Durante la crisis sanitaria del coronavirus, el Gobierno progresista ha hecho una divisa del “No dejar atrás a nadie”. En esta línea están las medidas tomadas en el plano laboral y social, desde los ERTEs, a la protección de autónomos, el Ingreso Mínimo Vital (IMV), la moratoria frente a desahucios, alquileres y la garantía de los suministros básicos de agua, gas y electricidad. 

Ha sido muy loable la voluntad del Gobierno del PSOE-Unidas Podemos de construir un “Escudo social” para intentar proteger a la población en estos tiempos difíciles. Los problemas que ha habido en su implementación, por ejemplo en el reconocimiento del IMV o en el cobro de los ERTE, incluso se pueden intentar explicar por la debilidad de una administración sometida a fuertes recortes de empleados públicos (43.000 menos en la última década).

Pero, incomprensiblemente, el Gobierno no ha renovado la moratoria, con lo que permite que se interrumpan por impagos suministros como el agua, la electricidad y el gas. Las consecuencias, si no se corrigen, son evidentes: un alud de cortes de servicios fundamentales para las familias que pasan dificultades económicas por muchos motivos, incluido el retraso en la percepción de las ayudas del Gobierno. Otra consecuencia es el peligro de pasar un otoño y un invierno en el que las bajas temperaturas pueden potenciar la expansión del virus, además de aumentar la penalidad de las personas.

¿Qué ha podido pasar para que el Gobierno de Pedro Sánchez no haya prorrogado la moratoria? ¿Por qué ahora se deja desprotegidas a las familias que no pueden pagar los suministros cuando existen las mismas circunstancias de desempleo y pobreza? Evidentemente las razones están en las presiones de las grandes empresas suministradoras. En el caso del agua ya lo intentó en abril el lobby de grandes empresas multinacionales que factura 3.500 millones de euros al año y que está en permanente actitud de depredación. Se puede ver su actitud mezquina en la carta del 3 de abril que la Asociación de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) dirigió a la Ministra de Transición Ecológica pidiendo la suspensión de la prohibición de los cortes de agua por los perjuicios comerciales que le podría producir. Entonces se paró la intentona, pero ahora parece que la actitud insolidaria y egoísta de las grandes compañías ha tenido más éxito.

El Gobierno tiene que demostrar que tiene una voluntad irrefrenable de protección en todos los casos. Sin ánimo de molestar a nadie, ceder a estas presiones es plegarse a hacer de comparsa en un teatro donde siguen dirigiendo los mismos al margen de la voluntad popular. Cuando amaine la pandemia, quedará el recuerdo y más vale estar orgullosos de lo hecho y que no haya páginas de vergüenza que nos tiñan de melancolía sobre lo que fue y sobre lo que pudo ser. Hay demasiados millones de personas pobres y con dificultades en España como para olvidarse de ellas. En esta historia hemos entrado juntos y tenemos que salir juntos, salvando el mayor número de vidas posible y tirando de políticas laborales y sociales.

La actitud insolidaria de las empresas vuelve a poner encima de la mesa la incompatibilidad de conciliar el derecho humano al agua con el lucro y el negocio. De ahí que una tarea que no puede esperar, dado el horizonte de reducción de recursos hídricos por el cambio climático y el mal uso que se hace de los actuales, es la titularidad y gestión pública del agua en España y la remunicipalización de los servicios privatizados.

He tardado en escribir estas notas para dar la oportunidad al Gobierno de reunirse con las organizaciones Red Agua Pública, Ecologistas en Acción y Alianza Contra la Pobreza que han pedido una reunión a la vicepresidenta Teresa Ribera para recuperar la moratoria. Me he decidido a hacerlo al no haber respuesta (aún) y porque desde el 1 de octubre hay personas desprotegidas y no puede haber silencio. No quiero que nadie se escude para justificarse en aquello que decía Martin Walser: “Cuando sucedía lo que ahora decimos que sucedía no sabíamos que sucedía”.

Valoro, y mucho, la acción de este Gobierno sometido a los embates de intransigencia de la derecha y ultraderecha. Pero el agua es una parcela más de eso que llamamos el bien común y no una mercancía. Y cobra más importancia ahora, cuando hemos visto que la nueva normalidad no era más que un espejismo, que el estado de alarma (aunque no sea formal) no es una excepción sino que puede ser la regla. Por eso, este tipo de medidas definen el espacio político y hasta moral de la sensibilidad de un Gobierno.

El Gobierno debe volver a prohibir los cortes de agua, gas y electricidad si quiere hacer honor al apellido de “progresista”. Porque el agua es un derecho humano según Naciones Unidas y se debe asegurar su disponibilidad a toda la población siempre y, más aún, cuando es fundamental la salud e higiene para combatir la COVID-19. Y porque si el Gobierno del PSOE y Unidas-Podemos no repara este atropello y recupera la moratoria de no interrumpir suministros esenciales, no podrá decir que no deja atrás a nadie. Y ello le acabará pasando factura, ya que la obligación de la izquierda es proteger más a los más vulnerables, a los que menos tienen, a los que más lo necesitan. Debe ser su compromiso moral y político.