El bono llega ahora a 421 clientes, la mitad de los previstos

Actualmente va dirigida solamente a personas en paro

La concejalía de Medio Ambiente quiere ampliar la cobertura de la tarifa social del agua para que también puedan beneficiarse familias con escasos recursos, aunque no estén en el paro, y jubilados.

El equipo de gobierno puso en marcha a principios de este año la llamada tarifa social, que supone una bonificación del 90% en la cuota de servicio para las familias que estén en el primero o en el segundo tramo de consumo; es decir que no superen los 100 litros por persona y día. En el primer bloque esto supone pagar 0,4316 euros al mes (en lugar de 4,3163 euros) y en el segundo, el precio de la cuota social es de 0,4861 euros mensuales (en lugar de los 4,8611 euros que pagan el resto de usuarios).

Para poder beneficiarse de esta tarifa hay que estar en paro y tener unos ingresos inferiores al indicador de renta de suficiencia de Catalunya, fijado en 7.967,73 euros al año o lo que es lo mismo, 569 euros/mes. Además, la persona debe acreditar que no dispone de ningún otro patrimonio que el domicilio habitual y que su disminución de ingresos se debe a la crisis económica.

Para el próximo año, el Ayuntamiento ha decidido mantener tal cual la bonificación del 90% y tratar de ampliarla a otros colectivos. ¿Queremos instaurar un sistema en el que lo que importe sean los ingresos, no tanto si se está o no en paro”, explica Herrero.

42 MIL EUROS

La edil cree que el Ayuntamiento puede asumir esta ampliación ya que la penetración de la medida ha sido inferior a la prevista; algo que atribuye, en parte, a que no se ha dado a conocer lo suficiente. Los servicios técnicos municipales calculaban llegar a unos 800 beneficiarios, pero finalmente han sido 421 las familias que cuentan con la tarifa social, el 64% de quienes la han solicitado. El impacto económico, pues, no ha alcanzado los 40 mil euros presupuestados, por lo que la partida para el año próximo sube ligeramente a los 42.500 euros para cubrir la posible ampliación del bono social.

Además de esta tarifa, que entró en vigor a finales de febrero, el Ayuntamiento y Aigües de Terrassa pusieron en marcha en mayo un protocolo de actuación para evitar el corte en el suministro. Hasta el momento, se ha conseguido que 34 usuarios de la tarifa social que no podían pagar el recibo no se queden sin agua. Además, también se ha evitado el corte y negociado el pago fraccionado de la deuda con otras 30 personas detectadas por Servicios Sociales que estaban en una situación crítica y que no podían hacer frente a la factura.

Font: Diari de Terrassa