Aqualia denuncia que la creación de la nueva sociedad no se ha hecho con un proceso abierto

El lío del negocio del agua en Cataluña continúa engordando. Mientras Agbar impugna la privatización de Aguas Ter-Llobregat adjudicada a Acciones, esta semana ha sido Aqualia, del grupo FCC, la que ha impugnado la creación por parte del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) de una empresa mixta para gestionar el ciclo integral del agua en 23 de sus 36 municipios. Se suma así a Aguas de Valencia, que también ha solicitado anular la operación, que ofrece a Agbar el 85% de la sociedad, que compartirá con la AMB.

En su texto, y tal y como ya manifestaron múltiples organismos durante el periodo de alegaciones, FCC denuncia que la AMB utiliza la creación de una sociedad mixta para “legalizar la gestión ya operada por Agbar” en los municipios donde suministrará el agua la nueva sociedad.

Aqualia considera erróneo que la AMB sostenga que la adjudicación a Agbar se base en que esta “ya goza de algunos derechos exclusivos” para otorgarle la mayoría en la nueva compañía, afirmación que el escrito presentado considera “una falacia”. El documento denuncia que Agbar y algunas de sus filiales “está prestando sin solución de continuidad ni licitación, desde tiempo inmemorial y en varios de los municipios metropolitanos” su servicio de suministro de agua en la provincia de Barcelona con títulos que “no la habilitan actualmente para prestar el servicio, ya sea porque no es ese su objeto, ya porque quedaron extinguidos hace tiempo”, si se atiende a la actual legislación.

El recurso de Aqualia también busca amparo en el Reglamento de Obras, Actividades y Servicios de las Entidades Locales que aprobó la Generalitat en 1995. Según este, al no ser Agbar la única operadora en la gestión del agua en la región, la corporación municipal debería haber planteado la creación de una sociedad cuya participación privada se hubiera decidido “mediante suscripción pública o por concurso de iniciativas”, para asegurar “la libre concurrencia y la igualdad de oportunidades”. En cambio, el gobierno del Área Metropolitana resolvió dar solo entrada a Agbar.

Aqualia también critica que la creación de la nueva compañía va a suponer mayores costes pese “a realizar la misma gestión, con los mismos medios y operando los mismos activos”. Cuantifica esos sobrecostes en más de 50,8 millones de euros.