Acceso desigual, incremento del precio de las tarifas, pérdida de la capacidad de control financiero y técnico del servicio, obstáculos medioambientales y escandalosos márgenes de ganancias están impulsando a las municipalidades a retomar el control de un servicio esencial, el agua. La “remunicipalización” del agua es una tendencia nueva. Más de 235 casos de remunicipalización en todo el mundo en 15 años, en 37 países de todo el mundo, un proceso que afecta a más de 100 millones de personas. En Estados Unidos destacan Atlanta e Indianápolis; en Europa, París, Berlín o Budapest; y en los países del sur, Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam, Accra, Almaty o Kuala Lumpur. La desprivatización es ya un fenómeno global.

Existen ya muchos estudios que analizan la transición del abastecimiento privado de agua al público y todos destacan París como un modelo de referencia. En la capital francesa, el recibo bajó un 8% durante el primer año y se obtuvieron beneficios de 35 millones de euros. Además de prohibir los cortes de agua para las familias que no puedan pagar, se han creado nuevos servicios medioambientales (instalaciones de mecanismos de ahorro de agua en las viviendas de protección oficial) y se ha logrado que con la empresa pública la gestión sea más democrática y participativa, con personal, usuarios y asociaciones ciudadanas en el consejo de administración. Desde Eau de Paris se ha contribuido al desarrollo del derecho de ciudad (Harvey) diseñando políticas de inclusión social. Se han realizado, por ejemplo, numerosas acciones para facilitar el acceso al agua a las personas sin techo (reparto de cantimploras, distribución de bidones de agua y mapas de localización de las fuentes) y se ha creado una amplia red de puntos de agua potable (1.200) repartidos por toda la ciudad que permiten el acceso a un agua gratuita y de gestión pública.

Desde nuestra posición, el énfasis de la nueva política de aguas debe apostar por la Gestión Pública Participativa, sin ánimo de lucro, como servicio de interés general, ya que el agua no es una mercancía, sino un bien común y un derecho fundamental, además de elemento esencial para la vida. Para ello, desde la sociedad civil se consideró necesario crear un amplio consenso, a través de un Pacto Social por el Agua (#iniciativagua2015), en el que se definan y acuerden los fundamentos y las reglas básicas del modelo público: transparencia, rendición de cuentas y participación social. Un modelo que frene el incipiente proceso de corporativización y mercantilización, que también amenaza al modelo público, y que conduzca hacia el objetivo final de la sostenibilidad económica, social y ambiental. El pacto cuenta con más de 300 organizaciones sociales, organizaciones ecologistas, académicas, sindicales y operadores de agua y saneamientos en distintos municipios del país y persigue tres objetivos generales. El primero es frenar la ofensiva de las empresas privadas por hacerse con los servicios en los pueblos, donde anticipan fondos que los ayuntamientos necesitan a cambio de los recibos del agua de las próximas décadas (fórmula conocida como canon concesional). La segunda meta es conseguir la sostenibilidad económica, social y ambiental del ciclo del agua. La tercera, e imprescindible, impulsar un modelo trasparente y participado.

La #iniciativagua2015 es fundamentalmente un espíritu de cambio de modelo y siguiendo este proceso ya se ha presentado en Catalunya, el País Vasco, Castilla-La Mancha, Madrid, diversas ciudades de Andalucía y en Avilés y Gijón. Además, operadores como Xàbia (Alicante) o la Asamblea General del Consorcio de Aguas de Gipúzkoa se han comprometido a gestionar el agua de forma pública, integrada y participativa tal como expone la #iniciativagua2015. La privatización del agua desfigura y limita poder democrático municipal. Frente a esto, #iniciativagua2015 no soló supondrá la paralización definitiva de la privatización de nuestra agua sino que pondrá las bases para la creación de un modelo público 100%, transparente y participativo. La democracia llega al agua. Debemos imaginarnos una ciudad más inclusiva, una ciudad donde el agua sea pública y transparente. El inalienable derecho a la ciudad es algo por lo que vale la pena luchar.

*Luis Babiano es, desde el año 2010, gerente a la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

Font: La Marea