EDITORIAL
Agua y consulta
EL alcalde, Jordi Ballart, ha dicho públicamente que no descarta la posibilidad de llevar a cabo una consulta popular para que sean los terrassenses los que decidan cuál debe ser el modelo de gestión del agua en Terrassa. Se trataría de dilucidar si el suministro se gestiona desde la administración pública o se lleva a cabo un concurso para su concesión a una empresa privada. Así, a bote pronto, no parece mala idea someter a la votación popular algo tan importante. La consulta, en definitiva, es la esencia de la democracia.

Aún a sabiendas de que el alcalde no ha planteado la consulta como algo probable, sino posible, su sola mención genera interrogantes. En primer lugar, está la cuestión de saber si la administración pública tiene capacidad por si misma para gestionar de forma directa ese servicio, cuestión esencial. No olvidemos que el nacimiento de Mina puede decirse que parte de la necesidad de aumentar el abastecimiento de agua a la ciudad y la imposibilidad del Ayuntamiento de conseguirlo por si mismo. La esencia de aquella empresa, de Terrassa y para Terrassa, no es la misma, pero la ciudad tampoco lo es.

También habría que saber si la nueva ley de sostenibilidad de la administración local, la controvertida LRSAL, permite al Ayuntamiento asumir la gestión de ese servicio. Cuestión que al igual que la de la capacidad puede condicionar la convocatoria del referendum.

En tercer lugar está el interés de los terrassenses por el asunto. Habría que saber qué grado de motivación tendrá la ciudadanía para movilizarse por una cuestión como esta. Sin querer decir que se trate de una decisión poco importante, todo lo contrario, los terrassenses seguramente se movilizarían sin dudarlo si se tratase de obtener un agua de buen sabor. Pero quizás tendríamos miedo de tomar una decisión sin los elementos de juicio que nos permitan participar en la decisión con rigor, por lo que el esfuerzo en la información debería ser notable, al igual que en lo concerniente a la capacidad de convocatoria para dotar de legitimidad al resultado.

El debate no está en la calle, al menos de momento, aunque es cierto que algunos colectivos defienden legítimamente la necesidad de, al menos, que ese debate se genere, puesto que se trata de algo más que un servicio. La controversia nace de la concepción de que un bien público como el agua no puede convertirse en un bien especulativo. Es decir, que el agua, no puede convertirse en objeto de negocio de grandes corporaciones y que la transparencia en su gestión debe ser absolutamente irrenunciable.

Font. Diari de Terrassa