrid, donde opera el aún público Canal de Isabel II, la subida en la factura en 2012 llegó en algunos casos hasta el 30%.

La falta de transparencia explica sólo a medias la disparidad en el acceso a este recurso común en las principales ciudades del Estado. Así, mientras en municipios como Lugo o Palma de Mallorca la cuota fija por el suministro de agua es de 9,4 euros cada tres meses y 9,2 euros cada dos y el primer tramo de consumo no llega a los dos céntimos por metro cúbico en el primer caso, en Almería, donde opera la empresa Aqualia, la cuota de servicio asciende a los 17 euros cada 60 días, y en Alicante, donde el servicio depende de la empresa mixta Aguas Municipalizadas de Alicante, la factura del agua contempla una cuota fija mensual de 7,21 euros.

Charcos de ‘knowhow’

Desde 1996 hasta 2006, el porcentaje de población abastecida por sistemas de gestión privada de servicios de agua ha pasado del 37 al 53%, según datos de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), que calcula que a finales de este año el 57% de la población española dependerá del sector privado para abastecerse de agua.

Mientras el modelo de Chile, primer lugar de ensayo del modelo de privatización del agua, suponía la venta a grandes empresas de los acuíferos del país y el de Reino Unido, con Margaret Thatcher, ponía en manos privadas las infraestructuras relativas al servicio del agua, en España se ha generalizado un tercer modelo de privatización, también implantado en sanidad: el partenariado público privado (PPP), que supone la privatización de la gestión del servicio por medio de concesiones administrativas a cambio de una determinada cantidad de dinero, el llamado canon concesional. “Es un modelo mucho más sofisticado políticamente. Permite entrar levantando un mínimo de sospecha o reacción social, y buena parte de la izquierda, por ignorancia, incluso lo ha terminado impulsando”, detalla a DIAGONAL Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza.

En la mayoría de los casos la concesión del servicio del agua se realiza a través de la creación de una empresa mixta en la que la estructura existente, municipal, metropolitana, o regional mantiene el 51% de las acciones frente al 49% que se apropia el capital privado. No obstante, es este último el que ejerce un control efectivo sobre la empresa mixta, explica Arrojo: “Siempre hay una cláusula en la que se argumenta –en nombre del know-how y el savoir faire, es decir, de la complejidad tecnológica-, que la responsabilidad gestora de la empresa mixta va a ser del socio minoritario, de manera que éste, el privado, pasa a tener un control efectivo, no por la mayoría accionarial, sino por el control de la información”, expone Arrojo. Este mando efectivo deriva en el control de las compras y adjudicaciones relacionadas con este servicio, que terminan recayendo de forma automática en filiales del mismo grupo privado. Esto, explica este portavoz de la Red Agua Pública, genera una espiral de beneficios que quedan encubiertos entre los costes de la empresa y que se ve reforzada por una tercera clave en este tipo de negocios, el largo periodo de concesión del servicio, que suele oscilar entre los 20 y 40 años. La rescisión del contrato puede suponer un coste hasta 15 veces mayor al canon pagado al Ayuntamiento por parte de la empresa y, en ciudades como Girona, la empresa privada ha puesto en marcha infraestructuras cuando terminaba la concesión para que se produjese su renovación automática. “Es como vender barata tu primera residencia para después alquilarla cara”, define Arrojo.

Suez, La Caixa y FCC

En la gestión del agua, sea ésta pública o privada, hay un “monopolio natural”, ya que dicha gestión se produce a través de un único operador. Casos como el del Canal de Isabel II, que en 2011 obtuvo 135 millones de beneficio, demuestran la rentabilidad del control del acceso al agua. Quien abre el grifo se convierte en cliente cautivo –no puede elegir quién le presta el servicio y ese monopolio natural da paso a una competencia en la que el pez grande se come al chico. A nivel global, dos grandes grupos controlan la porción creciente de servicios privatizados de agua. Veolia, antes grupo Vivendi, y Suez Environment copan dos tercios del mercado mundial, en el que aún es mayoritaria la gestión pública o comunal del recurso. En el Estado español, Aqualia, propiedad del grupo constructor FCC, gestiona más de 850 concesiones y recientemente ha obtenido licencias por valor de 1.100millones de euros. Entre los últimos contratos de FCC destacan la gestión integral del ciclo del agua en Jerez de la Frontera y la prórroga de la concesión en Girona.

En segundo lugar por volumen de negocio en la península aparece Aguas de Barcelona (Agbar), en la que el grupo Suez y La Caixa se reparten las acciones en una proporción 75-25%. Este grupo opera por medio de Aquagest, que a su vez está dentro del grupo Aquology, que participa en mercados como el de la seguridad, los campos de golf, la energía, la química o el papel. Tanto Suez como FCC, que mantiene una alianza en Latinoamérica con Veolia, continúan su expansión internacional, aunque el mercado europeo supone más de la mitad de su negocio.

