Llevamos diez días donde el agua está ocupando un lugar importante en la agenda política y social. Hemos conocido que existe una relación sospechosa entre el agua, la privatización y la corrupción. Según la información aportada por El País, un concejal en Bollullos y el hermano de la alcaldesa de Valverde han alquilado propiedades a Aqualia y FCC.  Este binomio, con los mismos actores, es similar en El Puerto de Santa María donde Ecologistas en Acción ha presentado una demanda contra el acuerdo de privatización de APEMSA. En su demanda el colectivo solicita también “la adopción por parte del Tribunal de medidas cautelares para la suspensión de los acuerdos del Ayuntamiento demandados, y evitar así que el tiempo necesario para resolver la demanda provoque perjuicios innecesarios o irreversibles, cuando es sabido que la única aportación del Aqualia-FCC es un préstamo económico al Ayuntamiento, no a Apemsa, y que deberá ser devuelto con intereses por los abonados de la empresa municipal”.

En Sanlúcar de Barrameda, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida han acusado a la misma compañía, Aqualia, del cobro de “tasas ilegales e injustas”. Ambas organizaciones subrayan que pese a que la ley de contratos del sector público impide incrementar las cuotas por encima del 85% del Índice de Precios al Consumo (IPC) del año precedente, el recibo del agua para los sanluqueños ha subido entre 2011 y 2014 un 28% frente al 8% permitido. La coalición de izquierdas calcula que la compañía ha podido cobrar “alrededor de un millón de euros de manera ilegal”.

Según los colectivos denunciantes, desde 2013 la multinacional factura “como si el contador de las casas fuese de 15 milímetros de diámetro frente a los 13 reales”, una situación que ha supuesto “que la tarifa de la tasa fija de agua se duplique”.

Pero la intensidad en la alarma social vino marcada cuando conocimos que Aqualia cortaba el agua a más de 200 familias de Jerez por impago de facturas. Como sabéis, el agua es según la Ley siempre de titularidad pública, pero la realidad nos demuestra que cuando se privatiza su gestión los ayuntamientos pierden el control del servicio. Para muestra, un botón: en #jerez mientras la titular de la delegación de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento, la señora Paredes, decía que “a nadie se le ha cortado el agua en Jerez” por carecer de recursos económicos, se conocía que “más de 100 familias del Jerez rural han visto cortado el suministro“, en una palabra, laxitud en el control del concesionario.

Llegados a este punto ¿os podéis imaginar cómo el ayuntamiento de Jerez (o cualquier otro) controlará el funcionamiento de su depuradora, el mantenimiento de sus instalaciones, las reposiciones de tubería, de mejora de alcantarillado o los cambios de contadores?. Cuando se privatiza se hace para mejorar las cuentas municipales no para mejorar el servicio; es más, el privado, que es el que paga la operación financiera, tiene a partir de ese momentobarra libre“, clientes cautivos e indefensos. A la alcaldesa hoy, los señores de Aqualia le han dicho: “¿no vendió a los jerezan@s por 80 Millones?”.

La postura del gobierno andaluz y de la patronal

Ante esta situación, calificada en algunos medios como “alarma social”, el Gobierno andaluz recordó que está estudiando medidas para garantizar el suministro de luz y agua a familias sin recursos, un compromiso que pidió que también adquirieran los responsables de Aqualia: “Con que cualquiera del Consejo de Administración de la empresa deje de percibir una parte de sus emolumentos, podría satisfacer esa necesidad de la que se ven privadas las 200 familias”. También confían en la “sensibilidad” a las empresas de agua y de electricidad mientras la Junta regula sobre el asunto.

