Unos 300.000 abonados ven interrumpido cada año en España su abastecimiento

La Eurocámara estudia una iniciativa que pide establecerlo como derecho

José María Guevara acarrea todos los días en su bici dos garrafas con 18 litros de agua a su casa de Jerez para el baño, asearse y limpiar los platos y el piso. Se la da su madre porque hace tres semanas le cerraron el suministro por una deuda de 42 euros.Casos como este cada vez son más comunes en España. La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) calcula que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar —como hace cuatro años— un 60%, es decir, 300.000.

Este lunes el Parlamento Europeo empezó a estudiar una propuesta que pide a la UE que fije como derecho el acceso a un mínimo vital de agua potable. Es la primera iniciativa ciudadana que llega a la Eurocámara, tras lograr la firma de 1,8 millones de personas. Según Aeopas, en Europa un millón de personas no tienen acceso al agua potable y ocho millones carecen del servicio de saneamiento. Luis Babiano, gerente de Aeopas, ha sido uno de los principales impulsores de esta iniciativa en España. “Cada día crece el número de personas que se quedan sin un suministro que es fundamental en la vida de cualquier ciudadano y no se puede cortar. Es una responsabilidad pública de la que no se puede renegar”, advierte.  “La única forma de garantizar un mínimo vital a la población es mediante la gestión del agua desde un modelo público solidario”, asegura.

En su resolución del agua como derecho humano, Naciones Unidas fijó ese mínimo vital en 40 litros por persona cada 24 horas. Pero la sociedad pública Aigües del Prat, que da suministro al municipio de El Prat de Llobregat (Barcelona) y cuenta con un fondo de solidaridad que bonifica el 100% del consumo y la cuota de servicio a abonados con problemas económicos, tiene otros cálculos. La empresa considera que el mínimo vital para un consumo sostenible debería fijarse en 100 litros por persona y día, aunque añade 50 litros más a ese umbral porque, aunque parezca contradictorio, quien más agua gasta no es quien más recursos tiene.

“La mayoría de los hogares de un nivel medio tienen instalados electrodomésticos de bajo consumo, cisternas de doble descarga y otros mecanismos de ahorro. En cambio, los hogares de un nivel social inferior, por norma general, no han podido invertir en este tipo de mecanismos. Hay familias que tienen muchos problemas para poder reparar las fugas en cisternas o grifos por falta de recursos. Hay que tener en cuenta, además, que aquellas con miembros en situación de desempleo pasan más horas en el domicilio familiar y, por tanto, el consumo de agua es superior”, explica el documento.

Aigües del Prat aprobó por unanimidad el nuevo cuadro de tarifas el pasado diciembre y está pendiente de empezar a aplicarlo. Según el gerente de esta entidad, Jordi Miró, unas 200 familias de los 30.000 abonados podrían acogerse a alguna modalidad de tarifa social. “El mínimo vital lo tienen asegurado todos los vecinos”, aclara satisfecho.

No existe una estadística nacional de usuarios sin agua por impago porque no hay un regulador único. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 9,2% de los hogares sufría el pasado año retrasos en recibos (agua, hipoteca, alquiler, gas, electricidad, comunidad u otros) relacionados con la vivienda principal, 0,8 puntos más que el año anterior. Hace seis años la tasa era de un 6%.
La presión social consigue paliar las emergencias. Igual que Guevara en Jerez, Judit Rodríguez, de 43 años, pasó en Murcia por el mismo suplicio de vivir con su pareja y sus cuatro hijos de entre 9 y 17 años sin agua. “No se podía ni comer. Tenía que pedir prestado el baño o agua a los vecinos para asear a los niños y bebíamos de botellas”, recuerda.

Pero Judit, que ha trabajado en restaurantes y cuidando a personas, peleó. “No quería caridad, quería una solución”, afirma ahora que ha conseguido, con el apoyo de la Asamblea Paz Fama Vistabella, que no se corte más el agua a hogares con problemas económicos en su ciudad. El sociólogo Miguel Ángel Alzamora, miembro de este grupo, recuerda que, antes de la movilización de la plataforma, el problema afectaba a cientos de personas y se consiguió dotar un fondo social que hiciera frente a estos pagos. Aunque advierte de que estos recursos solucionan la urgencia, pero no el problema.

Los fondos sociales los crean las empresas de agua o los municipios, que suelen dotarlos con recursos que iban destinados a otras actuaciones sociales que se ven perjudicadas por la emergencia. “No se puede coger el dinero del agua y dedicarlo a otras cosas. Y tampoco se puede dotar el fondo con partidas de asuntos sociales, que son fundamentales”, advierte Francisco López, portavoz de la plataforma ciudadana de Jerez.

La jurista e investigadora María Giménez coincide en que la dotación de fondos sociales “es paliativa, pero no afronta el problema”. “El acceso al agua es un derecho relacionado directamente con la dignidad de las personas, algo incompatible con la consideración del suministro como mercancía y de los usuarios como clientes. Son personas y el acceso al agua está vinculado a esta consideración”, explica. “Muchos Ayuntamientos con gestión privada del servicio contribuyen a este drama social legalizando el corte por impago sin tener en cuenta la incapacidad económica del ciudadano, sin procedimiento de apremio y sin respeto al principio de proporcionalidad. En algunas ciudades incluso se interpreta que si el usuario no paga es porque quiere darse de baja en el servicio voluntariamente. Es urgente que se eliminen estas prácticas de todos los reglamentos municipales. Desgraciadamente el desahucio hídrico es invisible y nuestros gobernantes muestran poca voluntad política en evitarlo”, subraya.

Font: El Pais