La llamada guerra del agua en Catalunya, que ha abierto una brecha en CiU, es una muestra de la competencia por el territorio. Esa guerra tiene dos batallas. La primera es la que se libra en torno a la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat a Acciona, impugnada por Agbar-Aquagest. El segundo frente está abierto en el área metropolitana –el primero en tamaño de Catalunya– desde que un usuario con el agua cortada, a quien Agbar reclamaba un pago de 6.000 euros, denunciara a esta empresa centenaria. El juez Eduardo Paricio, quien posteriormente ha participado en distintas actividades de la Fundación Agbar y ha intervenido decisivamente en el caso Ter-Llobregat, dictaminó que no existía relación contractual entre el área metropolitana de Barcelona y Agbar para la prestación de este servicio. Tras el escándalo derivado de este pacto no escrito –y de larga duración – la empresa opera desde una empresa mixta, Aguas de Barcelona Empresa del Ciclo Integral del Agua. La organización Ingeniería Sin Fronteras ha presentado un informe a la Fiscalía Anticorrupción en el que se denuncian indicios de prevaricación y apropiación indebida, como explica a este periódico uno de sus portavoces, Eloy Badía. En los juzgados se encontrará con más de media docena de contenciosos relacionados con ese caso.

Agbar ha anunciado que va a abrir otro frente contra la Generalitat por daños y perjuicios tras la adjudicación a Acciona del servicio en Aigües Ter-Llobregat; a su vez, el Gobierno catalán ha presentado un recurso contra el órgano administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña, formado por un solo ejecutivo dependiente de la Generalitat, después de que éste impugnase la adjudicación al grupo de Entrecanales, lo que deja en suspenso el concurso. Si no hay pacto entre los actores implicados, los  tribunales determinarán en los próximos años si es legal una adjudicación que permitió a Andreu Mas-Colell, responsable de Economía de la Generalitat, “suavizar” la cifra de déficit en 2012, ya que contabilizó como ingresos los 995 millones que Acciona prometió en concepto de inversiones.

La gestión de las empresas del grupo Agbar también ha salido a la palestra tras las revelaciones en torno a dos tramas de corrupción en la cornisa cantábrica, los casos Pokemon y Manga. La justicia investiga las concesiones en Llanes (Asturias) y Ourense. Eloy Badía resume la cadena de acontecimientos que rodean los procesos de privatización: “Un municipio con las arcas vacías ve que puede vender o que puede especular, y el agua pasa a convertirse en un activo financiero. Se produce una privatización por un precio de entre 30 y 50 millones. Se suben las tarifas unos meses antes de cambiar de manos el servicio y a cambio se produce la entrega de un maletín. El resto se va dando a lo largo de la concesión”. El recurso al dinero fácil del agua está prohibido por la directiva marco del agua vigente en Europa, ya que el beneficio obtenido por las administraciones locales debe reinvertirse en el llamado ciclo del agua, que contempla factores de sostenibilidad medioambiental. En 2011, 39 ciudades españolas de más de diez mil habitantes fueron denunciadas por no depurar sus aguas residuales urbanas en zonas acondicionadas. Además, de este a oeste se suceden las denuncias por la falta de declaraciones de impacto ambiental en decenas de infraestructuras para el transporte del oro azul. Sin embargo, el beneficio empresarial baja por otro río: “Hasta hace unos años se consideraba que uno no se ganaba la vida con este recurso, ahora están llegando a unos volúmenes de 300 millones de beneficios anuales, y sólo la matriz, sin contar las filiales”, explica Badía. “Es un negocio de alta rentabilidad – explica PilarDiego, de la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda – entre otras cosas porque no tiene apenas morosidad”. En este municipio de Ávila de 5.000 habitantes, que recibe el agua directamente de la sierra de Gredos, la concesión del servicio ha sido impugnada porque uno de los tres ingenieros que resolvieron el concurso de adjudicación había trabajado en la empresa que se llevó el gato al agua, Aqualia, que opera también en la capital de provincia. El caso está en los juzgados y la plataforma contra la privatización también anuncia acciones legales tras realizar diversos actos informativos y una manifestación a la que acudieron más de un millar de personas. Como explica Pilar Diego, una vez se entra en la trampa, los municipios comienzan a generar deuda con la concesionaria. “Aquí se pagan 17 euros cada seis meses. La empresa va a pasar a cobrar trimestralmente y espera recaudar como mínimo el doble”. Diego considera que en la gestión pública hay cosas que mejorar, pero hay vías que se pueden poner: “El objetivo no es el beneficio económico, sino el beneficio de la ciudadanía”, concluye.

Remunicipalización

Casos como el de Candeleda muestran la aceleración de una tendencia que se no se traslada a otros territorios, donde la gestión sigue siendo pública, a través de consorcios, o mancomunada. La expansión de la Directiva de Servicios Europeos y la ley de Administración Local está generando un efecto de concentración en torno a las entidades administrativas más grandes. En abril se ha sabido que el Canal de Isabel II ha hecho una oferta para obtener la concesión del servicio de aguas de Lanzarote durante 30 años. El Ejecutivo de Ignacio González asumirá el 60% de la inversión (63 millones de euros) y el resto (42 millones de euros) vendrá por créditos bancarios. La Plataforma por la Defensa del Canal de Isabel II de Madrid critica la “aventura empresarial” del Ejecutivo regional, que “pueden pagar caro los ciudadanos madrileños si fracasara la operación” e incrementará la tarifa en Lanzarote un 1% más que el IPC a partir de 2016, después de que el Consorcio del Agua aumentara hasta un 40% las facturas en 2012.

En paralelo a este proceso de concentración y privatización del servicio del agua, otra tendencia está ganando peso. “Se está dando un fuerte proceso de remunicipalizacion”, explica Luis Babiano, de Aeopas, que señala cómo Francia, la cuna del modelo PPP, comenzó en 2010 el camino de vuelta al modelo público. En el Estado español más de 20municipios de Andalucía y Catalunya han abandonado el capital privado para volver a la gestión pública.