Hace cuatro meses la izquierda se impuso en Ripollet (Vallès Occidental) de la mano de la plataforma Decidim Ripollet, que integra la CUP, Podemos y Procés Constituent. En el nuevo organigrama de poder se creó una concejalía de Servicios Municipales y Municipalización. Era una declaración de intenciones. Igual que Ripollet, y siguiendo las iniciativas que se multiplican en Europa (Berlín o París), algunos municipios cercanos a Barcelona se plantean, o incluso ya han iniciado, la remunicipalización de servicios como el agua, la zona azul, la grúa, la gestión de las guarderías o la limpieza de edificios públicos. Este cambio coincide con el auge de los partidos de la izquierda alternativa como Podemos y la CUP. Las políticas de austeridad y los escándalos en las adjudicaciones han hecho, no obstante, que desde el PSC hasta CiU se sumen a iniciativas de este tipo.

“Municipalizar servicios es solo una cuestión política y nosotros queremos dejar clara cuál es nuestra voluntad”, justifica Pilar Castillejo, primera teniente de alcalde de Hacienda y responsable de esta área en Ripollet, que ya estudia qué servicios se pueden recuperar. La prioridad es la gestión del agua, aprovechando que la concesión expira en 2016. “El agua es un bien público y su gestión no puede estar en manos privadas. Seríamos el primer municipio metropolitano en hacerlo y abriría el camino a otros que ya lo están estudiando, como Badalona o Cerdanyola”, añade. También en el Vallès Occidental, el Consistorio de Sant Cugat gestiona desde este mes la zona azul y dos aparcamientos, con lo que prevén lograr un ahorro de 700.000 euros anuales. “Nuestro objetivo es lograr una gestión más integral de la movilidad y obtener más recursos para nuestra empresa pública Promusa, que permitirán realizar más políticas municipales”, explica el concejal de Urbanismo de Sant Cugat, Damià Calvet, que anuncia que se sumarán más aparcamientos en función de que vayan caducando contratos. En julio el pleno aprobó por unanimidad una moción de la CUP para recuperar la gestión del agua

La remunicipalización de servicios toma como ejemplo la senda marcada por Arenys de Munt durante el breve mandato de la CUP (2011-13), cuando se recuperó la gestión del agua, la limpieza de los edificios públicos y el punto de recogida de basuras. La operación no ha sido fácil y ha comportado enfrentamientos con Agbar (la gestora hasta entonces) y un importante incremento de la tarifa para los usuarios. Muchos municipios centran sus objetivos en el agua. Según Moisès Subirana, de la plataforma Agua es Vida, el año pasado se produjeron seis casos de remunicipalización y se esperan más en 2016. En su opinión, existe una gran diferencia entre la iniciativa privada, que da agua al 80% de la población, y la pública.

El Ayuntamiento de Barcelona quiere extinguir la sociedad mixta entre Agbar y el Área Metropolitana —controlada con un 85% del capital por la compañía y creada hace dos años para suministrar agua— y para ello ha forzado la elaboración de una auditoría interna. El Gobierno de Ada Colau también ha paralizado la externalización de dos guarderías municipales y sigue el proyecto de Xavier Trias para crear un operador energético municipal que abastezca a su municipio con energías renovables.

En Sabadell, por su parte, gobernado por ERC y Crida per Sabadell, donde se integra la CUP, el ayuntamiento ha elaborado un informe sobre caducidad y coste de los servicios externalizados. De forma inminente recuperarán la gestión de la grúa y la zona azul, ya que la concesión finaliza este 2015. En 2016 revisarán la limpieza de los edificios públicos, la atención domiciliaria y la gestión de las guarderías. En Terrassa, con gobierno del PSC, los ciudadanos decidirán una nueva gestión del agua con un proceso participativo. Las ventajas de la municipalización de servicios, según sus defensores, son múltiples. La más evidente es la económica.

Los expertos discrepan sobre la remunicipalización de servicios

Los ayuntamientos calculan que con la municipalización se ahorran el 21% del IVA y la parte del beneficio (6-8%) que la empresa privada carga en la factura. Sabadell ingresa con la zona azul dos millones anuales y el servicio cuesta 800.000 euros. Con el nuevo modelo calculan que el gasto se reducirá a 570.000 euros, un 30% menos, y ello incluyendo un aumento de los salarios.

“Los servicios públicos son en general rentables, si no fuera así las empresas privadas no se meterían en ellos”, afirma Jordi Colomer, ambientólogo y miembro de la CUP de Arenys, que ha asesorado a varios municipios sobre remunicipalización. Pero también existen opiniones más cautas. Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Pompeu Fabra, es escéptico. “A veces se cree que se está haciendo política de izquierdas y lo que estás haciendo es dañar a la Administración Pública, que no es ni de izquierdas ni de derechas. Los ayuntamientos corren el riesgo de internalizar actividades de poco valor añadido con estructuras flexibles y más caras, y eso lo paga el ciudadano”, explica.

Los principios políticos aquí cuentan, y mucho. “Recuperar el poder público es recuperar la voluntad de servicio”, reivindica Albert Boada, concejal de Promoción Económica de Sabadell. Y añade que la concesión a grandes empresas “ha permitido la entrada de lobbies y son la puerta para la corrupción”.