En la mayoría de los países europeos la legislación sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de las aguas residuales adjudica su titularidad a la Administración Pública, normalmente a las Entidades Locales (EE.LL.), al entender que es esta la mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial.

No obstante, en algunos casos las instalaciones de abastecimiento y saneamiento son supramunicipales (embalses, estaciones de tratamiento o depuradoras), por simples motivos de tamaño o escala, que no dejan de ser administraciones públicas locales.

Esto es posible debido a que la normativa española no obliga a que sea la propia entidad local la que preste el servicio de manera directa, por lo que la gestión del ciclo urbano del agua se puede llevar a cabo de manera mancomunada, mediante Consorcio o delegándola a una empresa privada o mixta.

Así, en España, durante los últimos años hemos venido constatando esta diversidad de modelos de gestión del ciclo urbano del agua.

A la gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han ido delegando esas responsabilidades en empresas privadas.

Este proceso de privatización se ha producido en una situación de carencia de información y de ausencia total de participación social.

En la actualidad, contamos con numerosas empresas públicas, como ACOSOL, CYII, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, EMACSA, EMASA, EMASESA, ARCGISA, GIAHSA, EMALCSA o Aguas de Alcázar que son una garantía de disfrute del derecho humano al agua frente a otros tipos de gestión basados en la obtención de beneficios a corto plazo.

La gestión pública, más eficaz y barata

Recientemente, el Tribunal de Cuentas español, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 a los municipios de menos de 20.000 habitantes, el 95 % del total, concluye el órgano fiscalizador, la gestión pública directa de los servicios básicos como más eficaces.

Mediante gestión directa, cada habitante abona 44,10 euros al año, mientras que en las concesiones el pago de los ciudadanos se dispara a 53,67 euros de media.

Estos datos son perfectamente aplicables a cualquier municipio.

A la vista del resultado, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no es la eficacia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua que estamos viviendo estos días en Alcázar: se puede decir sin temor a equivocarse que detrás del proceso de privatización (o externalización) hay una necesidad de financiación por parte de la entidad ayuntamiento.
La fórmula de privatización más utilizada es la concesión de los servicios.

El agua sigue siendo pública, el servicio competencia y responsabilidad de las EE.LL., pero la gestión se adjudica a un agente privado.

En todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua la empresa privada paga a la Administración una cantidad de dinero a cambio de la concesión. Es lo que se denomina “canon concesional”.

Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a enjuagar las finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos, en la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.

El recibo un 40% más caro

En el caso de Alcázar el préstamo será de 6,5 millones más sólo 1,5 para mejoras. Para abonar este prestamos la empresa privada, recurrirá al crédito, que obtendrá con el respaldo de las tarifas de los más de 25 años que es lo que durará la concesión y con una garantía de un porcentaje de cobro que supera el 95%.

Es decir, más de dos décadas de ingresos permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo de pagos protegidos por la amenaza del corte de suministro.

El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y beneficio empresarial.

Este modelo de gestión es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa (hasta un 40%) disparándose la morosidad en el pago y provocando consecuencias terribles para las familias a causa del corte casi inmediato del suministro; medioambientalmente insostenible (ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio); oscuro (no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables); y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública.

Situaciones parecidas a éstas han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble, París o Berlín hayan recuperado la concesión y que los ciudadanos italianos acaben de votar en referéndum contra la privatización de los servicios de agua.

Sin embargo, en España la presión de las empresas privadas se ve favorecida por la falta de recursos municipales y la debilidad de la regulación.

El agua, valor simbólico como fuente de vida

Al margen de su valor crematístico en España el agua, como en la mayoría de las culturas mediterráneas, sigue manteniendo un fuerte valor simbólico, un significado de “fuente de vida”.

Este valor simbólico hace que la ciudadanía tome rápidamente conciencia social sobre el agua como bien común. Por tanto, es importante destacar también el papel que la sociedad civil frente a la mercantilización.

En este sentido son notorias las actuaciones que se están llevando a cabo en Madrid, en Andalucía, Mallorca y Catalunya.

En Alcázar debido a que su pueblo se siente muy identificado al recurso y al modelo público de gestión el proceso de privatización encuentra fuertes resistencias sociales.

Hay muchos procesos de privatización que se han parado, esperemos que el proceso enAlcázar sea uno de ellos.

Para reforzar el papel del agua como bien común, desde AEOPAS creemos que si la legislación simplemente prohibiera -como en la mayoría de los países europeos- que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos de la mejora de las infraestructuras hidráulicas, entonces, los procesos de privatización serían en España algo muy residual.

No hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y, cuyo resultado, no muy lejano, será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano, lo que conducirá a su insostenibilidad y quizás, a su posterior rescate público pagado por todos.

Font: El Porvenir

Autor: Luis Babiano, gerente de AEOPAS