La Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la ONU en 1948 para superar el tremendo trauma que supuso la sangría de la II Guerra Mundial y el genocidio nazi sobre el pueblo judío está hoy en cuarentena. La crisis económica que nos han impuesto ha sido un pretexto para dejar sin efecto derechos básicos inherentes al ser humano. Así, si bien el artículo 1 afirma que «todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos€» sabemos que eso no pasa de ser un desideratum. Como lo es el artículo 7, el que establece que «todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley (€)». Además, hoy vienen siendo conculcados de forma sistemática por muchos Estados bienes tan básicos como el agua y la energía. En 2010, la ONU declaró el acceso al agua potable y a su saneamiento como un derecho humano básico. Pero, al día de hoy, según el Programa Conjunto de Seguimiento de la OMS y UNICEF, más de 2.500 millones de personas no pueden acceder a ese saneamiento básico.

En España, los avisos de corte del suministro de agua, según algunas fuentes, llegan a no menos de medio millón de familias al año, mientras que, según la Cruz Roja, cuatro de diez familias no pueden calentar sus hogares, pues con 326 euros al mes no pueden pagar los suministros. Por ello, en Andalucía, en aquellos Ayuntamientos en donde gobierna IU, esta fuerza política se ha propuesto garantizar la luz y el agua como servicios esenciales.

La sociedad civil se está organizando. El pasado miércoles día 21 asistí en Murcia a un acto convocado por la Asamblea Paz-Fama-Vistabella para conocer las actividades conjuntas de varios colectivos sociales para garantizar el acceso al agua, la electricidad y el gas a la población. En el mismo, Miguel Ángel Alzamora, portavoz de dicha asociación, resumió la trayectoria de esta Asamblea para garantizar el suministro básico del agua a familias necesitadas, e informó de que se ha constituido en la capital la Asamblea Agua Pública 100%, que acaba de nacer, y a la que están vinculadas veinticinco organizaciones. Pese a que el ayuntamiento de Murcia puso en marcha un fondo social, ello no ha impedido que se sigan dando cortes de agua, que se intenta que queden sin efecto con la presión vecinal.

En el mismo acto, José López Cosín, miembro de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH, de Mollet del Vallés y de la Alianza contra la Pobreza Energética, constituida en enero de este año, nos habló de acciones contundentes llevadas a cabo en Cataluña ante empresas como Endesa, a la que se exige que no lleve a cabo cortes del suministro eléctrico a las familias necesitadas. Nos habló también de la presentación de mociones en todos los Ayuntamientos catalanes así como de la presencia de muchas familias afectadas ante los mismos, lo que ha llevado a la Generalitat a aprobar una tregua en la morosidad del pago del suministro eléctrico, tregua que se está pidiendo que se amplíe a todo el año.

Por su parte, María Giménez Casalduero,  jurista y miembro de las Asambleas Paz-Fama-Vistabella y Agua Pública 100% Región de Murcia, aunque advirtió, de entrada, que cortar el suministro de agua por impago es legal, afirmó también que el ordenamiento jurídico español gestiona este suministro básico desde un punto de vista ambiental y de intereses políticos, sin un contenido mínimo de justicia social. En la legislación española no está presente el derecho subjetivo al agua, ni en la Constitución ni en la Ley de Aguas. Nos puso al corriente de la puesta en marcha de una Iniciativa Ciudadana Europea, que lleva recogidas más de dos millones de firmas para garantizar este derecho humano básico.

Y aunque la Comisión Europea no se ha pronunciado en contra de esta iniciativa, ha respondido de una forma laxa ante la misma.
¿Qué más cosas se pueden hacer? Municipios como el de Medina Sidonia han remunicipalizado el servicio, y en otros, como en el Prat de Llobregat, además de darse la gestión pública del agua, se ha puesto en marcha un fondo de solidaridad, ante la evidencia de más de 70.000 avisos de cortes del suministro, de 2012 a 2014, en la zona del área metropolitana de Barcelona.

En todos los Ayuntamientos catalanes, además, se están presentado mociones para: 1. Garantizar el derecho de todos los vecinos a mantener su casa con una temperatura adecuada. 2. Dotar a cada vivienda de un suministro de cien litros de agua/habitante/día. 3. Condonar las deudas a familias necesitadas. 4. Lograr que el coste del fondo social revierta sobre los beneficios de las empresas. 5. Aplicar el ´principio de precaución´, para evitar los riesgos para la salud humana derivados del corte del suministro eléctrico o del agua potable.
María concluyó afirmando que para garantizar el derecho humano básico al agua se necesita voluntad política.

Font: La opinión de Murcia