El suministro de servicios públicos esenciales oscila entre la privatización y la remunicipalización

El agua ¿es un bien público o un nuevo producto financiero? Es muy sugerente el debate que se está generando a nuestro alrededor con productos como el agua, el gas o la electricidad, en las condiciones que provoca la crisis económica.

El pasado fin de semana, los ciudadanos de Berlín votaron por la remunicipalización de la red eléctrica de la ciudad, en manos de una multinacional. Los que votaron (menos del quórum exigido) lo hicieron a favor de que la electricidad volviera a manos públicas locales. Hace unos meses, Hamburgo lo consiguió y ahora se plantea repetir la votación con el gas. Desde hace aproximadamente cinco o seis años, decenas de municipios alemanes (alrededor de 170) han recuperado el control para sus Ayuntamientos de sectores como el agua, el gas y la electricidad.

Lo cual da lugar a un curioso fenómeno: mientras la UE (y la troika) recomienda la privatización de estos servicios, los ciudadanos afectados se oponen a la misma. Como informa la revista Alternativas Económicas,la postura de la UE choca frontalmente con la legislación comunitaria, que establece que “los Tratados no prejuzgan en modo alguno el régimen de propiedad en los Estados miembros”.

Las instituciones favorecen la privatización de servicios básicos, a los ciudadanos mayoritariamente no les gusta, y muchos Ayuntamientos entran en la operación por sus deudas (o por otros motivos): esperan reducir gastos y obtener réditos. Antes de Alemania fueron los italianos los que se resistieron a la política privatizadora de servicios esenciales de Berlusconi, y en 2010, París remunicipalizó el servicio del agua y se lo arrebató a gigantes como Veolia y Suez. Mientras unos países tienen asegurado constitucionalmente el carácter público del suministro de agua, en otros (por ejemplo, Reino Unido) es casi enteramente privado. En el borrador de acuerdo que negocian en este momento democristianos y socialdemócratas en Alemania para formar una gran coalición se califica a estos servicios como “responsabilidad genuina del Estado”.

La gestión del suministro de agua está en manos públicas en el 85% de EE UU, en el 100% en Japón y en la mayoría de las ciudades europeas; por el contrario, en España, el 57% de la población está abastecido por empresas privadas, según Alternativas Económicas. Dada la habitual falta de transparencia de los procesos privatizadores, conviene seguir con atención lo que está sucediendo en grandes ciudades como Barcelona y Madrid. Mientras en la capital catalana está sometido a tensiones jurídicas el proceso y adjudicación del abastecimiento a cinco millones de personas, en Madrid esá detenida de momento la privatización del 49% de la propiedad del Canal de Isabel II, la operación que tanto gusta al presidente de la Comunidad, Ignacio González. Mientras tanto, esta empresa trata de aglutinar a su alrededor al mayor número de municipios, que pueden ver en el futuro cómo su agua deviene en un producto financiero más.

Autor: Joaquín Estefanía.

Font: El País.