En nuestro Estado, al contrario que en muchos estados europeos, los procesos de privatización se han acelerado a consecuencia de la crisis. Consistorios de muy distinto signo político se han rendido ante el canon concesional, viciando el sistema y desatando graves irregularidades en la gestión. Las cantidades millonarias que los ayuntamientos reciben por la “venta” de la gestión del agua, lejos de ser reinvertidas en el ciclo hidráulico, se dedican, en la mayoría de los casos, a enjuagar las finanzas municipales y no a la mejora del servicio para los ciudadanos. El precio de esa venta hipoteca durante más de 25 años, en el mejor de los casos, las economías familiares, pues será a través del aumento de su tarifa con lo que las grandes multinacionales del agua se cobrarán su “inversión”.

En esta auténtica burbuja hídrica, las cifras hablan por sí mismas. En 1996, el 63% de la población española estaba abastecida por sociedades públicas. En 2005, el 52% mantenía el carácter público.
 En 2010, los porcentajes se invierten: 47% público y 53% privada. A finales del 2015, el 57% de la población esté abastecida posiblemente por empresas privadas.

El proceso privatizador se inicia normalmente sin debate, por la puerta trasera y a través del denominado modelo francés, basado en la pretendida colaboración público-privada. Son empresas mixtas en las que las instituciones públicas conservan el 51% de las acciones, pero el control efectivo del negocio lo ejercen los operadores privados, mediante cláusulas que les dan la competencia exclusiva, tanto sobre la gestión de esas empresas, como en materia de compras, contrataciones y subcontrataciones. Desaparecen los concursos públicos y, por tanto, la competencia. La Administración local pierde su papel y estas empresas se convierten en un monopolio cerrado que aseguran grandes beneficios por la autocompra de servicios y tecnología a empresas del grupo por adjudicación directa.

La gestión urbana del agua no se ha caracterizado por introducir fórmulas democráticas y participativas que incorporen a los ciudadanos en la toma de decisiones. No obstante, con la privatización nos aproximamos hacía una visión orwelliana de nuestras ciudades; una ciudad donde democratización se reduce sólo al proceso electoral y donde los ciudadanos pasan a ser simples clientes. Esta pérdida de poder ciudadano y la mercantilización de la ciudad se evidencian en que, en la actualidad, las empresas concesionarias no sólo comercializan con el agua sino que incluso comercializan también con los datos de sus clientes.

Quizás una de las consecuencias más graves de la mercantilización del recurso es el aumento significativo de los cortes de agua por impago. Ducharse o beber del grifo no es un derecho en España; es un servicio que cuesta dinero y se puede cortar. La crisis ha disparado las cifras de los afectados. Cada mes se tramitan entre 4.000 y 5.000 propuestas de interrupción del suministro de agua en Madrid. Cada día, 19 familias en Málaga se quedan sin agua. Según una respuesta de la empresa Emasa (Málaga), en 2013 se abrieron cerca de 40.778 expedientes por impago y 6.881 terminaron en corte. En la ciudad de Almería hubo 3.195 cortes del suministro de agua potable por parte de la empresa concesionaria del servicio. La misma situación se repite en la mayor parte de los 8.000 municipios que hay en España, salvo en algunos, como Medina Sidonia (Cádiz), en Lucena (Córdoba) o Xàbia (Alicante), Zaragoza o en El Prat de Llobregat (Barcelona), donde los ayuntamientos han aprobado no cortar el agua a quien no pueda pagar.

Desde la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas) se ha calculado que se tramitan al año más de 500.000 avisos de corte de agua, un 30% más que hace cuatro años. De estos, se llegan a ejecutar un 60%, es decir, 300.000. El Canal de Isabel II ha multiplicado por cuatro los procesos de corte de agua en cinco años. Si en 2008 avisó a 18.674 casas de que iba a cerrarles el grifo, en 2013 fueron 73.016, según datos de la Plataforma contra la Privatización del Canal. En ese lustro, la empresa pública advirtió a 206.643 hogares de un posible corte de agua por impago de las facturas. Una vez realizado el aviso, el corte efectivo se ejecuta entre el 80 y el 85% de los casos, según fuentes internas de la compañía. La cifra es preocupante, pero no es menos alarmante que en España no existan datos oficiales sobre el fenómeno masivo de cortes de agua. El suministro de agua es un servicio local y cada municipio lo gestiona a su manera. No existe ni regulación, ni transparencia ni gobernabilidad sobre el derecho humano al agua. Frente a esto, las empresas privadas del agua y las asociaciones de las que forman parte han optado por la estrategia de la “negación” para evitar el descontento y la contestación social ante la falta de previsión de las autoridades locales y los desmanes que supone la privatización del servicio.

No hay datos oficiales sobre el impacto real del fenómeno. En España los desahucios hídricos ni siquiera constan en ningún registro estadístico; son invisibles. Aún así, la propia Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), en la que están integrados todos los operadores privados, reconoce que un total de 970.000 hogares en España ha recibido un aviso de corte de suministro durante el último año y Ángel Simón, presidente del grupo Agbar –uno de los principales grupos privados que actúan en nuestro país–, ha admitido que “cada mes se hacen 12.000 cortes” sólo por parte de su corporación, como aseguró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona. Lo cierto es que los poderes públicos tienen el deber y la capacidad para evitar este drama. Los poderes públicos tienen la obligación de proteger los derechos de la población en general, salvaguardando a la población en riesgo.

