Las licitaciones se tramitaron como urgentes, pero tardaron un año en ser resueltas y muchas rebajaron casi en un 50% el precio inicial del contrato

Las condiciones de los concursos son tan imprecisas que el ministerio tuvo que pedir a las confederaciones hidrográficas una “definición clara” de los trabajos que deben realizar las empresas

Las confederaciones hidrográficas del Tajo y el Guadalquivir han puesto en manos de empresas privadas la gestión de 104 presas y embalses que tienen a su cargo. Y lo han hecho licitando nueve contratos por un valor total de 27,86 millones de euros entre 2013 y 2014. El sistema tiene sus peculiaridades y puntos oscuros: por la tramitación de los concursos, por el recurso a la iniciativa privada para suplir las vacantes de empleados públicos y por el precio final de las adjudicaciones.

En enero de 2013 la Confederación Hidrográfica del Tajo licitó cinco pliegos con carácter urgente, pero los contratos no entraron en vigor hasta el mes de noviembre. Cada uno de ellos tiene una duración de tres años, prorrogables por otros tantos. Los cuatro del organismo de la cuenca del Guadalquivir no eran urgentes, pero entre la licitación, en julio de 2013, y su adjudicación, en abril y junio de este año, casi ha transcurrido otro ejercicio. En este caso no se prolongan por más de dos años. La cuantía de cada uno de ellos supera los cinco millones de euros.

Lo habitual en una licitación con carácter urgente es que no se superen los cuatro meses, según los expertos consultados por infoLibre. En uno de los casos, las presas y embalses de Guadalajara y Cuenca, la Plataforma de Contratación del Estado registra hasta siete anuncios de licitación, de febrero a junio de 2013, antes de ser adjudicado el contrato en octubre.

Agricultura no ha querido precisar a infoLibre las razones de la dilatación de los plazos. Una portavoz del ministerio atribuyó a las “múltiples ofertas presentadas” la ampliación de los plazos “inicialmente establecidos para valorarlas”. “No se han modificado los pliegos”, explicó: “el proceso se ha ajustado a lo establecido a la Ley de Contratos”.

Entre las adjudicatarias se encuentran Sacyr (las presas de Córdoba), Obrascon Huarte Laín (Toledo y Cuenca), Ofiteco (Ávila, Madrid y Toledo) o Trafisa (Granada, Ceuta y Melilla). Sogeosa se ha hecho con dos contratos: Jaén, y Guadalajara y Cuenca. Typsa consiguió otros dos: los embalses de Cáceres y Salamanca, por un lado, y los de Ávila y Madrid por otro.

Seis trabajadores para todo

El resultado es que estas empresas pondrán a disposición de las confederaciones hidrográficas un número pequeño de trabajadores (70 en el Guadalquivir y otros tantos en el Tajo) para llevar a cabotodas las actividades ordinarias de mantenimiento, conservación, inspección, vigilancia, asesoramiento, mediciones… que hasta ahora llevaban a cabo los empleados públicos de estos organismos. CCOO ha cursado sendas quejas al anterior ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete y a la actual titular, Isabel García Tejerina, por el “despilfarro de dinero público” que, a su juicio, cometen las confederaciones hidrográficas recurriendo a contratos de asistencia técnica para suplir la falta de personal. Sólo en el organismo del Guadalquivir cifra en 123 el número de vacantes que no se quieren cubrir. El sindicato asegura que con los trabajadores asignados a cada equipo, unos seis para controlar cuatro o cinco presas, es “materialmente imposible” llevar a cabo todo el catálogo de tareas que figura en las condiciones del contrato. La plantilla de la Dirección Técnica del organismo, la unidad encargada de la explotación y mantenimiento de los embalses, está formada por 358 trabajadores: 287 son personal laboral y 71 funcionarios.

Es más, en la mayoría de los casos el pliego no concreta el número total de personas que debe emplear la adjudicataria. Por ejemplo, sólo dice que “se incorporarán ingenieros especialistas”, sin determinar cuántos, para redactar “los múltiples informes” que exige el contrato.

Condiciones genéricas e imprecisas

No es la única imprecisión de los pliegos, prácticamente idénticos en todas las licitaciones, tanto del Tajo como del Guadalquivir. En alguna de las primeras sólo se exige a la adjudicataria que aporte los trabajadores “de distintas cualificaciones [si concretar más] que sean necesarios para el correcto desarrollo del contrato”. Y en el listado de las tareas que deberá desarrollar la empresa se incluye un apartado-cajón de sastre de “actividades varias”.

