Entrevista a Quim Pérez, Aigua és Vida i Ecologistes en Acció

Font: Público.

Desde la plataforma ciudadana Aigua és vida se viene denunciando la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que se dedica a captar el agua y canalizarla hasta los depósitos municipales, y la política hidrológica que lleva a cabo la Generalitat de Catalunya y el Gobierno del Estado. Para que nos explique cuál es la situación actual y lo que supone esta privatización hablamos con el portavoz de la plataforma y miembro de Ecologistas en Acción, Quim Pérez.

Desde Aigua és vida están denunciando la privatización de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL), ahora gestionada por Acciona. ¿En qué situación se encuentra todo este proceso después de los recursos de Agbar y del organismo regulador de la Generalitat?

No hay nada parado. El proceso de privatización continúa. La ley ómnibus abrió la puerta a la privatización del agua. Se inicia un concurso con la excusa que hay un déficit. Y se presentan Acciona y Aguas de Barcelona (Agbar). La Agencia Catalana del Agua ya se creó con un déficit inicial de 500 millones. Durante los gobiernos de CiU creció a 800, el tripartito lo incrementó a 1300 millones de euros, pero en su favor hay que decir que, al menos, realizaron tareas de mantenimiento en las infraestructuras de la red, cosa que no se había hecho en los años anteriores.

La Generalitat se enfrenta ahora a un problema importante. El proceso está recurrido por Agbar y el Órgano Administrativo de Resoluciones Contractuales de Cataluña (OARCC). Si la Generalitat pierde el litigio, Acciona tiene garantizada una indemnización multimillonaria. Además, el president Mas se ha comprometido a reembolsar los 298 millones de euros que ya fueron abonados en concepto de canon, los costes financieros derivados de la operación -unos 1000 millones de euros en el período de concesión de 50 años- y el lucro cesante, que son los beneficios del negocio. Por lo que Acciona, de momento, sigue gestionando todo.

¿Mil millones por 50 años? ¿Tiene algún sentido? ¿No da la sensación de que se hipoteca parte del futuro?

No tiene ningún sentido una concesión de este tipo, porque además la deuda existente en la gestión y distribución la ha asumido la Generalitat de Catalunya. Los 700 millones de euros que según ellos eran el problema y el origen de la privatización de ATLL no los asumirá en ningún caso la empresa concesionaria, en este caso Acciona. Las cargas se repercuten en la ciudadanía, acabamos pagando todos. Las consecuencias sociales de la privatización del agua recaen en la sociedad que debe afrontar un incremento del precio del recibo.

¿Qué consecuencias tiene sobre la ciudadanía una gestión privada del agua?

En este caso, esta privatización afecta al consumo de una región metropolitana con cinco millones de personas, pero fuera de esta zona también se da una privatización. En Girona, la gestión del agua es privada, al igual que en Lleida, mientras en Tarragona, es una empresa mixta controlada por Agbar. Antes de la privatización de ATLL ya había un 80% de gestión privada. En este sentido, es importante diferenciar la distribución en alta -desde los puntos de captación, sea cuenca hidrográfica o desaladora, hasta los depósitos municipales-, de la baja distribución, que es la que garantiza que el agua llegue a casa, que es la más visible y que está más sometida al mercado. Es ahí donde está el mayor negocio, con importantes márgenes comerciales. En la alta distribución, no se dan estos márgenes de beneficio aunque también pueden llegar a ser importantes. Según todos los cálculos, Agbar conseguirá 3500 millones de euros más de beneficios con el nuevo contrato de Barcelona, ya que desde hace 145 años, Aguas de Barcelona gestiona un suministro sin un contrato firmado. Hay una sentencia judicial que considera que hay una apropiación indebida de un bien público. Hay mucha oscuridad y dejadez en este asunto.

Y suben las tarifas…

Justo antes de la privatización, se da un aumento del precio del agua de un 70% en la distribución alta, que en principio pagan los ayuntamientos y no los ciudadanos. Cada vez, la gente esta más preocupada con estos aumentos, por ejemplo el último requisito antes de ejecutar un desahucio es el corte del agua. Pero en Barcelona, se da la paradoja que la población tiene la percepción que Agbar es pública, y no lo es, un 74% es de la francesa Suez y un 26% de la Caixa. Hacen negocio con un bien público y para evidenciar esto, por ejemplo, se puede ver como todos los beneficios de la empresa repercuten en la factura. Se paga dos veces por cualquier concepto, pues muchos ya están amortizados. En el recibo del agua se incluyen todos los gastos de Agbar: fondos de pensiones de los empleados, la flota de coches de alquiler, la iluminación de la Torre Agbar… Todo, de los beneficios no se toca nada. A parte del impacto que tiene todo esto, en el medio ambiente, en el mercado laboral, el impacto social de los precios… Pero es que además y para aumentar los beneficios, la empresa realiza ERE’s y subcontrata a otras empresas la realización de gran cantidad de actividades.

