Una propuesta impulsada por ICV-EUiA logró ayer de forma inusitada el respaldo unánime del pleno del Área Metropolitana de Barcelona (AMB). El efecto: las compañías del agua no podrán cortar el suministro a clientes con dificultades económicas en los 36 municipios que integran la corporación, gobernada por CiU y el PSC. Este acuerdo llega cuando el debate sobre pobreza energética se encuentra en pleno auge por el impacto de la crisis y después que en 2012 se produjeran 72.039 procedimientos para dejar sin agua a los hogares que no habían podido asumir el coste de la factura, cifra que previsiblemente crecerá durante 2014.

Después de poner en marcha una tarificación social para las familias con menores recursos, la AMB ha decidido dar un nuevo paso y cambiar su protocolo de actuación, que hasta ahora daba pleno poder a las operadoras de forma casi automática. Los pasos eran los siguientes: un cliente no podía pagar la factura; la compañía avisaba a la entidad metropolitana para poder cortar el suministro; esta, por la vía del silencio administrativo, permitía a las suministradoras el corte. Con el nuevo procedimiento aprobado por la AMB, los casos de clientes que ya se beneficien de la tarifa social serán analizados por el Área Metropolitana de Barcelona. A partir de ahí, los servicios asistenciales de cada municipio tendrán que elaborar un informe que, dependiendo de la conclusión, impedirá a las familias quedarse sin agua.

El Gobierno metropolitano no ha ido a solas en la aprobación de este nuevo protocolo. Va de la mano de compañías suministradoras y de los Ayuntamientos, que se han convertido en los principales financiadores de las familias con problemas y que se convertirán en la ventanilla donde solicitar la amnistía del recibo del agua. En todo caso ese será uno de los posibles finales de un proceso que tiene previstas más salidas.

Los servicios sociales municipales seguirán liderando el proceso. Sus asistentes sociales serán los responsables de emitir en un plazo de 15 días los informes que servirán a los ciudadanos para eludir las facturas. Actualmente ya emiten el mismo tipo de informes requeridos por la Generalitat para evitar el corte de electricidad y gas durante el invierno y que, curiosamente, dejó fuera el agua.

De forma previa a la amnistía, las tres partes implicadas canalizarán los casos de cada familia para ver si cumplen los requisitos necesarios para beneficiarse de la nueva tarificación social que aprobó la corporación en noviembre pasado y que permite rebajar un 25% la parte fija de la factura y del primer bloque de consumo. Una vez confirmados esos casos, se podrán iniciar negociaciones con las suministradoras para intentar aplazar los pagos bimensuales o ir asumiendo las facturas parcialmente, mes a mes, manteniendo el suministro. Si se da por hecho que no pueden pagar, quedarán excluidos de la responsabilidad.

De momento, todo apunta a que municipios y compañías suministradoras continuarán asumiendo con sus fondos sociales parte de la morosidad de los particulares. Agbar, que suministra agua a 23 de los 36 municipios que forman parte del AMB, anunció la semana pasada que el año pasado pagó los recibos de 9.000 familias a través de su Fondo de Solidaridad, canalizado a través de Cáritas, Cruz Roja y Fundación Mambré. En ese caso, los beneficiarios son perceptores de la Renta Mínima de Inserción (Pirmi). En el caso del AMB, los requisitos económicos que mandan para otorgar la tarifa social son los mismos que dicta la Agencia Catalana del Agua para otorgar el canon social.

En paralelo a la aprobación de esta medida, el Área Metropolitana deberá mantener la comisión de trabajo que acordó crear en mayo pasado para crear una fórmula de recibo del agua en la que las tarifas estén vinculadas a las capacidad adquisitiva de los clientes, mediante los niveles de renta.

Font: El Pais