La Fiscalía ha solicitado la imputación del alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Alfonso Candón (PP), por su participación en supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos al haber votado en el consejo de administración de Aguas del Puerto Empresa Municipal (Apemsa) la prórroga, durante seis años y sin concurso, de concesiones de obras a la firma Aqualia, del grupo FCC.

La concesionaria recibió contratos para la obra de ampliación del tanque de tormentas (el depósito que recoge las aguas pluviales) y el mantenimiento de la estación de bombeo de la ciudad. Apemsa justificó entonces la renovación automática en la necesidad de compensar a la empresa ante la necesidad de realizar obras de mejoras, a pesar de la falta de liquidez del Ayuntamiento para ejecutarlas.

El decreto de la fiscalía detalla en un escrito de 22 folios que la relación de Apemsa con la empresa “no puede tener carácter perpetuo o indefinido”, por lo que entiende que se habría hecho necesaria la apertura de concursos públicos en defensa de los intereses de la ciudad.

El fiscal denuncia estos hechos ante el juzgado Decano de El Puerto y pide la apertura de diligencias para la toma de declaración “en calidad de imputados” a los responsables de la empresa de aguas de El Puerto y los seis miembros del consejo de administración que apoyaron las prórrogas, en las reuniones celebradas en agosto y diciembre de 2010, momento en que el PP ya gobernaba en la ciudad.

Entre los representantes del PP que dieron su voto favorable figuraba el hoy alcalde y diputado en el Congreso, Alfonso Candón, que entonces era consejero, y el exalcalde portuense y, en aquel momento presidente además de Apemsa, Enrique Moresco, hoy retirado de la actividad municipal.

El fiscal excluye a los miembros de la oposición, que rechazaron las prórrogas y advirtieron de la posible ilegalidad de la acción. También pide que declaren en calidad de testigos los técnicos que justificaron la necesidad de realizar las obras.

La fiscalía responde a una denuncia presentada por la plataforma local contra la privatización de Apemsa, que precisó que, como resultado de las renovaciones, Aqualia se habría embolsado 30,2 millones de euros.

Además de la prórroga de concesiones, el Ayuntamiento aprobó en julio de 2013 la venta del 49% de Apemsa a Aqualia, que tendrá consideración de “socio tecnológico” durante los próximos 25 años a cambio de 20 millones de euros.

El alcalde portuense aseguró ayer, una vez difundida la petición del fiscal, que su voto y el de sus compañeros estuvieron basados en “informes técnicos que no apreciaron irregularidad alguna”. Candón dijo sentirse “tranquilo” y a la espera de poder conocer más detalles del decreto de la fiscalía que, según su versión, no había llegado ayer al Ayuntamiento.

Candón recordó que, en el supuesto de que el juez estime la petición del fiscal, abriendo diligencias, el asunto deberá ser visto en su caso por el Tribunal Supremo, dada su condición de aforado al ser miembro de la Cámara baja.

La petición de imputación se conoció ayer, al mismo tiempo que la nominación de Candón como cabecera de lista del PP a la alcaldía de la ciudad en 2015.

Las concesiones cuestionadas se refieren a un tanque de tormentas y otras actuaciones en la estación de bombeo Aurora encargadas directamente a Aqualia, filial de FCC, actual concesionaria de otros servicios en la ciudad. El consejo de administración de Apemsa ofreció a la empresa agrupar y renovar a la vez los contratos de depuración, alcantarillado y tratamiento de la prisiones mediante una prórroga, sin concurso y por espacio de seis años.

Font: El País