Diciembre de 2007, Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile. Zapatero anuncia de forma sorpresiva el Fondo de Cooperación en Agua y Saneamiento (FCAS): 1.500 millones de dólares para contribuir a resolver el problema del acceso al agua y al saneamiento en América Latina y el Caribe. Probablemente, el instrumento de cooperación más potente manejado nunca por la cooperación española.

El sector empresarial percibe rápidamente la oportunidad. De hecho, el contexto le beneficia. Ante el inminente recorte de fondos de cooperación oficial, desde la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) se empieza a abanicar un nuevo mantra: las alianzas público-privadas.

Explicado brevemente: el sector empresarial debería aportar recursos a la cooperación internacional. Sin embargo, sucede justo al revés: el sector empresarial se lleva fondos públicos de cooperación. Sin duda, uno de los casos más llamativos fue cuando la AECID otorga 150.000 euros a (la Fundación) Repsol-YPF para realizar proyectos en comunidades amazónicas ecuatorianas ubicadas en su área de explotación.

Regresemos al FCAS. Ante la crisis económica que afrontan las empresas españolas, desde los ministerios de Economía, y de Industria y Comercio, se insiste en la necesidad de apoyar su internacionalización. Y el FCAS también debe ir en esa línea. Hasta diez empresas españolas participan de diferentes órganos consultivos del FCAS.

A partir de ese momento, se multiplican los eventos y actos donde la oficina del FCAS reúne y explica a las empresas españolas asistentes cómo participar de la ejecución, acabando en un ruego más o menos velado para que se presenten a las licitaciones, concursos y adjudicaciones directas. Conviene no olvidar que, en todo momento, se trata de fondos públicos de cooperación. Las ONGD españolas, muchas de ellas con amplia experiencia en el sector del agua, no reciben un euro del FCAS.

El brazo operativo del FCAS en América Latina es el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Un organismo que básicamente da créditos, y que sabe para qué los quiere dar. De hecho, en la década dorada de la privatización del agua, a partir de mediados de los 90, el BID condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua, a la incorporación del sector privado. Además, al BID le resulta sumamente interesante operar el FCAS, ya que constituye una herramienta fundamental para colocar sus créditos en la región, aumentando así la deuda externa. El FCAS actúa de tramo no reembolsable para créditos concedidos por el BID. Así, a mitad de ejecución del FCAS, por cada euro que aporta el mismo al BID, éste viabiliza 59 céntimos en créditos. En definitiva, a pesar de la supuesta vocación pública del fondo, éste se rodea de actores más propensos a la gestión privada.

Por otra parte, la ejecución del FCAS es bastante desigual, según los países. En algunos, como Bolivia o Nicaragua, las administraciones públicas muestran un rol relevante, velando para que el fondo se mantenga en la órbita de la gestión pública. Pero ello no impide que las empresas españolas se lleven importantes contratos. Así, IMESAPI, filial de la constructora ACS, consigue 20 millones de dólares para la construcción de alcantarillado en Bolivia.

En Colombia, la filial de AgBar en Cartagena de Indias, Aguas de Cartagena (ACUACAR), recibe del FCAS 18 millones de dólares de fondos públicos de cooperación (aunque se devuelven cerca de siete por no haberlos ejecutado), dirigidos a ampliar plantas de tratamiento y aumentar la continuidad del servicio y el abastecimiento en varios barrios. Es decir, para mejorar la rentabilidad de la privatización del servicio, financiarle el aumento de producción y usuarios, y por tanto, mejorar su cuenta de resultados. Y el operador privatizado de Sta. Marta, MetroAgua, filial del Canal Isabel II, obtiene ocho millones de euros.

Luego está Haití. Aunque los objetivos del FCAS apuntan a que se “favorezca una gestión pública” del agua, los recursos delegados al BID en Haití tienen otro objetivo: introducir “lo privado en la gestión operativa del sector”. Lyonnaise des Eaux y AgBar, ambas controladas por la multinacional francesa Suez, obtienen cerca de 13 millones de dólares para reformar el sector. Además, allí se reparten también muchos más recursos a empresas españolas: hasta 22 millones de dólares entregados a diferentes consorcios de ingenierías con sede en el Estado. Y es que, más allá de la pertinencia y calidad de sus trabajos, lo que es indiscutible es que el FCAS se ha convertido en una estupenda herramienta de internacionalización de la empresa española, de algo que no se puede considerar Ayuda Oficial al Desarrollo, y de promoción del BID.

Lejos quedan las expectativas que nacieron ese diciembre de 2007 y con las que desde Ingeniería sin Fronteras, y hasta el día de hoy, hemos venido colaborando en su decorativo Consejo Asesor. En estos días hemos decidido rendirnos a la evidencia, y abandonar cualquier órgano consultivo. Ojalá el FCAS vuelva a servir para defender el derecho humano al agua.

Lluís Basteiro es voluntario de ISF, está en la campaña de Agua, un derecho y no una mercancía.

Font: El País