Agbar ha tomado la directa en el conflicto que mantiene con la Generalitat por la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL). Ha decidido dejar de pagar a la concesionaria, controlada por un consorcio liderado por Acciona y BTG Pactual, para forzar la definitiva anulación de la judicializada concesión del agua que acaba en los hogares de casi cinco millones de catalanes. Se trata de la mayor concesión que ha realizado la Generalitat en su historia. Agbar envió el 31 de octubre un burofax a ATLL en el que le comunicaba su intención de no abonar tres facturas del mes de agosto por el agua consumida por la sociedad mixta Aigües de Barcelona, de la que el Área Metropolitana de Barcelona tiene el 15% del capital.

Fuentes de ATLL indicaron que la cantidad que se dejará de abonar por ese mes, a falta de lo que suceda en los siguientes, asciende a 9,9 millones de euros. La mayor parte, 7,2 millones, corresponde directamente a Aigües de Barcelona, mientras que el resto se refiere al consumo prestado a Sorea, otra filial de Agbar, que es el mayor cliente de ATLL, ya que le compra en torno al 70% de su agua.

Agbar, filial de la francesa Suez Environnement, basa su decisión en una sentencia del Tribunal Supremo conocida el 29 de octubre, según la cual la adjudicación se debería anular porque el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARCC) dictó una resolución en la que afirmaba que Agbar y BTG Pactual, el consorcio ganador, no cumplía el pliego de condiciones. Esa sentencia, no obstante, se refería a la petición de la suspensión de medidas cautelares demandada por una sociedad de BTG Pactual para frenar la ejecución de la sentencia, y tanto la Generalitat como el consorcio vencedor consideran que no se puede anular el contrato de concesión hasta que haya una sentencia en firme sobre el fondo del asunto.

En el texto remitido a ATLL, Agbar sostiene que “no considera jurídicamente correctas las facturas mencionadas y, por ese motivo, no procederá a su pago”. Según su interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo, el contrato de gestión “se encuentra en fase de liquidación” y “por tanto, ATLL, en la actualidad no es titular del contrato de gestión de servicios públicos […] ni tiene derecho a percibir ninguna contraprestación económica con fundamento”.

La interpretación de Agbar es totalmente contraria a la que mantiene Acciona, que hace tres días remitió un escrito a la Generalitat con el que intentaba contraatacar a las presiones de Agbar para forzar el cambio de concesión. Expone diferentes motivos. Uno de ellos es que no se puede cambiar de adjudicatario porque la compañía con sede en Barcelona tampoco cumpliría las condiciones de inversión por las que el OARCC decidió que Acciona no cumplía las condiciones del concurso. Otra es que la resolución está impugnada en el Contencioso-administrativo y, según dicta la Ley de Contratos del Sector Público, solo se puede anular un contrato “cuando la decisión de la anulación de la adjudicación haya quedado firme”.

Acciona basa su escrito en los dictámenes formulados por los catedráticos de Derecho Administrativo Rafael Gómez-Ferrer, Tomás Ramón y Luis Ramón Rebollo.