Joan Gaya Fuertes

La gestión del agua está siendo piedra de toque de los nuevos tiempos. La profunda crisis económica iniciada hace 10 años dejó un tercio de la población en la cuneta y ha empobrecido a buena parte de la clase media. La recuperación no nos lleva a donde estábamos sino a otros horizontes que consolidan el desequilibrio estructural, pues la participación de los salarios en la formación de riqueza queda reducida y en cambio ha aumentado la contribución de las rentas del trabajo a la tributación pública. La riqueza de unos pocos crece y es, a la vez, más insolidaria. El futuro de muchos jóvenes, es, como mínimo, incierto, así como la calidad y sostenibilidad de las prestaciones sociales básicas.

Esas condiciones ponen en cuestión el pacto social de la transición y están en la base de los nuevos movimientos sociales que aparecieron con la crisis, que van madurando en sus distintas expresiones políticas y en algunos de los paradigmas que se formulan desde ellas.

Ese es el caso de la participación pública. El ciudadano ha observado el desastre y ha tomado distancia. Las instituciones surgidas de la transición han sido puestas en cuestión por buena parte de la ciudadanía para la que la representatividad democrática no es garantía suficiente de defensa del interés público.

El mundo del agua, en realidad, tiene tradición participativa. Las confederaciones hidrográficas nacieron hace casi un siglo como órganos desconcentrados del Estado en los que los grandes usuarios del agua, regantes y empresas energéticas, defendían y conciliaban sus intereses en torno al agua. Es notable que en un estado fuertemente centralizado apareciera un modelo confederal y participativo que, a su manera, sigue funcionando 90 años más tarde.

¿Entonces? La gran novedad es la aparición de un nuevo sujeto público, el ciudadano, y en un contexto político democrático. Y, en relación al agua, la eclosión de los usos urbanos, no sólo por su volumen sino por su prioridad y las garantías asociadas –de disponibilidad, calidad, continuidad- es decir el coste asociado, que multiplica el de los usos tradicionales mayoritarios. A ello hay que añadir las políticas ambientales que han inducido restricciones de uso en forma de caudales ecológicos y nuevos costes de saneamiento. Y, al menos en nuestra geografía mediterránea, la conciencia de escasez del recurso, que exige su uso prudente. La administración de la escasez comporta costes añadidos y la evidencia del cambio climático aumenta el dramatismo de esos retos.

A esos cambios apenas se han adaptado las confederaciones, que siguen dedicadas esencialmente a los regantes y a las empresas energéticas, y extendiendo regadíos más allá de las necesidades estratégicas de garantizar la alimentación de nuestra población.

El sector privado del agua, cuya actividad se ha desarrollado durante décadas con muy poco control, ha comprendido la oportunidad abierta y pugna por un marco en el que el servicio público del agua urbana pase a ser un servicio de mercado con una regulación estatal, a la manera del mercado eléctrico o el de las telecomunicaciones. Eso no tiene que ver ni con las demandas sociales ni con las posibilidades no exploradas de la autoridad hidráulica.

Además, la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de garantizar el acceso universal a los servicios básicos y el control de los costes asociados a las tarifas.

Pues bien, ese conjunto de factores –ausencia de política hidráulica urbana, escaso control económico de las concesiones, necesidad de garantizar el acceso universal, opacidad del sector privado y, en definitiva, desconfianza en las instituciones que nos llevaron a la crisis, explican, a mi modo de ver, la demanda de participación pública. Esa demanda debería resolverse de forma eficaz a medida que las nuevas generaciones de dirigentes políticos utilicen a fondo las posibilidades de control público de modo que las relaciones entre gobernantes, gestores y ciudadanos recuperen o adquieran, según los casos, la transparencia y la confianza perdidas.

Gobierno, gestión y participación constituyen el triángulo mágico de lo que se ha venido en llamar gobernanza. En mi opinión, la demanda de participación como forma natural de compromiso ciudadano es escasa y sólo se observa en sectores minoritarios muy sensibilizados. La mayoría de la gente desea que los servicios funcionen y agradecen poder confiar en los responsables políticos y los gestores públicos. Me parece que la demanda masiva de participación, cuando se da, es más bien un síntoma de que algo no funciona. Cuando eso sucede, no sólo hay que atenderlo sino que hay que resolverlo de forma estructural.

Por otra parte, debe delimitarse el concepto para evitar equívocos: participación opino que es el derecho a ser escuchado y a recibir una respuesta motivada por parte de quien debe tomar las decisiones. Y en sociedades como las europeas, las decisiones las toman los responsables elegidos por sufragio, que tienen esa responsabilidad y la de rendir cuentas.

No hay duda, las democracias sanas requieren ciudadanos activos, y por lo tanto participativos, tanto como confiados en sus instituciones. Los nuevos movimientos sociales surgidos de la crisis han dado lugar a nuevas expresiones políticas que tienen eso muy claro y que merecen el margen de confianza que han podido perder en ocasiones los partidos tradicionales.

Font: iAgua