Francesc La-Roca, Julia Martínez y Leandro del Moral

Red Agua Pública y Fundación Nueva Cultura del Agua

Introducción

El anuncio, a finales del pasado año de la dotación de un fondo europeo para la recuperación económica post-pandemia fue generalmente recibido con esperanza y grandes expectativas, dado el aparentemente elevado presupuesto que supone. Sin embargo, también ha suscitado recelos. Sobre todo, en cuanto a la posible relajación del control de ejecución presupuestaria y de las evaluaciones del impacto ambiental de las medidas y proyectos, así como de los condicionantes que acompañan el acceso a los fondos. Por otra parte, el propio volumen de los fondos anunciados, que más adelante se analizan, y su distribución entre todos los sectores y territorios implicados, ha suscitado ya comentarios que relativizan su capacidad de producir las transformaciones estructurales que se les atribuyen [1].

Las principales inversiones y reformas que el Estado español tiene previsto acometer con este fondo son presentadas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). El modelo por el que apuestan para la realización de los proyectos es la colaboración público-privada. Aunque no se detalla la forma de esa colaboración, hay que tener presente que, en lo concerniente al sector del agua –un bien común de dominio público- y más específicamente del abastecimiento de agua potable y el saneamiento, dicha colaboración no está exenta de riesgos.

Debido a su carácter de derechos humanos fundamentales, el acceso al agua potable y el saneamiento deben estar garantizados por el estado y protegidos de los riesgos que se derivan de su provisión con fines de negocio. Como ha puesto de manifiesto el relator especial de NNUU para los derechos al abastecimiento y el saneamiento, Leo Heller, la privatización comporta riesgos para el ejercicio de dichos derechos debido a la combinación de tres factores relacionados con el suministro privado de agua y saneamiento: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder [2]. En el estado español, el modelo dominante de privatización se articula a través de empresas mixtas, constituidas en la mayor parte de los municipios más poblados por unos pocos grupos empresariales. Los factores señalados por el relator Heller -junto con el de la corrupción que los acompaña (Pokémon, Caso Aquagest, Operación Lezo) – caracterizan la actividad de este sector empresarial también en nuestro país.

En este contexto, las patronales del sector insisten en reclamar fondos públicos [3] para la inversión en la renovación de las redes, construcción de depuradoras, contadores de tele-lectura y otras aplicaciones de control y gestión digitales, entre otras. Dicha demanda se fundamenta en el hecho cierto de que el abastecimiento de agua y el saneamiento son principalmente competencias municipales, pero lo que realmente están reclamando es la transferencia de fondos públicos para alimentar su negocio. Por otro lado, los desequilibrios de poder intrínsecos al modelo de partenariado público-privado, de los que alerta el informe Heller, han provocado con demasiada frecuencia la pérdida de control del socio público sobre las actividades de la empresa mixta. Con concesiones que se miden en décadas suele ocurrir que sólo en el momento de finalización del periodo concesional los municipios descubren que no se han realizado las inversiones comprometidas en el momento de la licitación, encontrando las infraestructuras de servicio en estado precario. Para el socio privado, la maximización de los beneficios es prioritaria, por lo que los ingresos recaudados a través de las tarifas se destinan preferentemente a esta finalidad, en detrimento de las obras de mantenimiento y otras inversiones.

Leer informe: La política del agua en las propuestas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. ¿Algo más que propaganda?

[1] Aportaciones de la FNCA a un análisis preliminar del proyecto de Plan de recuperación, transformación y resiliencia, principalmente desde la perspectiva del agua y los recursos hídricos, 23 abril 2021. https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/20210423_Aportaciones_FNCA_Fondos_Covid.pdf

[2]  Heller, L. (2020) Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Naciones Unidas. Asamblea General, A/75/208 https://undocs.org/es/A/75/208

[3] Pérez Zabaleta et al. (2019) Análisis de las necesidades de inversión en renovación de las infraestructuras del ciclo urbano del agua, AEAS-UNED-UPC