La gestión del agua es un asunto que no conviene remover. Es una estafa para la sociedad, un negocio brutal con un bien público y unos políticos que lo permiten. Cuando se lleva cualquier asunto relacionado con la factura del agua, la Fiscalía dice que los indicios de delito penal son evidentes, luego se abandona poco a poco y, al final, nunca se instruye nada.

¿Y cómo se llega a esto?

Es una gente a la que se le permite hacer negocios de forma fraudulenta. Los políticos se ponen una venda en los ojos y toman decisiones en contra de la ciudadanía, del interés general. Sólo se ponen de acuerdo para tomar decisiones que faciliten el negocio a la empresa privada.

¿Estos cambios vienen impulsados por la Troika?

Los cambios que se han producido en la alta distribución son una aplicación de la política neoliberal. En el programa electoral de CiU no se decía nada de esto, con lo que, como poco, han engañado a sus votantes. La Troika ha querido privatizar ámbitos de iniciativa pública, y en esto el laboratorio de pruebas ha sido Grecia. Una de las condiciones del rescate impuesto por Bruselas y Berlín fue la privatización del agua. Ahora creemos que esto no seria posible. En este sentido, se ha llevado a cabo una Iniciativa Ciudadana Europea contra la concesión de servicios a empresas que ha recogido casi dos millones de firmas, aunque aún no podemos saber que conseguiremos ni que ocurrirá con todo esto. Aunque Michel Barnier -comisario europeo de Mercado Interior y Servicios-, ha afirmado que el agua quedará al margen de la directiva europea sobre concesiones.

Ante esta oleada de privatizaciones, algunas grandes ciudades europeas están recuperando la gestión pública del agua. En España, ocurre justo lo contrario.

Sí, es cierto que grandes capitales europeas, como París y Berlín están recuperando la gestión pública del agua, han remunicipalizado los servicios después de un tiempo de dejarlo en manos privadas. Desde la Comisión Europea no hay una presión a favor de privatizar, pero tampoco legislan en contra. Dejan libertad para poder privatizar servicios públicos. En España, hay ahora mismo una gran ofensiva del sector privado para poder acceder a servicios prestados por las administraciones. La empresa privada aprovecha ahora mismo las enormes deudas de los ayuntamientos y la poca capacidad económica de las administraciones para conseguir concesiones sobre bienes públicos.

¿Es una nueva burbuja económica?

Bueno, lo parece. Agbar era un 51% de la Caixa y un 49% de Suez. Hace 3 años, las dos empresas hicieron una permuta de acciones. Suez aumentó su paquete en Agbar hasta el 74% a cambio de acciones de la aseguradora Adeslas, que pasaron a manos de la Caixa y que ahora vende como un producto más en sus oficinas.

¿Hay una justificación económica a la privatización de bienes públicos?

Se ha demostrado que la gestión pública de cualquier servicio o actividad puede ser igual o mejor que la privada que, por ejemplo, dedica mucho menos presupuesto a cuestiones de mantenimiento de infraestructuras. La gestión privada acaba encareciendo los precios en un corto espacio de tiempo y de forma espectacular. La privatización de la gestión de ATLL contempla una subida del precio del agua que pagan las suministradoras de entre el 9,3% y del 23,4%, en función de la oferta. La única explicación posible es que algunos se enriquecen con estas concesiones. El sistema de las puertas giratorias. Del sector privado al público y luego al privado. El presidente de Agbar venía del Área Metropolitana de Barcelona. Es la forma de poder controlar todo el proceso. Es una manera habitual de proceder aquí. Las carreras de Felipe González, Aznar o Narcís Serra son un ejemplo claro de cómo se actúa.

En Europa, ya se han dado algunas consultas populares sobre esta cuestión. ¿La sociedad debería poder decidir en este tipo de asuntos?

En Europa se han realizado consultas populares, pero por lo general no suelen ser vinculantes. Pienso que seria un avance democrático importante. En Catalunya, algunos ayuntamientos, de poblaciones de tipo medio-pequeño, como la Llagosta o Montornés del Vallés, sin realizar consultas si que están realizando el camino a la inversa y contemplan remunicipalizar el servicio del agua.

Un aspecto que destaca es el aumento enorme de los expedientes de corte de agua.

El año pasado se realizaron 72.000 expedientes de corte de agua. Casi se triplicó la cifra del 2011, que fueron unos 27.000. Es una consecuencia clarísima de la crisis y de la situación económica de muchísimas familias. Agbar gana unos seis millones de euros al año por este concepto, que evidentemente incluyen como beneficios. Esto nunca debería suceder porque el acceso al agua es un derecho fundamental.

¿Las tarifas están infladas?

En el Área Metropolitana de Barcelona, por ejemplo, está previsto que, de promedio, el encarecimiento del agua se sitúe el próximo año en un 8,5%. Los aumentos diarios del precio del agua se camuflan enviando los recibos cada mes o dos meses. Además, ATLL subirá el precio del agua un 5% a las suministradoras y hay que recordar también que se actualizará el canon del agua en el 2014. En los últimos años y en plena crisis, el recibo del agua se ha incrementado un 65%. En lo que llevamos de año, un 15%.

