Los trabajadores de la Agencia Catalana del Agua (ACA) no ganan para sobresaltos: tras sucesivos rumores sobre la presentación de un expediente de regulación de empleo, el aviso oficial llegó hace dos semanas cuantificado en hasta 200 de sus 609 trabajadores. Pues bien, el gerente ha comunicado esta mañana al comité que el ERE no se presentará debido al adelanto electoral. “Queda parado a la espera de las elecciones, la creación de un nuevo Gobierno y que sea este el que tome decisiones”, ha explicado el presidente del comité, Alfons Barceló (CATAC).

El pasado día 19, la dirección de la ACA comunicó a los trabajadores que presentaría un ERE en un plazo máximo de dos o tres meses, el tiempo necesario para sacar a concurso público el plan de recolocación de las personas que despida. Ese día el comunicado cogió por sorpresa a la plantilla, que tras decenas de reuniones en las que el ERE sobrevolaba la mesa, no esperaba recibir la mala noticia. El gerente, Leonard Carcolé, explicó a la plantilla que en 15 días dispondría del informe de reorganización que ha elaborado la consultora Deloitte.

Fuentes de la agencia han confirmado que la dirección “ha decidido suspender temporalmente la licitación del plan de recolocación, el primer paso para adecuar y agilizar su estructura”. “La dirección de la Agencia considera que, a causa de la reciente convocatoria electoral, no es el momento más adecuado para iniciar un proceso de estas características, que debe culminar en un cambio organizativo”.

El anuncio de hoy suma desconcierto en una plantilla que llegó a manifestarse contra la presentación del ERE y que lleva meses denunciando gastos que considera innecesarios. El ACA lleva gastados más de 200.000 euros desde 2011 en sucesivos informes sobre reorganización interna y refinanciación de la deuda, que hace dos años llegó a alcanzar los 1.400 millones de euros. En septiembre, Carcolé explicó a los empleados que pese a que han logrado reducir la deuda, no están ingresando lo esperado con el canon del agua, por la caída de consumo, por lo que deberán renegociar la deuda con las entidades financieras.

La decisión sobre el ERE del ACA abre un interrogante sobre cuál será la estrategia del Gobierno catalán con sus empresas públicas. La intención manifestada por el Ejecutivo hasta la fecha es despedir a hasta 1.500 empleados de empresas públicas durante este ejercicio. En lo que va de año los únicos despidos han sido los del Incasòl: 173 personas. Justo 24 horas después de cerrarlo, la Generalitat presentó otro un ERE en Gisa, la empresa de construcción de infraestructuras. Afectaba a 95 personas, el 42% de la plantilla, pero lo retiró con el argumento oficial de darse más tiempo para negociar con los sindicatos, aunque estos insinuaron que se retiró porque los problemas de tesorería de la Generalitat dificultarían ejecutar el ERE.