Hay palabras que se gastan con el uso y otras que nunca acaban de popularizarse. Si hablamos de la Unión Europea, lobby es el primero de esos casos y el neologismo “comitología” está en la segunda categoría. Dicen que el primer Conde de Romanones dijo aquello de “Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento”, y eso da muestra de la importancia que tiene el desarrollo que sigue a una ley –o directiva, en el caso de la Comisión Europa–, en la que “expertos” o comitólogos, ponen la letra que acompaña a la música que propone la Comisión Europea.

Dos documentos enviados a la Comisión Europea por Aquafed, la federación internacional de operadores de agua privada, que agrupa a los dos gigantes internacionales del sector, Suez y Veolia, muestran el impacto que una Iniciativa Ciudadana Europea ha tenido a la hora de plantear cómo se gestiona y cómo se garantiza el derecho al agua en la Unión Europea. Pero la batalla del agua en Europa aún no se ha terminado, y a partir de septiembre se decidirá quién pone la letra al cambio de ritmo propuesto por la sociedad europea en una consulta sin precedentes que, a decir de Aquafed, tambalea las bases del Tratado de Lisboa de 2007.

Dicha iniciativa, que se cerró en septiembre de 2013, llegó a la Comisión Europea gracias a que más de 1.880.000 personas de los distintos Estados europeos pusieron su firma en una campaña, Right2Water (derecho al agua), que ha obligado a las instituciones a tomar en cuenta las demandas de la sociedad civil, especialmente de la Europa central, respecto al agua. Lo que se pretende con ella, según explica Pablo Sánchez Centellas, responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos, es conseguir una directiva vinculante que dé garantías sociales, como el acceso a un mínimo vital de agua por persona, y que ésta no se pueda cortar a personas en situación de pobreza. La Comisión ha abierto un periodo de consultas a la ciudadanía, que comenzó el 23 de junio y terminará el 23 de septiembre, que se utilizará “como base para decidir si es necesario mejorar la Directiva 98/83/CE sobre el agua y qué aspectos en particular”. De este modo, la iniciativa ha acompañado un debate de actualidad en países como Alemania, donde el Ayuntamiento de Berlín optó por la remunicipalización del agua a pesar de que tendrá que pagar cuantiosas indemnizaciones, o Grecia, donde, en mayo, el Gobierno central prohibió una consulta sobre la privatización del agua impulsada por la ciudad de Tesalónica.

Aunque no se propone un único modelo, la iniciativa recoge los casos de aumento de tarifas tras el paso de un operador público a uno privado, así como la “trampa” de los cánones concesionales, el elemento “que más limita a los ayuntamientos”, según explica Eloi Badia, de la plataforma Aigua és Vida. Cánones que han supuesto la subida del recibo del agua, por medio de la “ingeniería en el recibo”, como la califica Badia, destinada a asegurar un beneficio que ronda, según los casos, entre el 10 y el 20% de la factura y que han servido también para usar el agua “como un activo financiero” de los ayuntamientos.

Como recuerda Badia, en las elecciones del 25 de mayo, cinco de los seis candidatos a la presidencia de la Comisión se posicionaron a favor del derecho al agua. Antes, en 2013, la sociedad civil obtuvo una victoria con la exclusión del agua y el saneamiento de la directiva de concesiones. Una retirada de calado, ya que, según se calculó entonces, el 50% de las concesiones afectaban al agua. Para Sánchez Centellas, esta decisión, que fue calificada como “vergonzosa” por Aquafed, llevó al principal lobby del agua a “activar su batería de vínculos en la Comisión Europea”.

El tono es distinto en los dos documentos enviados por Aquafed a la Comisión Europea, publicados por la organización Acces Info Europe. El primero, de fecha 31 de enero, es un análisis legal de la Iniciativa Legislativa Popular, de la que dice que puede llevar a procesos “opacos y discriminatorios”. Aquafed muestra su inquietud con la Iniciativa Legislativa Popular y recuerda en varias ocasiones que “la iniciativa no crea una obligación de actuar” sino que es una mera “invitación” y que “crearía un precedente peligroso que puede suponer la desintegración del mercado interno”. Además, instó a Eureau, una plataforma técnica a atacar la iniciativa, lo que generó una fuerte controversia, y los representantes de Aquafed denunciaron que la iniciativa es un “mecanismo de los lobbies del agua pública de Alemania”.

El segundo informe de Aquafed, en febrero, es un cambio de tercio ante la exitosa trayectoria de la iniciativa. Para Sánchez Centellas, es una muestra de que “la ola les sobrepasa”. Así, el informe considera que es “muy difícil interpretar” qué querían decir los casi dos millones de personas que firmaron la declaración cuando dice que “el suministro y mantenimiento de los recursos hídricos no debe sujetarse a las reglas del mercado interno y que el agua debe excluirse de la liberalización”.

En vista de eso, Aquafed ha optado por una jugada propia de la “comitología”, en primer lugar pide la inclusión del derecho humano al acceso al agua potable y sanitaria segura en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, algo para lo que se necesita mayoría en el Parlamento y unanimidad en el Consejo Europeo –lo que parece difícil dada la posición de Reino Unido respecto al acceso al agua–. Además, Aquafed pide la creación de un comité de expertos o “terceras partes” para el debate en el Parlamento y la Comisión.

Pero hay otro punto de apoyo para Aquafed y es que, aunque de momento el tema del agua se mantiene bloqueado en las negociaciones del acuerdo comercial entre EE UU y la UE (TTIP, por sus siglas en inglés), su liberalización puede reactivarse en el futuro. Esto acarrearía dificultades ya que las empresas tendrían derecho a exigir indemnizaciones por beneficios no obtenidos o ­demandar en un mecanismo de solución de diferencias entre inversor y Estado a las localidades que opten por la remunicipalización de su servicio de aguas. Decisiones recientes como las del Ayuntamiento de Ermua (Bizkaia), donde la presión ciudadana terminó con la concesión a Aquarbe, del grupo Agbar, o Montpellier, donde se ha remunicipalizado el servicio, dependerían aún más de las decisiones políticas de municipios, regiones y mancomunidades para mantener en un nivel de gestión democrático un recurso común y básico como el agua.