Han detectado una posible infracción de la directiva de residuos mineros

La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por el posible incumplimiento de la directiva europea sobre residuos mineros, con afectación a la contaminación y salinización del río Llobregat. El expediente se refiere a la acumulación de residuos salinos de la minería de potasa, que la empresa Iberpotash almacena sin impermeabilización en la montaña de sal de El Cogulló, en Sallent, que ha sido objeto de varias sentencias judiciales en su contra.

El vertedero no aplica el plan de restauración exigido, no se hizo una declaración de impacto ambiental y no cumple la legalidad urbanística, según los jueces. El portavoz del comisario de medio ambiente, Joe Henon, confirmó la apertura de este procedimiento de infracción, que es el primer paso en esta tramitación. “Se ha detectado una posible infracción de la legislación europea en la minería de Sallent”, indicó a este diario un portavoz de la Comisión.

La Comisión ha tomado esta decisión tras las denuncias recibidas a lo largo de los últimos años contra el impacto ambiental de la actividad minera así como por la falta de control y vigilancia por parte de la Administración catalana.

Los promotores de la denuncia sostienen que además de incumplimiento de las obligaciones legales sobre residuos salinos, la Generalitat se ha mostrado inactiva administrativamente y ha contribuido a la intensificación del riesgo ambiental no permitido. La empresa Iberpotash es la filial española de la israelí ICL, que explota en Catalunya las minas de potasa de Súria y Sallent.

Investigación preliminar

La Comisión lanzó en su día una investigación preliminar, que incluyó el envío de las denuncias recibidas, junto con un pliego de preguntas, que contestó la Generalitat, aunque no han sido argumentos suficientes para frenar el proceso.

Esta apertura de expediente de infracción es el paso necesario de un procedimiento cuyo punto final podría ser el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo, quien vela por el cumplimiento de las directivas europeas vigentes en los estados miembros.

De confirmarse que España ha incumplido sus obligaciones, podría sufrir un abanico de condenas y sanciones muy amplio, que van desde las puramente económicas a la reclamación de responsabilidades al más alto nivel. El estado español tendrá dos meses para contestar a la carta de emplazamiento.

Actividad de Iberpotash

Iberpotash extrae en las minas de Súria y Sallent potasas que generan entre 1 y 2 millones de toneladas anuales de residuos salinos, que actualmente deposita al aire libre en dos escombreras, que acumulan ya más de 70 millones de toneladas, y que generan graves perjuicios ambientales, según las organizaciones cívicas denunciantes.

Estos dos vertederos, uno de los cuales alcanza los 500 metros de altura, el de El Cogulló, agravan la salinización del río Llobregat, el primer abastecedor de agua a la región metropolitana de Barcelona. Su impacto ha obligado a la Generalitat de Catalunya a invertir más de 200 millones de euros de dinero público en instalaciones de filtros para depurar y potabilizar las aguas del Llobregat. Es dinero que han pagado en gran parte los usuarios en el recibo del agua, por lo que en este caso, según los expertos consultados, no se cumple el principio de que “quien contamina, paga”.

Colector de salmueras

La tubería que hace de colector-receptor para recoger las salmueras (que vierten en el mar) se rompe con frecuencia y produce vertidos que han dañado diversas zonas, que han resultados salinizadas.

Distintos colectivos sociales y particulares vienen denunciando desde hace años que la Generalitat, Administración responsable de hacer cumplir la legislación medioambiental, ha tolerado la acumulación citada de residuos, y sus efectos dañinos sin exigir con éxito las medidas de protección medioambientales necesarias.

Desde el año 2011, Iberpotash ha recibido varias sentencias desfavorables a su actividad en materia medioambiental entre las cuales cabe destacar las del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que obligaba a la empresa a presentar un plan de restauración y a la Generalitat de Catalunya a fijar una fianza acorde a la actividad.

Otros fallos sentenciaron que El Cogulló carecía de autorización ambiental y de idoneidad urbanística, lo que ha dejado el depósito de en la escombrera del Cogulló en la ilegalidad, aunque los vecinos han evitado reclamar que se ejecute la sentencia, para no perjudicar los puestos de trabajo.La empresas ha ido recurriendo todas las sentencias judiciales ante instancias superiores.

Próximo juicio

Además, a finales del pasado mes de mayo se fijó fecha para el primer juicio penal contra la empresa y sus ex directivos, que se sentarán en el banquillo de los acusados en los juzgados de Manresa por presunto delito ambiental. El juicio, previsto para el mes de diciembre de este año, llega después de un procedimiento que se inició en 1997 a partir de unas investigaciones llevadas a cabo por la propia Fiscalía.

Los ex directivos de la empresa se enfrentan a penas de hasta 3 años y medio de cárcel así como a la debida reparación de los daños y perjuicios causados en la zona. La sentencia deberá igualmente decidir sobre la petición de paralizar los vertidos contaminantes de las aguas provenientes de las escombreras.

Por otra parte, la Fiscalía de Medioambiente ha vuelto a abrir diligencias contra Iberpotash a raíz de la denuncia presentada el pasado mes de febrero por Sebastià Estradé ante el Fiscal General del Estado contra la empresa y la Generalitat de Catalunya, a quien acusa de pasividad y de cometer un delito de prevaricación ambiental a favor de Iberpotash. Estradé también ha sido uno de los denunciantes ante la Comisión Europea.

Finalmente, Iberpotash también fue denunciada en 2013 por competencia desleal por la patronal AFASAL (asociación que reúne a los fabricantes de sal españoles) a la que pertenece, ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC).

AFASAL denunció si los posibles incumplimientos ambientales y ayudas encubiertas recibidas podrían suponer una vulneración de la normativa de competencia. Se está a la espera de un pronunciamiento al respecto por parte de la CNC.

Grupos medioambientalistas de la zona, como Prousal, y Montsalat y “Col.lectiu Ecologista l’Alzina” llevan años denunciando la contaminación en la zona y a ellos se ha sumado la recientemente creada Plataforma en Defensa del Patrimoni Natural de Catalunya, que reúne a más de 70 entidades ecologistas, colegios profesionales y universidades para demandar, unidos por primera vez, un cambio de políticas para detener el deterioro del patrimonio natural catalán.

Font: La Vanguardia