La Generalitat estima ingresar un máximo de 1.400 millones de euros de la privatización del medio millar de depuradoras existentes en Cataluña y del millar que faltan por construir. Es la mayor esperanza del Gobierno catalán para obtener recursos, por lo que ha puesto toda la carne en el asador: ha creado un grupo de trabajo liderado por el Departamento de Presidencia para acelerar los trabajos e incluso Infraestructures.cat, la antigua Gisa, tiene el mandato del Ejecutivo de Artur Mas de empezar a trabajar para tener lista la documentación necesaria.

El calendario es, a día de hoy, el mayor obstáculo al que se enfrenta Presidencia para llegar a tiempo. Fuentes cercanas al Gobierno admiten que si se hubiera empezado a trabajar de forma intensa medio año antes, sería posible cerrar la operación al cierre de 2014. Ahora, cumplir ese plazo es complicado, si no imposible, pese a que las reuniones se han intensificado. ¿Por qué? Básicamente porque la Generalitat tiene que realizar profundos cambios legislativos para otorgarse la titularidad de todas las depuradoras, un paso imprescindible para después concesionar su gestión a empresas privadas. Se agruparían por zonas en una docena de paquetes que se privatizarían por separado.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) apenas es la titular del 30% de las estaciones existentes en Cataluña. El resto está en manos de consejos comarcales y otros entes municipales como el Área Metropolitana de Barcelona. Incluso existen dudas sobre qué administración tiene potestad sobre las dos mayores depuradoras, las de El Prat y el Besòs, que financió en parte el Estado (con fondos de cohesión de la Unión Europea). El objetivo de la Generalitat es que todas ellas pasen a manos autonómicas, por lo que tendrán que superar las presiones del poder local que quiera mantener la gestión pese a su gasto.

A favor de la Generalitat juega la presión de las inversiones que marca el Plan de Saneamiento, que estipula una inversión para nuevas plantas (un millar están pendientes de construcción) y el mantenimiento y actualización de las actuales de 800 millones de euros. Pero existe también otro punto en contra, sobre todo para ingresar los 1.400 millones que anhela el Gobierno catalán: en plena crisis será difícil encontrar suficientes competidores para todos los paquetes de depuradoras que están previstas. Y a menos demanda, menor precio, indican fuentes conocedoras de la operación.