Cataluña, necesitada de ingresos para equilibrar sus cuentas, se plantea privatizar los servicios de agua. A la par, varios municipios están recuperando las concesiones que habían otorgado para gestionarlas ellos directamente, dentro de una corriente global de ‘remunicipalización’.

Santiago Vila, consejero de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, dejaba caer, a inicios de noviembre, que la comunidad autónoma se planteaba la privatización de las depuradoras catalanas durante este año 2014: “Será un tema que hará de aficionados lo que hicimos con Aigües-Ter Llobregat”, afirmó, en alusión a la polémica privatización de dicha empresa, empantanada desde enero de 2013 por la disputa entre Acciona, adjudicataria de la concesión, y Agbar, rival en la licitación.

En sentido contrario a Cataluña reman los municipios de Arteixo, La Línea de la Concepción o varias pedanías de Jerez de la Frontera, que durante el año pasado han decidido retirar las concesiones a empresas privadas y asumirlas directamente, esto es, municipalizarlas.

La gestión pública o privada del ciclo del agua es un debate tan viejo como la mera existencia del mismo, con tiras y aflojas en un sentido o en otro, en función de la corriente ideológica dominante y de las necesidades económicas de los erarios públicos. Tan válido puede ser un modelo de gestión como el otro, puesto que lo importante, siempre, es garantizar un servicio eficaz y eficiente.

Los ejemplos de buenas prácticas de uno u otro modelo de titularidad de la gestión del agua abundan en los cinco continentes, si bien conviene hacer una seria distinción en el caso de los países pobres, donde la calidad del abastecimiento de agua puede ser una cuestión de vida o muerte en su sentido más estricto. En estos casos, la capacidad de inversión de las grandes corporaciones privadas, frente a las limitadas posibilidades de las administraciones, marca la diferencia.

Por eso, el Banco Mundial y otras entidades relacionadas con la cooperación internacional favorecen la entrada de agentes privados en los programas de desarrollo.

Ahora bien, desde hace unos años ha cogido fuerza la corriente que defiende la gestión pública, abogando por retirar las concesiones a empresas privadas allí donde dicha concesión se hubiera producido. El movimiento, conocido como remunicipalización, tiene como buque insignia el caso de París, que decidió en 2010 no renovar el contrato que ligaba a la ciudad con los colosos Veolia y Suezdesde hacía 25 años.

Junto a París, hay otras grandes ciudades que han decidido remunicipalizar sus servicios de agua. En la lista encontramos Berlín -en proceso-, Hamilton (Canadá), que no renovó el que fuera el mayor contrato de América del Norte en 2004, o Buenos Aires, donde el Estado se hizo cargo en 2006.

En todos los casos se pretende mejorar el servicio a los ciudadanos, ya sea porque se aspira a conseguir que los beneficios obtenidos por las empresas recaigan en el municipio -París- o porque la prestación privada ha sido manifiestamente deficiente, como sucedió en Hamilton o Buenos Aires.

En España la gestión de los servicios de agua está dividida a partes iguales entre la Administración y los operadores privados, si bien, globalmente, los ingresos que genera la actividad recaen mayoritariamente en la Administración, como revela un informe de la Fundación Aqualogy sobre 15 grandes ciudades -Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, Zaragoza…-.

Entre cánones de agua, tasas de alcantarillado, IVA y otros conceptos incluidos en las facturas del agua -como la recogida de basuras- resulta que el 79 por ciento de las cantidades facturadas van a parar directamente a las arcas públicas, mientras que sólo el 21 por ciento termina en los balances de las empresas.

Font: El Economista