La actuación pública frente a la privada empieza a liberarse de estigmas. Después de algunos años en los que se ha considerado la iniciativa de la administración como menos eficaz y más cara que la de las empresas, algunas resoluciones y propuestas municipales y parlamentarias han vuelto a reivindicar su papel. La última, una iniciativa de IU que replantea la creación de un ente público de crédito en Andalucía. Un informe de la Cámara de Cuentas sobre el sobrecoste de obras ejecutadas por entidades privadas y resoluciones municipales para recuperar servicios, como la basura de Madrid o el agua en decenas de ciudades, han reabierto el debate.

IU ha registrado en el Parlamento una propuesta para la creación de una sociedad mercantil del sector público andaluz, en forma de sociedad anónima, cien por cien pública, con la denominación de Ente Público de Crédito de Andalucía (ECA). La creación de esta entidad ya se pactó con el PSOE en la pasada legislatura.

El objetivo, según la iniciativa parlamentaria, impulsar y favorecer en Andalucía la puesta a disposición de emprendedores, autónomos, entidades de economía social, no lucrativas, así como de las empresas, de instrumentos financieros eficientes, accesibles y diversificados de acuerdo a sus necesidades de financiación.

El coordinador de IU, Antonio Maíllo, defiende que esta entidad, que estaría dotada con 18 millones de euros, permitiría aflorar líneas de financiación que aún están restringidas en el mercado bancario y al margen de la especulación.

IU también va a llevar al Parlamento una moción para sumar Andalucía al Pacto Social por el Agua, una iniciativa que defiende un modelo público y sostenible de gestión y que prevé, entre otras medidas, prohibir la utilización de los cánones concesionales (el dinero que prestan las empresas a cambio de la gestión del agua), la regulación de los mismos en caso de que no sea posible su supresión y auxiliar a los entes locales que quieran iniciar procesos de remunicipalización del servicio del agua.

El Ayuntamiento de Córdoba, gobernado por PSOE e IU, tiene previsto esta semana sumarse a esta iniciativa que ya se ha aprobado en Barbate, Jerez, El Puerto, Sevilla, Vitoria, Ferrol o Miranda de Ebro, entre otras muchas.

El principal argumento para estas iniciativas lo ha dado de forma involuntaria la Cámara de Cuentas de Andalucía tras analizar dos obras realizadas en Andalucía con la participación de empresas: las líneas de metro de Sevilla y Málaga, que han supuesto para la Junta 2.486 millones más de los previstos, un 75% y un 112% por encima de lo presupuestado.

Según este informe, la inversión pública puede ser más económica, más eficaz y más transparente que la realizada en colaboración con las empresas privadas. Además, considera que la participación de estas debe ser consecuencia de un estudio previo que lo justifique y analice también la opción de ejecución por parte de la Administración.

En Madrid, donde todos los servicios están externalizados, la alcaldesa, Manuela Carmena, ha manifestado que su voluntad es ir analizando posibles cambios a esa situación a medida que vayan venciendo los contratos

Font: El País