El socio de gobierno agitará el debate ciudadano en año electoral

El equipo de gobierno municipal quiere que los terrassenses se pronuncien sobre cual es el mejor modelo de gestión del agua en la ciudad, ante el fin de la conscesión del servicio ala empresa Mina Pública d’Aigües de Terrassa, que expira el 31 de diciembre de 2016. A dos años de la extinción del contrato, el socio gobierno, Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa, ñja ya la estrategia y el calendario de esa consulta popular, que deberá decidir si el servicio sigue prestándolo una empresa privada, si se opta por un modelo mixto de gestión o bien la actividad regresa a manos públicas.
“La consulta debería celebrarse durante el último trimestre de 2015 para que, en caso de que se decida remunicipalizar el servicio, dispongamos de todo el año 2016 para implementar el modelo público”, comentó la concejal de ICV Eva Herrero el lunes, durante la presetnación de las conclusiones de la jornada “Per la gestió pública de l’aigua”, organizada por la Fundació Nous Horitzons i la Green European Foundation en Barcelona “Es muy importante que la ciudadanía tenga información clara y rigurosa sobre todas las opciones para decidir de forma madura y responsable -comentó Herrero2015 debe ser el año en que se impulse un gran debate social”.
BALLART, POR EL PROCESO

La idea de someter la decisión del modelo de gestión del agua a un proceso deliberativo es compartida en el equipo de gobierno, integrado por PSC e ICVEUiA El alcalde, Jordi Ballart, anunció el pasado mes de abril su predisposición a consultar a la ciudadanía si quiere remunicipalizar el servicio del agua. Para ello, el ejecutivo ha encargado un estudio que analizará las ventajas e inconvenientes de cada alternativa de gestión.

El proceso de clausura de la concesión ya está en marcha. Una comisión política integrada por todos los partidos con presencia en el pleno dirige el tramo final de la explotación mientras, en paralelo, una comisión técnica evalúa al detalle todo el proceso de liquidación.

Este es un trabajo “complejo y clave” de cara al futuro, ya que se dirimen aspectos como el inventario y el estado de las instalaciones, los bienes que volverán a manos municipales cuando finalice la concesión, el coste de la explotación y las inversiones futuras, entre otros.

El estudio, que lleva a cabo una empresa externa, permitirá a la comisión política analizar con fundamento las distintas alternativas y 2015 es año electoral y los partidos deberán acudir a las urnas con propuestas concretas afrontar el debate sobre la base de un conocimiento real de la situación de Mina y de la realidad del servicio a 1 de enero de 2017.

La agenda política marcará de forma determinante en los próximos meses el debate sobre la gestión del agua en la ciudad. 2015 es año electoral y, aunque la decisión sobre el modelo de gestión se adoptará el próximo mandato, los partidos deberán acudir a las elecciones municipales, que serán en mayo de 2015, con propuestas concretas sobre cuál es su alternativa.

De momento, ICV-EUiA ya ha dejado claro que defiende la remunicipalización y apuesta por un modelo integral, en el que la administración pública gestione el abastecimiento, el alcantarillado y el saneamiento. Herrero, que como
concejal de Medio Ambiente impulsa y dirige la liquidación de la concesión de Mina, se muestra convencida de que el traspaso a un modelo de gestión pública “es conveniente y posible”.

En los próximos meses se conocerán las condiciones exactas de la extinción del contrato con Mina Pública, que gestiona el abastecimiento del agua en la ciudad desde hace más de 7 décadas. La empresa ha manifestado su voluntad de continuar al frente de la actividad.

El equipo de gobierno quiere que la decisión sobre el futuro de la gestión parta de un consenso político y ciudadano. El proceso, sin embargo, deberá superar varios escollos en los próximos meses.

El primero de carácter político, ya que las elecciones municipales se presentan más abiertas que nunca y la configuración de nuevas mayorías podría paralizar, o en funcion del resultado incluso acelerar el debate sobre el agua en la ciudad.

En paralelo, la Ley de Reforma Local limita las competencias municipales a la hora de crear nuevas empresas públicas, todo un hándicap para la remunicipalización. El tercer hándicap afecta al proceso participativo. Con la ley catalana de
consultas recurrida ante el Constitucional, el Ayuntamiento deberá echar mano del Reglamento Orgánico Municipal para convocar a la ciudadanía y pedirle su opinión sobre si quiere que la gestión del agua sea pública, privada o mixta.

Font: Diari Terrassa