Font: El País

La agencia reabre la guerra del agua con un expediente, mientras Santi Vila trata de pacificar el conflicto y la compañía habla de “expropiación forzosa”

Una nueva batalla ha recrudecido la guerra del agua entre la Generalitat, por un lado, y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Agbar, por el otro. La Agencia Catalana del Agua (ACA) ha iniciado un expediente para retirar a la compañía cerca de 30 concesiones que utilizaba para abastecerse de agua en el río Llobregat, además de la planta potabilizadora de Sant Joan Despí, que construyó en 1953. La ACA considera que “las circunstancias que determinaron su cesión han sido superadas” por diferentes factores ocurridos en las últimas décadas; entre ellos, la reciente privatización de Aguas Ter-Llobregat (ATLL).

El propósito del consejero de Territorio, Santi Vila, de pacificar el conflicto ha topado con un nuevo obstáculo activado por la ACA antes del cambio del Gobierno, cuando su predecesor, Lluís Recoder, enfilaba la puerta de salida del Ejecutivo catalán.

La agencia autonómica considera que los pozos de agua y la planta potabilizadora forman parte de la gestión del ciclo de agua en alta —el que cubre desde la captación en cabeceras de los ríos hasta los depósitos municipales—, de competencia autonómica, y que, por tanto, ha de ser la Generalitat quien los explote, a través de ATLL, y no Agbar, que solo se debe de encargar de suministrar el agua desde los depósitos hasta los hogares.

Más de una veintena de las concesiones afectadas son de antes de 1960; algunas, incluso, del siglo XIX. Por ello, la ACA considera ahora que han cambiado mucho las cosas desde entonces: existen más infraestructuras hidráulicas, la red de abastecimiento del río Llobregat no es independiente sino que está plenamente conectada con la del Ter y, como consecuencia, es necesario que todas ellas se gestionen de forma integrada, para lo que se creó ATLL en 1990. Esa gestión integrada, dice la agencia, podría suponer una rebaja de los costes y, por tanto, del recibo del agua. En cambio, Agbar incrementaría su dependencia del agua de ATLL.

a ACA aprovecha para arremeter contra la operadora por haber introducido cambios “unilateralmente y sin autorización previa por parte de la sociedad concesionaria” en el uso de las concesiones.

El expediente es una amenaza para Agbar, pero también un torpedo apuntando a la línea de flotación del convenio firmado por el AMB y Agbar para constituir una sociedad mixta encargada del suministro del agua a los hogares de 23 municipios del área metropolitana, incluida Barcelona. En virtud de ese acuerdo, la compañía que preside Ángel Simón controlaría esa compañía al quedarse el 85% de su capital y a cambio de ello aportaría activos a la nueva sociedad, entre los que se encuentran los títulos de las concesiones en litigio.

El convenio AMB-Agbar fue polémico y acumula recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Las competidoras de Agbar denuncian que se haya firmado sin ni tan solo haber abierto un concurso público y cuando no está claro que la compañía esté prestando el servicio con contratos en vigor. La Generalitat también acudió al contencioso, pero en su caso para acusar a la AMB de arrogarse competencias autonómicas en gestión del agua en alta. Uno de los documentos aportados por la ACA al expediente afirma que todas las instalaciones utilizadas para la prestación del servicio de abastecimiento en alta, públicas o privadas, “restan sujetas a reversión de la Generalitat libres de cargas”. Mientras, Agbar habla de “expropiación forzosa sin seguir el procedimiento legalmente establecido”.

Agbar demanda el archivo de todo el proceso, al considerar que el expediente de la ACA es “confuso” en cuanto a “su objetivo y a la potestad ejercida” por la ACA. La compañía desconfía de los motivos argumentados por el organismo de la Generalitat, por lo que sostiene que la compañía “ha de tratar de anticiparse y averiguar las verdaderas razones perseguidas con este procedimiento”.