El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) será el primer territorio de Cataluña donde todas las actividades vinculadas con la gestión del agua queden en manos del capital privado. Agbar, a través de la sociedad mixta que constituyó junto a la AMB el verano pasado y de la que controla un 85%, se quedará incluso el canon del agua que generan los 36 municipios integrados en esa zona. Y todo ello será posible gracias a la decisión tomada ayer por el Gobierno catalán para asegurarse unos ingresos de alrededor de 800 millones de euros con los que reducir el déficit de este año, como avanzó el pasado domingo EL PAÍS y ayer confirmó el portavoz del Gobierno, Francesc Homs.

El Ejecutivo de Artur Mas aprobó ayer un decreto ley que ofrece a la corporación metropolitana más competencias en materia de aguas. Una vez aprobada esa norma, la Generalitat podrá ceder al AMB todas las infraestructuras hidráulicas existentes en ese ámbito —a excepción de las asignadas a Aguas Ter-Llobregat—. Pero lo importante de la operación no es tanto esa asignación de activos, sino el control durante un máximo de 30 años de los recursos que permiten su mantenimiento y mejora, además de la inversión en nuevas instalaciones: el canon del agua.

El Gobierno defiende que se trata de una operación entre la Generalitat y el Área Metropolitana. Pero lo cierto es que la Agencia Catalana del Agua y Agbar llevan meses negociando los detalles de la operación y uno de los ejes de esas conversaciones es el canon del agua que se recauda en la zona, según documentación a la que ha tenido acceso este diario. Ambas partes han establecido en torno a 150 millones de euros anuales esa cuantía y ahora negocian qué parte se quedará la sociedad mixta.

El AMB, presidida por el alcalde convergente Xavier Trias, y Agbar reclaman quedarse con más del 95% de esos ingresos, lo que supondría asegurarse unos 140 millones anuales y más de 4.000 millones de euros —en función de la evolución del consumo y de los incrementos del canon— en 30 años, el plazo máximo de la operación que se plantea la Generalitat. Actualmente, de esos ingresos que recauda la ACA destina menos de 40 millones anuales para el mantenimiento en el área metropolitana, mientras que el resto se utiliza para realizar inversiones en otras zonas en las que es más difícil cubrir los gastos con los ingresos propios.

La diferencia es sustancial y remarca uno de los problemas que plantea la operación: cuál será el futuro del agencia del agua, que dejará de tener actividad en la mayor conurbación catalana, donde residen 3,2 millones de habitantes, la más excedentaria en cuanto a recursos que hay en Cataluña. Los ingresos totales por el canon del agua en Cataluña ascienden a unos 416 millones de euros.

Diferentes fuentes del sector explicaban ayer que el ACA perderá la actividad de Barcelona ahora, pero que en el futuro se abre la puerta a que otras zonas de Cataluña reclamen operaciones similares, lo que podría convertir la agencia en un mero regulador, cuando hasta ahora se ha encargado de efectuar inversiones allí donde no eran rentables.

Homs aseguró, no obstante, que el acuerdo y los 800 millones que cobrará la Generalitat como contrapartida servirán para reducir los 1.000 millones de euros de deuda de la ACA. La consecuencia sería directa: el ente volvería a tener capacidad para invertir en 2015, frente al horizonte de 2017 que tenía en su hoja de ruta la dirección del organismo.

La mayor duda es cómo podrá la AMB —y Agbar— financiar una operación pensada para reducir el déficit y que tendrá que ser controlada por la Intervención General de la Administración del Estado. Como sucedió con la adjudicación de ATLL, la Generalitat no tendría que cobrar la totalidad de los 800 millones este año para apuntarse en el déficit la totalidad de esa cuantía.

Homs negó ayer que la operación suponga traspasar al capital privado infraestructuras hidráulicas: “El titular no puede ser el de la privatización”. Solo el socio parlamentario de CiU, Esquerra Republicana, celebró el acuerdo. Pere Aragonés, portavoz económico del partido, subrayó que el Gobierno ha avalado sus peticiones: que no fuera un traspaso sino una concesión, que sea reversible y que el precio del canon del agua lo siga fijando el Parlament, informa Maiol Roger.

La oposición rechazó el acuerdo por la gestión del agua y dio por hecho que encarecerá la factura del agua. “No hay cifras de cómo acabará repercutiendo el convenio en los ciudadanos”, lamentó la portavoz parlamentaria de Iniciativa, Dolors Camats, que pese a avalar la gestión del agua a los municipios considera “envenenado” el acuerdo del Gobierno catalán. El PP se burló de las críticas de ICV al recordar que los ecosocialistas tienen presencia en el Área Metropolitana. “De una forma u otra los catalanes acabaremos pagando”, mantuvo el portavoz Santi Rodríguez.

Desde la plataforma Agua es Vida, Eloi Badia acusó al Gobierno catalán de “violar” la ley orgánica de gestión tributaria del agua “ya que supone una pignoración y una privatización de un impuesto ambiental”.

Font: El Pais