Rafael Álvarez Giménez, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, acaba de presentar su renuncia al cargo, según fuentes de la institución consultadas por El Confidencial. Álvarez Giménez ha sido denunciado por diversas irregularidades en la gestión del organismo que depende del Estado, como el inflado en 900.000 de las obras en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba que adelantó este diario.

Las razones de su marcha obedecen, según un ingeniero experto próximo a la confederación, “a las presiones mediáticas que ha recibido los últimos meses”. El número dos de la CHG, que ha adjudicado a dedo más de tres millones de euros a empresas amigas, ha enfriado su relación personal con su jefe, Manuel Romero Ortiz, vinculado al PP de Granada, y a la secretaria general de la confederación, Consolación Vera, el tridente que ha manejado el organismo desde marzo de 2012.

El comisario de Aguas está imputado, al igual que Romero Ortiz, en los vertidos de Albolote (Granada), la presunta emisión de aguas fecales de la cárcel granadina a un barranco y arroyo de la zona. Álvarez Giménez también está acusado por presunta prevaricación en Doñana tras una denuncia interpuesta por Ecologistas en Acción ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva al considerar que “no actúa contra las extracciones ilegales” del acuífero de Doñana, que se encuentra en “pésimo estado”.

Según la organización ecologista, Álvarez Giménez no hizo actuar la Policía de Aguas de la confederación “a fin de perseguir actuaciones que podrían contravenir varias normas tanto en relación con la gestión del agua como de la ordenación del territorio, ni actúa en la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo”. Igualmente se encuentra inmerso en las actuaciones sobre Cobre de las Cruces por su benevolencia en la imposición de sanciones a dicha empresa.

Un directivo de la confederación explicó a este diario que el comisario ha renunciado al cargo presionado por haber avalado un informe del exjefe de la oficina de planificación hidrológica, Agustín Pastor, destituido por el Ministerio de Medio Ambiente por beneficiar en una adjudicación a dos de sus socios. “Teme acabar imputado en este caso”, subraya este directivo.

La Inspección de Servicios del Ministerio ya alertó en un informe que, de los 140 contratos analizados y adjudicados por el comisario de Aguas,127 se tramitaron por procedimientos sin publicidad, lo que supuso un elevado porcentaje respecto al total de contratos de la unidad: el 90,7%. El número de contratos tramitados por el procedimiento abierto tan sólo supone el 5%.

Empleados Públicos de la Confederación ya advirtieron de lo que estaba sucediendo con Cobre de las Cruces hace más de un año, asimismo denunciaron la entrega de las funciones propias de servicio público a empresas externas a las que se exigía la contratación de personas afines a la cúpula para satisfacer la falta de personal aducida en cada contrato.

Funcionario al que no quieren “ni en pintura”

Álvarez Giménez es funcionario de la Junta de Andalucía en comisión de servicio en la Administración central. Fue gerente en Córdoba –la ciudad donde tiene residencia de la Agencia Andaluza del Agua–, dependiente del Gobierno andaluz. Su renuncia, como consta en la normativa, tiene que efectuarse con solicitud motivada y siempre que haya desempeñado el puesto al menos durante un año. La retirada no implica el cese. Debe ser cesado por la autoridad que le nombró: la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

“El comisario quiere quedarse en Córdoba y está haciendo todo lo posible para conseguir una plaza fija en la confederación en su ciudad, pero lo que está claro es que tiene muy difícil volver a la Junta de Andalucía. Allí no le quieren ni en pintura”, señala a El Confidencial un trabajador del organismo estatal. Ni Álvarez Giménez ni la Presidencia de la confederación quisieron hacer declaraciones a este diario.

Font: El Confidencial