El acceso al agua y al saneamiento son un derecho humano reconocido desde 2010 por la Asamblea de Naciones Unidas, que exige responsabilidad a los Estados para su cumplimiento. “La desconexión de los servicios de agua a causa de la falta de pago por no tener medios constituye una violación del derecho humano al agua y de otros derechos humanos internacionales”, ha afirmado Catarina de Albuquerque, hasta el pasado diciembre relatora de Naciones Unidas para el derecho humano al agua. De hecho, la ONU ejemplifica el camino correcto con un caso de Bélgica: en la región flamenca existe una cantidad mínima de suministro gratuito, la ciudadanía paga una tarifa básica de conexión mientras el precio del exceso de agua utilizada depende de la cantidad consumida.

La desprivatización un fenómeno global

Frente al modelo especulativo español, sólo 40 de las 400 ciudades más grandes del mundo son privadas; en las 360 restantes el servicio lo gestionan entidades públicas. Las ciudades de todo el mundo están experimentando el fracaso de la privatización del agua. Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas, la perdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de este servicio esencial. La “remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Hay más de 235 casos de remunicipalización del agua en 37 países en los últimos 15 años que engloban a más de 100 millones de personas. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en Europa, París, Berlín o Budapest; y en los América del Sur y África, Buenos Aires, La Paz; Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La desprivatización es ya un fenómeno global.

Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de agua al público y en todos destacan a París como un modelo de referencia. En la capital francesa, el recibo del agua bajó un 8% durante el primer año tras la recuperación del servicio y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además de prohibir los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios medioambientales, como instalaciones de mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de protección oficial, y se ha logrado que la gestión sea más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración. Desde Eau de Paris se ha contribuido al desarrollo del concepto de derecho de ciudad acuñado por David Harvey, diseñando políticas de inclusión social. Se han realizado acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin techo, como reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de las fuentes, y se ha creado una red de 1.200 puntos de agua potable repartidos por toda la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de calidad. En España la remunicipalización es también un hecho, con casos como los del Torrelavega (Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (Coruña), Manacor (Mallorca), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 pueblos de la provincia de Sevilla agrupados en Aguas del Huesna.

Por otro lado, la bajada de tarifas o la eficiencia del servicio público no deben ser los únicos factores a la hora de apostar por el modelo público de gestión. La accesibilidad y la garantía de servicio, junto con la transparencia y la participación tienen que estar en la base del modelo público de gestión. El énfasis de la nueva política de aguas debe apostar por la gestión pública participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida.

Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país y persigue tres objetivos generales. Uno es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los Ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado. Este compromiso no es una mera declaración de principios, ya que supone cambios en las organizaciones responsables de este escaso recurso en España, como la creación de un órgano regulador participado por las organizaciones sociales. Los principios básicos del pacto por el agua pública son:

Servicio 100% público. Una de las propuestas concretas más relevantes de este acuerdo es que los servicios de agua sean siempre 100% públicos.

Empleo. El pacto sostiene que “la gestión del ciclo integral del agua puede y debe ser un yacimiento importante para la generación de nuevos empleos”, de calidad, seguros y estables. Los trabajadores también deben tener asegurada la participación en el funcionamiento, la gestión y la formulación de políticas del servicio.

Solidaridad. Uno de los principios básicos de la propuesta es la solidaridad y garantía de acceso a este bien considerado un derecho. De esta forma se establece una dotación mínima de entre 60 y 100 litros por persona y día, incluso en caso de impago.

Investigación. El acuerdo también fija la necesidad de “establecer planes de investigación y desarrollo en materia de gestión del ciclo del agua” en colaboración con las “universidades, colegios profesionales, expertos y organizaciones sectoriales”.

Responsabilidad. El pacto implica obligaciones para las entidades gestoras y, por encima de ellas, para los Ayuntamientos, que deben velar por el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, en los ámbitos medioambientales, económicos y de infraestructuras. De esta forma, los municipios deben preservar la calidad del suministro, utilizar los mínimos recursos que garanticen el servicio y prevenir la contaminación. Las tarifas debe reflejar el coste real, pero respetando los principios de equidad y transparencia, y destinarse solo y exclusivamente a sufragar los costes de dichos servicios. Finalmente, también los Ayuntamientos tienen la obligación de ejecutar las inversiones necesarias.

Control Social. Finalmente, el acuerdo establece nuevos mecanismos para asegurar el “control social” del recurso, con transparencia y “participación ciudadana efectiva”, previstas en la Convención de Aarhus, en la normativa europea (Directiva 2003/35/, de 26 de mayo de 2003), y en la española (Ley 27/2006, de 18 de julio).

La #iniciativagua2015 es fundamentalmente un espíritu de cambio de modelo. Ya se ha presentado en Catalunya, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid y en diversas ciudades de Andalucía. Operadores como Xàbia (Alicante) o la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa se han comprometido cumplir las directrices del pacto. La privatización del agua desfigura y limita poder democrático municipal. Frente a esto #iniciativagua2015 no soló supondrá la paralización definitiva de la privatización de nuestra agua sino que pondrá las bases para la creación de un modelo público 100% transparente y participativo. Debemos imaginarnos una ciudad más inclusiva, una ciudad donde el agua sea pública y transparente. El inalienable derecho a la ciudad es algo por lo que vale la pena luchar.

Font: Diagonal Periódico