Priego de Córdoba, La Unión de Murcia, Huelva, y esta misma semana el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Estos son algunos de los municipios que han decidido rescatar el servicio de agua potable y remunicipalizar su gestión, que estaba en manos privadas.

“Es el tema de moda en la gestión del agua potable”, explica Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos del Agua (AEOPAS). Babiano asegura que “todos los partidos están contactando con nosotros para, de una forma u otra, llevar la recuperación a las manos públicas en sus programas electorales”.

Uno de los motivos es el coste electoral y de popularidad que supone para los partidos en el poder la subida de la factura del agua tras la privatización. A esto se suma que, en los últimos años, más de medio millón de familias han visto suspendido en algún momento el servicio por impagos esporádicos.

Pero el proceso para devolver a manos públicas la gestión del agua potable no es fácil. El rescate se puede pedir, pero implica devolver la cantidad del canon concesional y pagar una indemnización por el “lucro cesante”, es decir, el beneficio industrial que ganaría la empresa hasta la finalización del contrato. También se puede iniciar una batalla jurídica con la empresa si el Ayuntamiento puede demostrar faltas en el cumplimiento del acuerdo.

Desde París a Aguas del Huesna

La sociedad Aguas del Huesna, en Sevilla, fue la pionera en el proceso de remunicipalización. Se trata de 27 municipios (cerca de 300.00 habitantes en total) que echaron marcha atrás la privatización del agua en 2007 tras una serie de incumplimientos por parte de la empresa concesionaria durante los 13 años de gestión privada.

Santiago Gutiérrez, de la empresa pública que gestiona el servicio de agua de Medina Sidonia (Cádiz), asegura que “los datos demuestran que la gestión pública es rentable y así lo atestiguan las cuentas anuales de la inmensa mayoría de las sociedades mercantiles públicas del sector”. A su juicio, “la burbuja del agua tendrá un efecto péndulo y en unos años volveremos a una tendencia hacia la gestión pública del agua, ya que estamos ante un recurso que provee un derecho humano gestionándose como un monopolio natural, lo que hace muy difícil su gestión utilizando parámetros de mercado”.

El planteamiento de Gutiérrez coincide con el de Priego de Córdoba, donde tras la privatización el recibo del agua se encareció hasta un 85%. En septiembre de 2010, el gobierno municipal, con los votos a favor de PSOE, IU y Grupo Mixto, la abstención del PP y el voto en contra del Partido Andalucista, acordó privatizar la gestión del agua.

Ahora se ha creado un grupo cívico, Priego Agua y Desarrollo, que ha propuesto que los ciudadanos hagan una derrama para adquirir las asociaciones del socio privado, mediante la pignoración de las tasas, o recibos. “Estamos convencidos de que sobre este asunto hay una pesada losa, que sufren en exceso quienes en cada momento ostentan el poder en cada población, esta carga no es otra que las recomendaciones expresas, que las cúpulas de los partidos políticos (corruptas) imponen a sus cargos locales, para beneficio de estas empresas multinacionales, que se dedican al pillaje y expolio de lo público, para posteriormente y empleando parte de estos beneficios, pagar costosas campañas electorales o sobresueldos y saldos en cuentas aparecidas por ejemplo en Suiza”, denuncia Rafael Campaña, de Priego Agua y Desarrollo.

Atentos a todos esos pasos están en la Región de Murcia. Desde la Asamblea Agua Pública 100% aseguran que “entre los efectos más perniciosos de esta gestión privada es que hay familias que siguen sufriendo cortes de agua, siguen subiendo las tarifas o, como denunciamos en el mes de junio, la empresa dice que no acepta más solicitudes de ayuda porque ya ha acabado con la dotación presupuestaria que el ayuntamiento dispuso (300.000 € para 2014)”.

Esta organización considera “ineficaz e ineficiente la gestión privada”, y solicita “la remunicipalización y el establecimiento de mecanismos de participación ciudadana para poder ejercer un control democrático de la gestión del suministro de agua”. Esta solicitud la argumentan en “los impactos” que sufren las poblaciones que habitan en las ciudades donde se ha remunicipalizado el servicio de agua, y “que van desde la bajada de precios en las facturas, a las mejoras de la calidad del agua por la inversión en infraestructuras, el ahorro económico, o el reconocimiento del Derecho Humano al Agua para que nadie pueda ser desposeído de este recurso vital”.

El fenomeno de la remunicipalización no es exclusivo de España. Emanuele Lobina de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos (PSIRU), de la Universidad de Greenwich, en Gran Bretaña, calcula que en los últimos 15 años ha habido un centenar de remunicipalizaciones en el mundo. Los motivos, tres: “los problemas generalizados que afectan a la privatización del agua, independientemente del país y el régimen normativo; la eficiencia igual o mejor de los servicios públicos de agua, y la bajada de precios resultante de la eliminación de beneficios excesivos; y, por ultimo, la ventaja comparativa del sector público como garante del derecho humano al agua y al saneamiento, y la consecución de otros objetivos sociales y ambientales”.

Las principales ciudades de los EE.UU (por ejemplo Atlanta, Indianapolis) y de Europa (como París y Berlín) han remunicipalizado sus servicios de agua. El caso de la capital francesa es simbólicamente destacable ya que acoge las sedes de las dos grandes multinacionales del sector (Suez y Veolia).

Font: La Marea