De estos más de 140 millones transferidos desde 2008, un total de 99 millones se han destinado a financiar un millar de obras realizadas en 500 municipios de todo Aragón; 23 millones en cuatro plantas, una red de colectores y dos balsas de almacenamiento para la gestión y tratamiento de purines; 16 millones en asistencias técnicas para redacción de proyectos y estudios complementarios, direcciones de obra y la gestión de expropiaciones (incluido el coste de las mismas) de las más de 400 actuaciones de los dos grandes planes de depuración: el Plan Especial y el Plan Pirineos.

A cambio de estas transferencias, el Gobierno de Aragón se comprometía a acometer las actuaciones de ambos planes, que se abordaron en mandatos pasados mediante el modelo de concesión de obra pública. En la reunión, se han analizado los costes de explotación de las estaciones depuradoras de aguas residuales y se han avanzado las actuaciones previstas.

Por lo que se refiere al Plan Pirineos, desde el Instituto Aragonés del Agua se está trabajando en la solución de los problemas que se han planteado con las empresas concesionarias debido a los problemas de financiación que han sufrido durante estos últimos años.

Respecto al Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA), se ha recordado que a partir del 1 de enero de 2016 la recaudación se realizará por parte del Instituto Aragonés del Agua, tal como fija la legislación vigente. Hasta ahora, son los ayuntamientos y resto de entidades suministradoras las que repercuten el importe del tributo a los usuarios de agua, conjuntamente con el recibo periódico correspondiente al abastecimiento, para después transferirlo al Instituto. Este cambio legal atiende una reivindicación planteada durante los últimos años por parte de los ayuntamientos, ha señalado el Gobierno de Aragón en una nota de prensa.

Ante el interés de la RAPA por la cuestión de la gestión del cobro del impuesto, desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad se ha explicado que se ha encargado a una empresa por la “imposibilidad” de realizarla con medios propios de la Administración.

En la reunión se ha recalcado asimismo que el hecho imponible del impuesto es la producción de aguas residuales y que la recaudación se destina íntegramente a la depuración y prevención de la contaminación. No se trata por tanto de una tasa por la prestación de un servicio de depuración, por lo que no procede establecer una relación directa entre lo que se ingresa en cada municipio y lo que se paga por el mantenimiento de la estación depuradora de aguas residuales.

Las tarifas del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas deben aprobarse por las Cortes de Aragón, en la Ley de Presupuestos. Son tarifas comunes para todo el territorio de la comunidad que cuentan con bonificaciones de carácter social, pues los domicilios donde residen perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción están exentos de soportar este impuesto.

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