Nuevo varapalo judicial a la adjudicación de Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y ahora del Tribunal Supremo, que ayer hizo pública una sentencia con la que desestimaba la suspensión cautelar demandada por la empresa Aigües de Catalunya –la sociedad a través de la cual el consorcio liderado por Acciona se hizo con el concurso- de la resolución del Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat (OARCC), contraria a la mayor privatización ejecutada nunca por el Gobierno autonómico. Es decir, según el fallo conocido ayer, Aigües de Catalunya debería quedarse sin el contrato para que este pasase a manos de Agbar, la otra compañía que pujaba en el concurso.

La Administración catalana y la constructora de la familia Entrecanales están convencidas de que no tendrán que dar su brazo a torcer hasta que haya sentencia en firme sobre los recursos contenciosos que analizan el fondo del asunto y no de las medidas cautelares. Ese caso esta todavía lejos: el TSJC no ha dictado sentencia y después, en caso de que fuera contraria a la adjudicación, el caso subiría hasta el Supremo. El segundo accionista de Aigües de Catalunya, el banco brasileño BTG Pactual, asume en sus cuentas que ganará el litigio en el Supremo y por eso no ha provisionado la inversión efectuada, de la que se han pagado más de 300 millones de euros.

En todo caso, la primera sentencia del Tribunal Supremo sigue la estela del TSJC y apuesta por revocar la adjudicación pese a reconocer que “versa sobre la adjudicación de un contrato particularmente relevante ya que se refiere al abastecimiento de agua a cientos de miles de personas y posee una enorme trascendencia económica tanto para las dos agrupaciones que participaron en la licitación cuanto para la Generalidad de Cataluña”.

Los servicios jurídicos del Ejecutivo de Artur Mas siempre han defendido la forma cómo se adjudicó el concurso y el perjuicio económico que generaría sobre las arcas publicas su anulación. Los consejeros Andreu Mas-Colell y Santi Vila remitieron una carta a Acciona y BTG Pactual garantizando la indemnización en el caso de que tuvieran que revertir la adjudicación, lo que supondría unos costes millonarios para una operación valorada en 1.000 millones de euros que llegarían en un momento crítico para la tesorería autonómica. Pero el Supremo cree que ese es un argumento que se puede leer también de forma opuesta: en el caso de que la sentencia definitiva sea contraria a los intereses de la Generalitat, contra mas tiempo pase mas serán los perjuicios económicos que deberán asumir los contribuyentes. “Si no se puede desconocer que serán notables de no suspender cautelarmente la resolución impugnada y luego se dictare una sentencia estimatoria, tampoco se puede negar que tendrán una dimensión semejante, cuando no superior si, concedida la medida cautelar ahora y, por tanto, mantenida la situación de hecho que se prolonga desde el 1 de enero de 2013, la sentencia que finalmente se pronunciare desestimara las pretensiones de ACL y confirmara la legalidad de lo resuelto por el OARCC”, reza la sentencia.

Mientras Agbar continua presionando para que la Generalitat de el paso de anular la sentencia. El ultimo lo efectuó hace unas semanas, cuando pidió al TSJC que obligara a la Generalitat a acatar la resolución del OARCC. Pero sigue esperando.

Font: El País