Frente a esto, la patronal ASA (Asociación de Abastecimientos de Agua), lejos de reflexionar sobre la cuestión, culpa de todo a la Junta y a su “errática política de aguas”. Así el pasado sábado pudimos leer, en los diarios del Grupo Joly,  de pluma de don Antonio Jiménez, portavoz y adjunto a la Presidencia de ASA-Andalucía que vivimos una situación caótica que “se refleja en el desánimo de los funcionarios que participaron en la redacción de la Ley, hoy arrinconados por personal de dudoso conocimiento y experiencia técnica en el sector, también se refleja en los técnicos de las empresas que colaboraron de buena fe en su redacción, totalmente defraudados y, lo que es peor y más grave, se refleja en cuatro años perdidos en materia de depuración de aguas”. Y reta al ejecutivo: “el sector representado por ASA-Andalucía tiene muchas preguntas a la espera de respuesta… ¿dónde está la transparencia?”.

Trasparencia es también lo que solicitan los ciudadanos de Málaga que se encuentran, según diversas fuentes, con una subida del agua superior que deja aumentos de hasta el 40% en cuatro de cada diez hogares. Para Justificar este “tarifazo” el ayuntamiento utilizo unos datos extraídos de la Patronal en la que se establecen comparativas entre el coste del líquido elemento y otros productos de consumo. La tabla comparativa sostiene que tomarse una caña, con un precio de 1,5 euros, equivale a dos días y medio de consumo de agua en un hogar de tres personas.

La Patronal no se queda ahí y también da a conocer una media de algunas de las principales capitales europeas explicando el consumo doméstico en litros por habitante y día, aunque con datos de 2010. Bilbao, con 109 litros, sería la que más agua ahorra, seguido de Barcelona, con 110, y Zurich, con 112, la cifra en la que se encuentra ahora Málaga según el ayuntamiento. Copenague, con 113, Viena, con 125, Sevilla, con 126 y Madrid, con 131, estarían a continuación. Londres, con 151 o Lisboa, con 159 litros por persona, superarían con creces el consumo de la capital malagueña y al final de la lista de las 15 ciudades estudiadas se encuentran las capitales de los países nórdicos: Hensilki, con 170 litros por habitante y día, Estocolmo, con 178 y Oslo, con 197, la ciudad con mayor consumo de agua de las estudiadas en esta tabla. Lo cierto es que los datos ni el debate son transparentes ya que todas las ciudades europeas destinan ese gasto exclusivamente a aspectos relacionados con el agua, mientras que aquí las amortizaciones de las obras de agua no salen de la factura. Por otro lado, la patronal aún se quiere enterar que en 2012 se abrieron 40.778 expedientes de corte de suministro por impago. De ellos, 6.811 terminaron con el corte del suministro. Y en 252 casos, estos expedientes acabaron en demandas judiciales contra los usuarios. El incremento de las tarifas de Emasa puede generar más impagos y cortes de suministro.

Finalmente, la Patronal oculta que el volumen de agua suministrada en España se situó al cierre de 2013 en 3.925 hectómetros cúbicos, lo que supone un descenso del 1,1% respecto al año anterior, frente a la caída del 1,5% en 2012. Pese a este descenso, la subida de las tarifas de abastecimiento repercutió positivamente en el volumen de negocio generado por las empresas gestoras de los contratos, estimándose al cierre de 2013 un aumento del 4%, hasta 3.485 millones de euros.

Qué estamos haciendo desde AEOPAS

Desde Aeopas defendemos que acceso al agua potable y al saneamiento es esencial para llevar una vida digna y de respeto por los derechos humanos. En este sentido, Aeopas junto algunos de sus asociados (sindicatos y consumidores) hemos apoyado que las empresas públicas de Huelva y Medina Sidonia aprobaran medidas para garantizar de manera ininterrumpida el suministro a usuarios domésticos aun en caso de impago de las tarifas.

También se ha solicitado a la Junta de Andalucía modificaciones en el Reglamento de suministro domiciliario y en la Ley de aguas de Andalucía para que el acceso al agua esté garantizado en Andalucía sin poner en peligro la sostenibilidad económica de las empresas públicas. Solicitud que, a priori, esta siendo estudiada por el ejecutivo.

Finalmente, hemos pedido avanzar en la regulación del sector y estamos reclamando la puesta en marcha de forma urgente del denominado Observatorio Andaluz del Agua.

Font: La Marea

Autor: Luís Babiano es gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS).