La Alcaldesa rompe todas las reglas democráticas, para no ser desenmascarada de la crueldad social que representa haber privatizado el agua de todos los jerezanos.

La Coordinadora del Agua de Jerez condena duramente la actitud obstruccionista, antidemocrática y antisocial que sigue mostrando el equipo de gobierno jerezano, ante la decisión legítima de Guadalcacín, Estella y Torrecera, de mantener el agua bajo el abanico de lo público.

Después de dos años de negociación y tramitación legal para que estas pedanías se hicieran con una opción de gestión pública del agua de sus vecinos. Después de muchos intentos de acuerdos con el ayuntamiento de Jerez, para hacer la necesaria transferencia de la estructura del servicio, en vano. Después de agotar todas las vías razonables y la paciencia de sus promotores, así como la de su propia vecindad. Después de haber comunicado de forma oficial al ayuntamiento sus acuerdos plenarios, tanto la Mancomunidad como las propias elas, para la Alcaldesa aun no es suficiente y sigue dificultando, obstruyendo y difamando la voluntad legitima de la remunicipalización del agua.

LOS DATOS:
• En España, la ley otorga a las elas, desde 2010, la competencia del agua, saneamiento y recogida de residuos sólidos urbanos.
• El agua, de por vida del servicio en Jerez, estaba encomendada al ayuntamiento de Jerez.
• Estas tres pedanías, ante la privatización del agua emprendida y ejecutada por el actual gobierno jerezano, deciden, con la legalidad por delante (plenos de sus Juntas Vecinales) hacer uso de la competencia del agua, que le otorga la Ley, ejerciendo su derecho a gestionar su propia agua y su deber de velar por el interés de sus ciudadanos.
• Convergen con una entidad pública (Consorcio Aguas de la Sierra de Cádiz) y establecen un acuerdo de colaboración, en aras de buscar las ventajas industriales, económicas y sociales, enmarcados en una “economía de escala”, que de forma conjunta, hace más ventajosa la gestión y por consiguiente, las estable y barata para la población suministrada.
• Tanto la administración responsable de estas elas, como la del Consorcio, dependiente de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, proceden y ratifican el “acuerdo de colaboración”, en el seno de su fuero legal (Plenos de Juntas Vecinales y de la Mancomunidad).
• Los estatutos de esta mancomunidad, son modificados previamente, para que estos recogen la regulación de este tipo de acuerdos con las poblaciones suscritas (entidades locales autónomas).
• Estos acuerdos son visados por el cuerpo fiscalizador pertinente, en materia de regulación de administraciones locales, como la propia Junta de Andalucía. Como tales son reconocidos y aprobados los procedimientos llevados a cabo.
• Todo el procedimiento es notificado, con acuse en Registro Municipal, a los responsables del ayuntamiento de Jerez, en repetidas ocasiones.
• Llegado a este punto, los ediles pedáneos, solicitan a la Alcaldesa que se ejecuten estas decisiones legales y se lleve a efecto: la entrega de la competencia del agua a las pedanías, -como establece la ley- y por consiguiente, la transferencia de la estructura física, técnica y administrativa del servicio que les competen.
• El ayuntamiento de Jerez no responde a esta llamada de cumplimiento obligado, aun cuando los alcaldes, se lo presentan por escrito registrado oficialmente.
• Los alcaldes pedáneos siguen insistiendo respetuosamente, buscando un acuerdo amistoso, como muestra de “buena voluntad” por hacer las cosas en un marco de respeto institucional.
• Pasado el tiempo y agotada la paciencia de estos representantes locales, así como para frenar los daños que este retraso supone para sus vecinos, deciden tomar su competencia sobre el agua, aun sin haber podido hacer la “transferencia del servicio” necesaria.
• Así lo hacen saber, lo mismo a la Alcaldesa como a la propia empresa concesionaria del resto del servicio de aguas (Aquajerez). Disponen que a partir de primero de enero de este año 2015, la competencia del agua y por lo tanto la gestión de su servicio, pasa a ser solo y exclusivamente, de las propias pedanías.
• En un claro ejercicio de obstrucción administrativa y social, los gobernantes jerezanos se inventan una modificación de las ordenanzas, con el más que evidente propósito de impedir que la remunicipalización de estos pueblos se lleve a efecto.
• Esta nueva legislación municipal, establece unas tasas que cargarán sobre estas familias rurales, totalmente “ilegales”, que contradicen lo establecido en el propio Pliego de Condiciones de la concesión a Aqualia y que adolece de argumento legal.
• En una última reunión mantenida en el ayuntamiento de Jerez, se sacan de la manga un “informe” sin membrete, ni firma, ni solicitante expreso, en el que presuntamente, la Subdelegación del Gobierno, pone en duda la legalidad de los acuerdos adoptados por estas elas y la mancomunidad.

Es sano saber este informe tiene fecha de mediados de noviembre y no ha sido conocido por estos agentes en conflicto, hasta este 24 de febrero, por lo que está clara la intencionalidad malvada de los recurrentes, así como la falta de voluntad y la deslealtad institucional, con la que está jugando el equipo de gobierno de Jerez; con nocturnidad y alevosía.
Con todo este escenario administrativo transcurrido, a día de hoy y a casi dos meses de esta decisión notificada con suficiente tiempo, ni el gobierno jerezano, ni la multinacional a la que vendieron el servicio del agua, se dan por enterados.

• No reconoce la voluntad legal, soberana y legítima de estas tres pedanías.
• No hacen la transferencia del servicio (entrega de planimetría y datos administrativos de los usuarios).
• Continúan acudiendo a estas tres pedanías, tal como hacían antes de la toma de su competencia del agua por parte de estas elas, haciendo su trabajo rutinario.

Para la Coordinadora del Agua de Jerez, esta actitud tomada por Aquajerez y el equipo de gobierno jerezano: es delictiva, atenta contra los intereses de esta población rural y pone en riesgo y se ha evidenciado, en más una ocasión la relación anormal y tensa, de los vecinos con los propios trabajadores de Aquajerez, por lo que el asunto no puede por más que terminar en los tribunales.

Entendemos que una vez agotadas todas las buenas y sanas maneras y viendo cuales son las formas y los objetivos del equipo de gobierno, totalmente contrarios al interés de los ciudadanos. Sabedores de la más que presunta actitud delictiva, con la que está llegando a actuar este equipo de gobierno, empeñados en seguir camuflando sus vergüenzas inconfesables, por haber privatizado el servicio de aguas de Jerez. Nos vemos más que obligados a dar el salto al campo judicial, pidiendo una medidas cautelares, previa presentación de una querella ante el tribunal de lo contencioso.

Es una nota de prensa enviada a este medio desde la Coordinadora del Agua de Jerez y la Marea Azul del Sur.-