El agua es un bien público y el precio del recibo deja huella en la economía familiar. A la protesta no le sigue un impacto en las urnas.

Los grandes partidos están bajando en las encuestas, aunque de momento eso no demuestra nada. Mientras PP y PSOE controlen la escena nacional y cuenten con el apoyo de CiU y PNV, que tienen también su cuota de poder, todo seguirá igual. La gente lo sabe, pero ahora mismo hay muchos frentes abiertos. De todas formas, se augura una próxima primavera caliente. Si no se reconduce la situación, se conseguirá mucha movilización porque la gente esta muy indignada con la situación general.

Con cuatro años de retraso reaparece el Plan Hidrológico Nacional. ¿Es necesario reactivar un plan que ha tenido siempre un rechazo tan importante en las zonas afectadas?

El Plan Hidrológico llega tarde y mal. Ese plan sólo lo aguanta el papel. Ahora se hace de una forma más disimulada que antes para intentar evitar el rechazo social. Se introducen más de 460.000 hectáreas de regadío, sin la existencia de recursos económicos para crearlos ni hídricos para abastecerlos, como no sea a costa de los caudales ambientales, e incluso del abastecimiento a poblaciones. El volumen de agua necesario para abastecer esto aparece más tarde en forma de trasvases, ya que no hay una demanda tan grande de los agricultores de las zonas irrigables. ¿Quién asume esto? Pensamos que la oferta privada y que el Canal Segarra-Garrigues es el ramal norte del trasvase a Barcelona, mientras el Canal Xerta-Sènia será el ramal sur y el que lleve el agua del Ebro a Valencia. Se está haciendo de una manera camuflada. Además, el Plan permite esta posibilidad si no hay una demanda suficiente de regantes.

Se prevé la construcción de 35 nuevos embalses y se indica la previsión de 44 más. ¿Esto es factible?

Con la actual situación económica es completamente irreal y además no tiene ningún sentido por el impacto que esto representa a todos los niveles. Simplemente se proyectan unas infraestructuras, que más adelante servirán para regular futuros trasvases. Todos estos factores dejan clara una planificación totalmente sesgada y dirigida al beneficio privado.

Un proyecto similar al PHN es el Canal Segarra-Garrigues, una obra impulsada por la Generalitat y que, sin estar acabada, cuesta ya casi el doble de lo previsto.

La desviación presupuestaria está relacionada con el objetivo final que es el puro y simple negocio. La red principal la paga el Estado y aquí no ha habido ninguna desviación. En cambio, la inversión de la Generalitat ha pasado de 1069 millones de euros a unos 1900 millones. La idea inicial es que el 50% de la inversión sería abonada por los derechos de los regantes pero esto no ha ocurrido, y difícilmente ocurrirá, de momento sólo abastece 3.000 de las 68.000 hectáreas de regadío previstas. Como no hay viabilidad económica, la Generalitat ha redefinido el proyecto y quiere utilizar el agua del canal para reforzar el suministro en el área metropolitana de Barcelona. Aquí entra en juego de nuevo Agbar Esta desviación presupuestaria la pagaran al final los vecinos del área de Barcelona con sus recibos. Por esto a Agbar no les interesa que la concesión de la alta distribución, o sea ATLL, recaiga en Acciona, así se iría vendiendo el agua a si misma. Sucesivas ventas, sucesivos beneficios.

¿Estrasburgo servirá de nuevo para aclarar la situación y obligar al Estado a replantear sus objetivos?

Estamos preparando una petición ante Bruselas, pero hasta que el PHN no se presente no se abrirá una línea para poder recurrirlo. La elecciones europeas serán importantes en este sentido, pues la composición del Europarlamento servirá de contrapeso a las decisiones de la Comisión Europea. A finales de este mes tenemos una reunión con la CE, y a decir verdad, alucinan con lo que pasa con el PHN . Pensamos que no lo permitirán, pero no se puede esperar que todos los errores de aquí los arregle Europa.

Se vuelve a hablar del trasvase del Ródano. ¿Más de lo mismo?

Sabemos que Arias Cañete ha pedido un informe sobre la viabilidad de este trasvase. Los más interesados en este posible trasvase son Agbar y el señor Duran i Lleida. Técnicamente es una infraestructura que no se aguanta por ningún lado . Si se mira desde el punto de vista económico, tampoco, ni tan sólo la calidad del agua. No deja de ser un sueño político. Aspiran a comprar el excedente de agua con todo lo que ello implica: construcciones, servicios, comisiones…

¿Qué ocurre con el proyecto Castor? ¿Cómo el Estado debe indemnizar a una empresa cuyas actividades parecen poner en riesgo a la ciudadanía?

Estas grandes empresas ya no corren ningún riesgo cuando emprenden cualquier actividad. Sólo piden dos cosas. Negocio, y los costos se repercuten en la ciudadanía; y seguridad, económica y jurídica, claro. Es un caso semejante al del agua. Los márgenes de beneficios se tienen que asegurar, es lo único que cuenta para los accionistas y para los políticos que permiten que esto suceda.