Polémica en una de las primeras privatizaciones

La concesión al capital privado de la gestión de Aigües Ter Llobregat (ATLL), una de las primeras privatizaciones que ha cerrado la Generalitat, ya da pie a la polémica. No sólo porque Agbar piensa impugnar la licitación que ha obtenido Acciona sino porque además, a pesar de que el precio que se aplicará a la tarifa del agua es el más bajo ofertado, el consumidor acabará siendo víctima del incremento tarifario.

La fórmula que ha escogido el Govern para sanear algunas de sus empresas públicas ahogadas por las deudas no es el más conveniente si quién acaba soportando el coste de la operación de privatización es el consumidor final, el ciudadano al que los recortes y la subida de tasas ya le están castigando suficientemente.

El pliego de condiciones para la concesión de ATLL hubiese tenido que obligar el mantenimiento del precio actual, entre otras cosas, porque en uno de los paquetes de ajuste presupuestario de la Generalitat ya se impuso una nueva regulación sobre el canon de la Agència Catalana de l’Aigua (ACA), que ha redundado en un incremento de la tarifa a los usuarios ya que muchos ayuntamientos y algunas empresas distribuidoras han repercutido parte de la revisión en la factura final.

Así, una vez más, el saneamiento de las arcas públicas recae en negativo sobre el ciudadano sin que tenga elemento alguno de defensa, ya que un producto como el agua es un bien de primera necesidad y las tarifas sociales son tan limitadas que benefician a pocas familias.