La mayoría de justificaciones que dieron lugar a la creación de la Sociedad de Economía Mixta el 2012 quedan en entredicho por Antifraude

Antifraude apunta que AGBAR podria tener contratos de servicios extinguidos

Barcelona 5 de Marzo de 2015.

La Oficina Antifraude de Catalunya ha respuesto a la denuncia que presentó la plataforma Aigua és Vida el pasado 10 de febrero de 2014 sobre las circumstancias en las que se creo la Sociedad de Economía Mixta (SEM) entre el Grup Agbar i la Ârea Metropolitana de Barcelona – AMB. De la misma forma, Antifraude ha emitido un informe de recomendaciones a la AMB del cual se desconocemos el contenido.

En la comunicación de la Oficina Antifraude se señala que la adjudicación a dedo del socio privado en la empresa mixta es “cuestionable desde la correcta gestión de los intereses generales”, también “no se justifica suficientemente la imposibilidad de promover la concurrencia” de otro socio privado. Alerta a la AMB que “la adjudicación directa de contratos públicos tiene un carácter totalmente excepcional. Esto implica que deba estar sólidamente justificada. La justificación tiene que basarse en un analisis técnico y económico de las posibles soluciones alternativas, y en la demostración de su inviabilidad técnica o de su coste superior”, elementos que tal y como ha denunciado Aigua és Vida, nunca se han producido.

En cuanto al canon concesional de 20 millones de € cuestiona el concepto y la finalidad, apuntando que podría ser simplemente una forma de esconder “una mala evolución futura del negocio”. También ponen en duda la figura del canon de conocimiento o knowhow de 5 millones de € que AGBAR impone a la SEM, “en tanto a que esta contraprestación podría producir una situacion de enriquecimiento injusto de AGBAR que vería doblemente retribuída su capacidad gestora”.

En cuanto a la valoración de activos que aporta AGBAR, de 476,5 millones de €, expone que “parece factible la tesis de Aigua és Vida que el método empleado en la valoración de activos distorsiona substancialmente el resultado obtenido”, y añade que “resulta especialmente significativo la brevedad y pobreza de justificación, así como, el déficit evidente de fiscalización del expediente por la intervención de la AMB”. Finalmente, también apunta que la compra por parte de la AMB de activos de AGBAR, por valor de 190 millones de €, son igualmente cuestionables. Para acabar apuntando que “la fiscalización del expediente considerado presenta deficiencias muy signficativas”.

También cuestiona “una clara asimetria de posiciones en la negociación, AGBAR, en posesión de mucha más información y recursos” y la AMB, excesivamente dispuesta a asumir acríticamente las propuestas de la primera. Además, afirma que no se aprecia que la AMB “haya evaluado la posibilidad de licitar el contrato; ni que haya llevado a cabo, sin ninguna vinculación con el grupo AGBAR, un análisis exhaustivo y en profundidad de los aspectos económicos principales de la operación contractual considerada”.

El informe también apunta a uno de los elementos cruciales de la situación del agua en la AMB, como son los contratos de getión de AGBAR en una veintena de municipios. En este sentido Antifraude apunta que “se encuentra a faltar una análisis jurídico y especialmente económico de los títulos que amparan el hecho de que AGBAR haya venido prestando servicio de suministro de agua” y apunta claramente a que algunos de ellos podrían declarse extinguidos o rescatados por la AMB. Es necesario recodar que ya en el 2010, una sentencia judicial calificó “de ilegítima” la gestión de AGBAR.

Los argumentos expuestos son los mismos que venimos denunciando desde la Plataforma de Aigua és Vida y que, conviene no olvidarlo, además de un atentado contra el interés general supondrán a lo largo de los próximos 35 años un coste adicional para la ciudadanía de 124 € por familia y año, sobrecoste totalmente injustificado que sólo responde a los intereses de una minoriá que busca enriquecerse con un servicio básico como es el agua.

No es ni mucho menos la primera vez que se ponen en duda las prácticas del Grupo AGBAR. Los casos Pokemon y Manga estan destapando la relación clientelar de sobornos y tráfico de influencias entre AGBAR y numerosos cargos politicos de todo el Estado español, con uno de los gerentes del Grupo AGBAR detenido; también se han dado casos de irregularidades en adjudicaciones vinculadas a AGBAR en, al menos Murcia, Gandia, Barcelona, Madrid, León, Vigo (con el caso Pato) y Torredembarra, con detenidos, imputados o precesos abiertos en todos los casos; la recien comisión de investigación de Girona esta cuestionando el cumplimiento de las obligaciones constractuales básicas por parte de AGBAR en la prestación del servicio. I así un largo etc.

Ante todo lo expuesto exigimos, en primer lugar, que se haga público el informe que Antifraude ha remitido a la AMB con sus observaciones sobre las irregularidades del proceso. I, en segundo lugar, consideramos que es necesario una investigación profunda sobre la situación de la gestión del agua en la AMB, motivo por el cual desde la Plataforma Aigua és Vida instamos a los poderes públicos y judiciales a emprender todas las acciones que estén a su alcance con el objetivo de aclarar la verdad, proteger la ciudadanía ante las prácticas abusivas sobre esté bien esencial que la ONU declaró como un Derecho Humano fundamental, y depurar sus responsabilidades.