“Las condiciones de los pliegos deben ser siempre lo más precisas posibles, no pueden dar lugar a ninguna ambigüedad”, recalca Julio Tejedor Bielsa, profesor de Derecho Administrativo y miembro del Observatorio de la Contratación Pública. Quizá consciente de ese hecho, el subdirector general de Recursos Humanos del Ministerio de Agricultura, Álvaro Aznar Forniés, respondió al primer escrito de CCOO que había instado a la Confederación Hidrográfica del Tajo a hacer “una definición clara de las actividades” que las empresas contratadas deben llevar a cabo, “a fin de eliminar eventuales situaciones de inseguridad jurídica y duplicidades en la prestación del servicio público”. También le recordó al organismo de cuenca las normas dictadas en 2012 por el ministerio para evitar la cesión ilegal de trabajadores, un delito por el que cada año acumula numerosas denuncias la Administración pública. Y por el que con mucha frecuencia es condenada.

Precisamente ése es uno de los peligros de que CCOO advirtió a los responsables del ministerio en sus escritos. Los pliegos del contrato no especifican tampoco qué tareas corresponden a los empleados de la contrata y cuáles a los empleados públicos. Sólo dicen que las confederaciones cuentan con unas “dotaciones mínimas de personal”, que seguirán desarrollando “unas determinadas actividades”, sin mayor precisión, una vez más, y que deberán “integrarse, únicamente a efectos de programación, en el equipo de asistencia”. Si se integran ambas plantillas, incurren en cesión ilegal de trabajadores. El ministerio explica que los empleados de las contratas sólo “complementan las tareas realizadas por el personal de las confederaciones hidrográficas en el día a día de la gestión”.

¿Con rebajas ‘temerarias’?

Otro aspecto que llama la atención en los contratos de las confederaciones hidrográficas es el precio final de la adjudicación. El valor de los cinco pliegos del Tajo suma 9,53 millones de euros. Pero se adjudicaron a ofertas que en total equivalen a cinco millones. Es decir, con una reducción del 47,5%. Los cuatro del Guadalquivir suponen 18,33 millones, pero terminaron en manos de empresas que ofrecieron 11,68
millones, un 36,25% menos. En el caso de las presas y embalses de Jaén, el contrato más voluminoso, con 15 instalaciones hidráulicas, el descuento fue del 41,5%. Cualquier bajada más allá del 30% es inusual y puede considerarse “temeraria”, explica el profesor Tejedor Bielsa.

De hecho, en el caso del Guadalquivir, las mesas de adjudicación pidieron a la mayoría de las empresas que justificaran sus ofertas porque incluían importes “anormales o desproporcionados”. Todas ellas fueron finalmente excluidas. Aun así, las adjudicaciones finales incluían descuentos superiores siempre al 30%. Julio Tejedor atribuye estas diferencias entre el valor del contrato y su precio final a la mala calidad de los pliegos de las licitaciones. En todos los casos, se trata del mismo texto, según puede comprobarse consultando la web de la Plataforma de Contratación del Estado. El pliego es “uniforme para la administración hidráulica”, apunta la portavoz de Agricultura.

Además, mucho más caros

CCOO denunció ante el Ministerio de Agricultura que las confederaciones hidrográficas estén utilizando las partidas de inversiones reales (el capítulo IV del presupuesto) para suplir sus deficiencias en recursos humanos, que deberían correr a cargo del capítulo I, de personal. Eludiendo así lacongelación del gasto en este apartado que el Gobierno ha impuesto para reducir el déficit público, por un lado. Y duplicando el coste, por otro. Mientras el coste del jefe de unidad aportado por la empresa se eleva a 174.564 euros para tres años de contrato, según consta en la licitación de los contratos del Guadalquivir, el sueldo de un empleado público equivalente, de acuerdo con su convenio colectivo, es de 110.675 euros, asegura el sindicato, un 36,6% más barato.

Agricultura creó el año pasado un grupo de trabajo, integrado por la Subdirección General de Recursos Humanos y la Dirección General del Agua, que debía elaborar un plan para “optimizar” el personal disponible en los organismos de cuenca. Según CCOO, el grupo aún no ha hecho avance alguno en esa tarea.

Font: Infolibre