El Gobierno de Artur Mas volverá a hacer caja gracias a la gestión del agua para intentar acercarse al objetivo de déficit del 1% marcado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para este año. La Generalitat ultima un acuerdo con el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que le permitirá apuntarse como ingresos entre 700 y 800 millones de euros, según fuentes del Ejecutivo catalán. La corporación metropolitana, presidida por el alcalde de Barcelona Xavier Trias, se adjudicará la mayor parte de las infraestructuras hidráulicas de titularidad autonómica —incluidas depuradoras— que hay en su territorio, que pasará a gestionar durante un periodo de hasta 35 años. A cambio se quedaría la mayor parte de la recaudación del canon del agua que se ingresa en los municipios que de la AMB.

La fórmula escogida para ingresar parte de los 2.318 millones procedentes de venta de activos y concesiones previstos en el Presupuesto de la Generalitat de 2014 es alambicado, pero no tan complejo como el plan original de intentar privatizar en bloque todas las depuradoras de Cataluña, con el que se preveía ingresar unos 1.400 millones. Al final, la comisión en la que participan los departamentos de Presidencia, Economía y Territorio y la Agencia Catalana del Agua (ACA) han optado por esta opción, mientras se valoran otras posibles operaciones. El ACA ha finalizado una memoria económica con el impacto de la operación.

El acuerdo entre Generalitat y AMB se formalizará por fases. La primera se cumplirá previsiblemente el próximo martes, en el Consell Executiu. Está prevista la aprobación de un decreto ley que dotará de más competencias al Área Metropolitana, asignándole la gesión de las aguas pluviales.

Posteriormente, antes de que concluya el año, se firmará un convenio entre ambas administraciones en el que se puedan concretar las condiciones definitivas del contrato, el perímetro de las instalaciones cedidas y el reparto del canon. Socialistas y republicanos están de acuerdo con el planteamiento, ya que consideran que no se trata de una privatización, ya que las instalaciones continuarían en manos públicas.

Aun así, el gran beneficiado del acuerdo será Agbar, que en agosto constituyó con AMB una sociedad mixta que, además de suministrar el agua a los hogares de 23 municipios, gestiona las aguas residuales del área metropolitana. La compañía de Suez Environnement y La Caixa controla el 85% de esa sociedad, que será, según fuentes consultadas, la que asumirá el pago y obtendrá los beneficios. La operación es parecida a un crédito: la compañía adelanta un dinero que recuperará con intereses con los ingresos asegurados del canon.

Será ahora Agbar una extraña aliada del Gobierno, después de que haya puesto en un brete la otra gran privatización, la de Aguas Ter-Llobregat en 2012. La compañía, que compitió con Acciona en la puja por la empresa pública perdió, llevó a los tribunales la decisión del concurso y este está pendiente ahora de lo que decida el TSJC y el Supremo. Agbar insiste en que la Generalitat declare nula la adjudicación y se le asigne la gestión. La operación, por último, podría servir para enjugar parte de la deuda del ACA, de más de 1.000 millones.

Autor: Dani Cordero.

Font: El País.