Fátima Aguado es la responsable de la Secretaría Internacional de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO. Ha vivido desde Europa la puesta en marcha de la Iniciativa Ciudadana “El agua es un derecho público”, impulsada por la Federación Europea de Servicios Públicos (EPSU) y también las enormes presiones de los lobistas del agua para conseguir que se facilite más y más la privatización de estos servicios. Nos traslada su visión de la situación actual en esta entrevista.

¿Estamos asistiendo a una ofensiva privatizadora de los servicios de agua y saneamiento dirigida desde Europa?

Sí. Aunque la Comisión Europea no haya tenido más remedio que excluir el agua de la nueva directiva sobre contrataciones públicas y concesiones, reconociendo expresamente que el agua es un bien público, no se ha querido mojar en la demanda que hacía la Iniciativa Ciudadana Europea de que el Agua quedara excluida de los servicios privatizables y ha dejado ese extremo en manos de cada país. La ofensiva privatizadora con el agua y con muchos más servicios públicos es enorme y las batallas se van a dar en cada territorio. En España se están privatizando los servicios de gestión del agua y la ciudadanía se está encontrando con facturas que como en el caso del municipio de Rascafría se han multiplicado por tres cuando el municipio ha contratado con el Canal Isabel II. Está también el caso de Alcazar de San Juan, donde el Tribunal Central Administrativo de Recursos Contractuales ha anulado la venta del 52% de la empresa Aguas de Alcázar a la privada Aqualia. Estamos hablando del agua pero la ofensiva privatizadora de todos los servicios que recibe la ciudadanía es una estrategia general a la que estamos intentando hacer frente desde CCOO con todas nuestras fuerzas pues supone una enorme precarización del empleo, un encarecimiento de los servicios que recibe la ciudadanía y una pérdida enorme de la calidad. Desde que empezó la crisis con esta estrategia de privatización se han perdido más de 300.000 empleos. La ausencia de transparencia es total y hemos de estar todos alerta si queremos defender los derechos de los trabajadores y de la ciudadanía.

¿Hay datos para ser optimistas? ¿parece que la ciudadanía está tomando conciencia?

No sé si para ser optimistas pero hay indicadores de que si seguimos dando la batalla podemos ganar. Uno de ellos son los casi dos millones de firmas que se han recogido en la Iniciativa Ciudadana Europea “El Agua es un Derecho Humano”. En abril de 2012, Europa se dota de una nueva herramienta para que los ciudadanos puedan incluir temas en la agenda política y utilizando esa vía el agua se ha introducido en la agenda política de la UE como derecho humano, no como negocio, pero hay que seguir luchando porque no hemos conseguido que Europa prohíba incluir el agua en las privatizaciones. Otros indicadores más importantes que nos dan la razón es que municipios como París ha recuperado los servicios del agua que habían sido privatizados. También Berlín ha remunicipalizado el agua. ¿Por qué? Porque la privatización había encarecido el servicio y la calidad del agua había descendido. Ante eso los ayuntamientos han recuperado el servicio. Empresas multinacionales como Canal Suez están perdiendo cuotas de mercado en América Latina y también en Europa, como hemos visto en París, y se vuelven hacia países como España realizando una presión enorme hacia la privatización. Suez, por ejemplo, es el propietario del 75% de Aguas de Barcelona. ¿Quién bebe en Barcelona agua del grifo? Es cierto que la calidad del Agua tiene mucho que ver con la ubicación geográfica pero se ha comprobado que la privatización redunda en pérdida de calidad allí donde se implanta. Estamos muy preocupados por iniciativas como el TTIP con las que hay una total falta de transparencia.

¿A qué te refieres con el TTIP?

Desde la aprobación del Tratado de Lisboa, la Comisión Europea tiene la potestad para negociar tratados comerciales con terceros países. En estos momentos la Comisión está negociando de manera muy oscura con Washington un futuro acuerdo de libre comercio transatlántico (TTIP) entre Europa y los EEUU, subrayando que favorecerá a las pymes, reforzará la competitividad de occidente y no rebajará los estándares medioambientales o laborales. Pero nos tememos que este acuerdo abra las puertas, entre otras cosas, a la entrada de las empresas americanas en el ámbito de salud o servicios sociales, u otros servicios públicos, cuando EEUU incumple cinco o seis convenios de la OIT que hacen referencia a los derechos de los trabajadores. Mientras tengamos una mayoría de diputados que abrazan el neoliberalismo y están dispuestos a privatizar lo público, la situación es muy peligrosa y exige lucha diaria a nivel local y en el ámbito europeo.

Autora: Berta Chulvi.

Font: Daphnia.