La oposición en el Ayuntamiento de Candelaria se opone radicalmente a prorrogar la gestión del servicio de agua a Aqualia, porque asegura que la calidad de la prestación no es la que demandan los vecinos, hay serias deficiencias en la red y, con el acuerdo extrajudicial alcanzado entre la sociedad y el gobierno municipal, el municipio “quedará a los pies” de la empresa. Ayer, la pregunta más repetida en el pleno fue: “¿A cambio de qué Aqualia dejará de cobrar 1,8 millones a los que tiene derecho por sentencias judiciales?”

La respuesta del concejal de Aguas, Domingo Ramos, fue que el municipio recibirá un plan de obras cifrado en 1.500.000 euros para mejorar la red de abastecimiento, algunos de cuyos elementos datan de hace 60 años, cuando el agua pública llegó al municipio. Según Ramos, 600.000 euros serán abonados por Aqualia antes de un año y, a partir del quinto ejercicio, gastará 150.000 euros anuales en trabajos. Pero para que esas obras se hagan, la empresa exige que haya equilibrio económico; es decir, que no pierda dinero con el suministro. En caso contrario, no habrá inversión y, además, el consistorio deberá cubrir el déficit con una subvención.

CC, PP, Sí se Puede y el edil no adscrito, José Fernando Gómez, votaron en contra de la urgencia de la sesión; del acuerdo extrajudicial para reducir la deuda por sentencias y de la prórroga. Tan solo la edil del PP Inmaculada Martín se abstuvo en la urgencia de la convocatoria y rompió así la unidad de voto del Grupo Popular.

Varios ediles preguntaron si detrás de este acuerdo hay intereses personales de algún concejal del PSOE. Y Nazaret Díaz fue más allá al preguntar si los locales que ocupa Aqualia son propiedad de un edil socialista o de algún familiar. El alcalde, José Gumersindo García, y Domingo Ramos negaron rotundamente tal posibilidad. Ramos aclaró que pertenecen a una “empresa importante” del municipio.

Según los cálculos del interventor, la deuda con Aqualia asciende a 4.100.000 euros y suben 700.000 más con los intereses de 2013 y 2014. Para Gómez, los responsables de este problema son el alcalde, Ramos y el gerente, Juan José Acosta. Mayca Coello (Sí se Puede) apunto que ha habido una “negociación con muchos lados oscuros”. Carina Dainotto (PP) opinó que la prórroga se otorga “a cambio de dinero” y que la “calidad del servicio le importa un pimiento al gobierno local”. Ramos dijo que es “beneficioso” para Candelaria que la deuda pase de 4.100.000 euros a 1.300.000 euros si se paga antes del 31 de diciembre. Aclaró que le hubiese gustado que al Pleno se llegara tras celebrar una comisión informativa, pero que la negociación se complicó, por lo que pidió disculpas a los miembros de la oposición.

No cabe una “quita” al ampliar el contrato

El acuerdo para reducir la deuda que Aqualia ha ganado en diversas sentencias fue aprobada con los votos del PSOE y con la postura contraria de la oposición. Pero lo más grave es que se sacó adelante a pesar de que no existe informe jurídico del secretario general, Octavio Fernández. ¿El motivo? Pues que no pudo emitir dicho documento porque no ha podido tener acceso a todas las sentencias que han salido a favor de Aqualia. Y algunos de esos papeles los pidió en el año 2010. Y el gobierno local está reconociendo sentencias que aún no son firmes. El interventor, Nicolás Rojo, sí emitió un informe, en el que se considera que el acuerdo entre el ayuntamiento y Aqualia para reducir la deuda contraída por sentencias judiciales es beneficioso para Candelaria. Ante las preguntas insistentes de parte de la oposición para que aclarara si se podía vincular un acuerdo extrajudicial para reducir una deuda con la prórroga del contrato a la concesionaria, el secretario dijo que “no se puede vincular unaquita con una prórroga”, puesto que solo implica un cambio en el tiempo en que se presta el servicio y no otras circunstancias. Acerca de lo anterior, Fernández manifestó que de esta opción “creo que no hay ningún ejemplo anterior en España”. El alcalde apuntó que no hay motivos para relacionar ambos asuntos. Aqualia también propuso crear una empresa local íntegramente suya, denominada Aguas de Candelaria y que incluyera una comisión de seguimiento. Ambas propuestas fueron rechazadas por el secretario, quien advirtió de que el grupo de control ya figura en el acuerdo firmado entre el consistorio y Aqualia en 1995, aunque hasta ahora no se ha creado y urge hacerlo. El secretario general informó de que la prórroga a Aqualia es conforme a derecho. Domingo Ramos afirmó que corregir las deficiencias en la red de agua costará 80 millones de euros. Para la oposición, durante más de un año Aqualia no ha pagado a la corporación lo que ha ingresado por el cobro de la tasa de la basura y que asciende a alrededor de un millón de euros.

Font: eldia.es