Máxima tensión/ El grupo de la familia Entrecanales, que detecta graves irregularidades en la oferta de Agbar, reclamará a Cataluña daños y perjuicios.

La Generalitat de Cataluña se ha metido en un callejón de difícil salida después de que este fin de semana haya puesto sobre la mesa la anulación del contrato de gestión de Aguas del Ter-Llobregat (ATLL), adjudicado en 2012 a un consorcio liderado por Acciona, y haya planteado su posible asignación a Agbar, el grupo rival que perdió el concurso al presentar una oferta económicamente menos ventajosa. De cumplirse esta amenaza, Acciona llevará a la Generalitat ante los tribunales y reclamará una fuerte compensación por daños y perjuicios.
La orden de la Generalitat se produce después de que el Tribunal Supremo rechazase el pasado 3 de diciembre las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional contra la resolución del OARCC. El organismo supervisor autonómico anuló en enero de 2013 la adjudicación de ATLL al consorcio de Acciona al considerar que su oferta no se ajustaba a las condiciones del pliego del concurso.
La Generalitat ha dejado la decisión final en manos de una nueva mesa de contratación, constituida hoy de urgencia por orden del conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. Además de justificar la necesidad de llevar a cabo esta medida (sin previo aviso a Acciona ni a sus socios), el alto cargo de la Generalitat indicó que sólo caben dos opciones: o declarar desierto el concurso y convocar uno nuevo o asignar la gestión de ATLL a Agbar.

Los responsables de Agbar fueron ayer aún más contundentes al advertir al Gobierno de Artur Mas que la elección de su oferta es la única solución posible. ¿De lo que no hay ninguna duda es de que Acciona debe salir de la explotación de ATLL esta semana”, dijo a Efe la compañía presidida por Ángel Simón.

Riesgo de nulidad

En paralelo, Acciona también ha detectado graves irregularidades en la oferta de Agbar. Fuentes jurídicas consultadas por EXPANSIÓN indican que, si la oferta del grupo controlado por la familia Entrecanales es defectuosa por supuestos errores en el diseño del cronograma de inversiones -apreciados por el OARCC-, la de la filial de la francesa Suez debería ser declarada directamente nula porque, entre otros errores de procedimiento, la memoria de la oferta está firmada sólo por seis de los ocho miembros que componen la sociedad concesionaria de Agbar. En concreto, según los documentos entregados al juez, faltan las declaraciones firmadas por los fondos de inversión First State y Caisse de Dépôt et Placements du Quebec, cuya participación en el proyecto está condicionada a su previa adjudicación.

Desde Acciona indicaron ayer que, por el interés general y la continuidad del servicio, la opción más razonable es respetar el contrato de gestión firmado con su consorcio en noviembre de 2012 hasta que el TSJC se pronuncie sobre el fondo del asunto. Las partes calculan que la sentencia podría retrasarse un año.

Inseguridad jurídica

La Generalitat se juega en este asunto, además de su prestigio ante los inversores privados, buena parte de su frágil equilibrio presupuestario. El Gobierno de Artur Mas adjudicó el contrato los últimos días de 2012 ante la necesidad de apuntarse 1.000 millones en ingresos para ajustar el déficit.

La rapidez con la que se cerró aquella operación es la que ha provocado inseguridad jurídica durante dos años y lo que ahora podría obligarle a afrontar sanciones de calado. El Ejecutivo de Artur Mas ha presupuestado 200 millones de euros para el fondo de contingencia, frente a los 45 millones que fijó para 2014. Se desconoce qué porcentaje se ha reservado para este litigio.

Los problemas en esta adjudicación no tendrán un impacto relevante en el déficit de Cataluña, ya que el nuevo adjudicatario deberá igualmente asumir el pago inicial de 300 millones, a los que habría que añadir los otros 700 millones repartidos durante los 50 años de la adjudicación. De esta cifra habría que restar la indemnización que pueda pagar la Generalitat. Artur Mas se comprometió por escrito en junio de 2013 ante Acciona a devolverle el dinero invertido en caso de rescisión de contrato.

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RESPETO DEL CONTRATO FIRMADO EN 2012
La compañía presidida por José Manuel Entrecanales no entiende los motivos de las urgencias de la Generalitat cuando el fondo del asunto aún esta por resolver. Pide que se respete la actual gestión de ATLL hasta que haya sentencia firme.

DOS OPCIONES: AGBAR U OTRO CONCURSO
El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, dijo este fin de semana que sólo caben dos opciones: declarar desierto el concurso y convocar uno nuevo o asignar el contrato a la oferta perdedora de Agbar.

AGBAR PIDE RETIRAR LA GESTIÓN A ACCIONA
Agbar cree que la única opción es adjudicarle el contrato, ya que no cabe la posibilidad de realizar una reevaluación de las ofertas. Dice que, si se modifican las valoraciones, los miembros de la mesa de contratación se enfrentan a acciones judiciales.

Font: Expansión