El Defensor del Pueblo Andaluz ha decidido intervenir de oficio e investigar las denuncias de la federación de consumidores Facua sobre los cortes de suministro de agua potable llevados a cabo en Linares (Jaén) por la empresa mixta concesionaria del servicio en la ciudad, Linaqua (grupo Aqualia).

La polémica comenzó el pasado mes de octubre cuando el secretario general de la organización de consumidores en la provincia denunció públicamente “situaciones irregulares” cometidas por la empresa Linaqua en lo referente a cortes por impago de facturas de sus clientes, así como por el cambio de contadores “sin avisar”. Linaqua defendió su “cumplimiento riguroso de la legislación vigente” en su forma de proceder ante los supuestos incumplimientos por los cambios de contadores realizados. Asimismo, la compañía manifestó que sí se realizaron los correspondientes avisos de pago y de cortes, ya que “se enviaron 5.675 cartas de preaviso y 2.747 de corte de suministro”.

Pese a ello, el Defensor del Pueblo Andaluz, en su afán por salvaguardar los derechos de las personas consumidoras y usuarias de servicios de interés general, entre los que se encuentra el suministro domiciliario de agua potable, consideró oportuno “promover una actuación de oficio con objeto de conocer el alcance del problema y proponer soluciones al mismo.

El último informe del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que refleja un aumento de la pobreza infantil, superando ya el 36%, y de los hogares en riesgo de exclusión (66%). En este contexto las noticias de cortes de suministros básicos como el agua o la luz han dejado de ser algo inusual en la vida de muchos colectivos sociales.

Frente a esto, las empresas privadas del agua y las asociaciones de las que forman parte han optado por la estrategia de la “negación”. El negacionismo de esta realidad, cruda, trata de evitar el descontento y la contestación social ante la falta de previsión de las autoridades locales y/o de los desmanes que está suponiendo la privatización del servicio, que nos hacen a los ciudadanos más vulnerables

“La pobreza hídrica no es de aplicación directa a la sociedad española”, ya que “el sector dispone de mecanismos de acción social que aseguran el cumplimiento del derecho humano al agua”, defendió recientemente el actual presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Agua y Saneamiento (AEAS). Desde los movimientos sociales como Aigua es Vida o desde los la Asociación de Operadores Públicos (AEOPAS) sostenemos que la privatización convierte ese derecho en  un  simple “producto de mercado”, lo cual se nota “en los apremios de las empresas a los clientes que no pueden afrontar algún pago, las amenazas y los cortes de suministro”.

No tenemos datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles. Aún así la propia AEAS, y según conocimos a través de La Marea, reconoce que un total de 970.000 hogares en España ha recibido un aviso de corte de suministro durante el último año y que  el presidente del grupo Agbar (uno de los principales grupos privados que actúan en nuestro país), Ángel Simón, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo en su corporación como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Lo cierto es que los poderes públicos tienen el deber y la capacidad para evitar este drama. Los poderes públicos tienen la obligación de proteger los derechos de la población en general, salvaguardando a la población en riesgo.

Solicitamos de forma urgente una normativa que impida el corte de suministro y que se garantice unos suministros mínimos vitales a las familias y colectivos que necesitan una protección especial. Muchas democracias occidentales ya prohíben cortes de agua, entre ellos Francia, Gran Bretaña, Rusia, Irlanda, Escocia y, más recientemente, Ecuador. Los tribunales de Bélgica y los Países Bajos han sentenciado que los cortes de agua violan los derechos humanos.

El 25 de junio de 2014, tres expertos de la ONU sobre derecho humano al agua y al saneamiento, vivienda adecuada, y pobreza extrema emitieron una declaración que afecta radicalmente a los Estados a la hora de aplicar de manera efectiva el derecho humano al agua1. Tras su visita a Detroit y ante la preocupación por las desconexiones de agua generalizados en la ciudad estadounidense a las familias que no pueden pagar el agua de sus facturas, declararon textualmente: 

“La desconexión de los servicios de agua por impago debido a  la falta de medios supone una violación del derecho humano al agua y los demás derechos humanos previstos por el derecho internacional”

Luis Babiano es gerente de @aeopas y Eloi Badia  es portavoz de Aigua es Vida

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