La crisis económica ha abonado el terreno para llevar a cabo una auténtica terapia de shock privatizadora. Con el pretexto de que no hay dinero para afrontar pagos, se tienen que vender bienes públicos. Y es un pretexto, no una razón, porque la razón de tomar estas decisiones es que han sido impulsadas por la troika, en la que se aprecia la mano del FMI.

En Cataluña, esta política se ha cebado especialmente con el agua. Aquí hemos visto como se vendía la gestión de la captación del agua (agua en alta) que utiliza un 65% de la población catalana, para los próximos 50 años. Hemos visto como se imponía, por 35 años, un operador privado en la distribución (agua en baja) en el Área Metropolitana de Barcelona, que hasta entonces operaba sin contrato. Todo esto envuelto en recursos judiciales que muestran como se han obviado principios elementales de las leyes de concesión de servicios públicos. Ahora, el Govern apuesta por vender depuradoras de titularidad pública.

Para entender la gravedad de estas decisiones, hay que valorar cuál es la importancia de este recurso, en todos los ámbitos. El acceso a agua potable y saneamiento es un derecho humano, reconocido por la ONU. Hoy, en Cataluña, demasiados hogares no pueden pagar el precio que cuesta ese derecho humano . A nivel global, una de cada siete personas carece de disponibilidad de agua potable y una de cada tres no tiene acceso a un saneamiento adecuado . Estos datos explican la pobreza, la enfermedad y la muerte que abundan en determinadas regiones del mundo. Además, el agua es un agente fundamental en el funcionamiento de nuestros ecosistemas y de ella dependen sus equilibrios naturales.

Pero este recurso también juega un papel importante en la economía. El agua es necesaria en prácticamente todos los procesos productivos, en la agricultura y en la industria. De hecho, el consumo humano de agua en Cataluña solo representa un 15% del agua dulce que utilizamos. A todo esto hay que añadir que el sector del agua emplea a gran número de trabajadores.

Dado que impregna tantas actividades naturales y sociales, el agua se convierte en una herramienta de incidencia política, en tanto que el gestor público puede aplicar tarifas progresivas (redistributivas) en lugar de regresivas (de coste fijo elevado), puede ejercer mano dura contra la contaminación industrial y minera o bien priorizar el rendimiento económico, puede impulsar ciertas actividades en detrimento de otras, y debe hacerlo con un criterio de interés general. Eso es hacer política.

En definitiva, se trata de un recurso crítico para la vida humana y para la naturaleza, y un elemento estratégico de la sociedad en su conjunto. Y no hay ningún motivo para pensar que la trascendencia del agua vaya a menguar. Más bien, lo previsible es que la demanda aumente con la población, hecho que podría intensificar los conflictos relativos al agua y crear otros nuevos.

Queda así claro que la política de agua es un tema mayúsculo. Y las decisiones sobre agua deberían ser reflexionadas por y consensuadas con todos los agentes sociales. No es democrático ni responsable ignorar a la sociedad civil implicada, ni decidir bajo presión de tesorería .

La aspiración de un servicio público es ofrecer la máxima calidad con eficiencia, transparencia y participación ciudadana. La responsabilidad de conseguir ese objetivo es del Govern. Pero éste abdica de sus funciones, delegando la toma de decisiones a criterios de mercado, de oferta y demanda, de maximización de beneficios.

La Generalitat está apostando por un modelo que deja en manos ajenas el poder que otorga la gestión del agua, manos corporativas que añaden a este complejo asunto un factor más: el beneficio empresarial, que repercute sobre unos pocos. Los que menos lo necesitan.

Publicat: Infolibre

Autor: Lluis Camps