La actual gestión del agua sigue anclada en el viejo paradigma de utilizar sin límites los recursos hídricos, por lo que está marcada por la insostenibilidad ambiental, el beneficio de los usuarios prioritarios (hidroeléctricos y regadío) y los costes públicos, la mercantilización y la desigualdad social. Ante las próximas elecciones generales, la Fundación Nueva Cultura del Agua considera urgente un giro importante en la actual política de aguas. Necesitamos un gestión del agua sostenible y basada en el control de la demanda, en coherencia con el cambio climático; transparente, pública y con criterios de equidad económica y social y que garantice el buen estado de los ríos y resto de ecosistemas acuáticos, en coherencia con la Directiva Marco del Agua (DMA).

De forma más específica, la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) realiza las siguientes propuestas a todas las opciones políticas que concurren a las elecciones y a toda la sociedad en general:

DE APLICACIÓN INMEDIATA

Paralizar mediante Decreto‐Ley los proyectos especialmente conflictivos, como trasvases, nuevos embalses o recrecimiento de los existentes y otras infraestructuras que no estén justificadas en el interés de toda la sociedad o que tengan alternativas más sostenibles.

Paralizar mediante Decreto‐Ley todas las ampliaciones de regadío contenidas en los planes hidrológicos o en cualquier otro instrumento de planificación, al haberse excedido sobradamente la presión sobre todos nuestros ríos y acuíferos.

Dar marcha atrás en los aspectos de la legislación de aguas y en los cambios normativos recientes más negativos para el uso sostenible y con equidad social del agua, y para conservar y mejorar los ecosistemas acuáticos. Los cambios normativos que deben abordarse de forma urgente incluyen por lo menos los siguientes:

‐ Derogar los cambios normativos derivados del Memorándum del Trasvase Tajo‐Segura.

‐ Modificar la normativa que permite o facilita la compra‐venta privativa de derechos concesionales, incluyendo los artículos 71‐72 del Texto Refundido de la Ley de Aguas y su modificación mediante la Disposición Final Cuarta de la Ley 21/2013, con el fin de asegurar el no deterioro de las masas de agua y el interés público.

‐  Revertir las reformas que socavan la garantía de los caudales ambientales, tales como las contenidas en la propuesta de reforma del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.

‐ Reconocer el Derecho Humano al Agua y la obligación legal de su garantía en la Ley de Aguas, con prohibición de cortes de agua por impago a sectores en precariedad económica, en línea con la #Iniciativagua2015.

‐ Derogar las disposiciones que eximen de evaluación de impacto ambiental a las medidas urgentes en materia de aguas cuando dicha urgencia no está justificada, como en el caso del Real Decreto‐Ley 2/2015, de reparación de daños por inundaciones.

Reformar la composición de los Consejos del Agua de las demarcaciones hidrográficas, incorporando a los sectores hasta ahora marginados de tales órganos de participación: actividades recreativas, de turismo fluvial, usos no económicos de los ríos y colectivos sociales que promueven el uso sostenible del agua y la defensa de los ríos.

Poner en marcha un plan ambicioso de pedagogía social para el uso sostenible del agua y los ecosistemas fluviales, centrado en temas claves, no retóricos, con objetivos, calendarios, recursos asignados y mecanismos concretos de evaluación de resultados. Para ello se abordarán distintas estrategias de comunicación dirigidas a los diferentes sectores sociales, así como a la opinión pública en general.

Poner en marcha procesos de diálogo por parte de todos los sectores, colectivos y territorios implicados en conflictos del agua para identificar alternativas negociadas y soluciones de consenso en base a una amplia participación social, incluyendo en particular conflictos en torno a embalses como Mularroya, Yesa o Biscarrués y trasvases, muy especialmente el Tajo‐Segura y el Júcar‐Vinalopó.

DE IMPLEMENTACIÓN A LO LARGO DE LA LEGISLATURA

Poner en marcha medidas de reducción de la demanda en el regadío y para mejorar su sostenibilidad, en coherencia con la DMA y las estrategias de adaptación al cambio climático.

Elaborar un Plan para impulsar la Agricultura Sostenible de Secano. Dicho Plan, en coordinación con las comunidades autónomas, deberá contemplar las medidas económicas y fiscales necesarias, así como de I+D e instrumentos de financiación, incluyendo fondos europeos.

Poner en marcha herramientas de coordinación interadministrativa y de armonización entre las distintas políticas sectoriales como la del agua, la agraria y la ambiental, para asegurar en las mismas una aplicación ambiciosa de la DMA y otras directivas europeas como la de Aves y la de Hábitats. Creación de un espacio permanente (Grupo de Trabajo o similar), con participación de todos los sectores interesados, donde abordar éstas y otras cuestiones que requieren coordinación.

Mejorar y actualizar la información de base sobre las concesiones de agua, identificando en el Registro aquellos derechos que se corresponden con caudales inexistentes, irregulares o de mala calidad, con el fin de corregir la frecuente sobreasignación de volúmenes. Revisar las concesiones de agua para garantizar que estén en coherencia con la DMA, a través del mantenimiento de  los caudales ecológicos y el Buen Estado de ríos, acuíferos y resto de masas de agua incluyendo los ecosistemas costeros y las aguas de transición. Reformar el sistema de concesiones para flexibilizarlas y supeditarlas al interés público, y al cumplimiento de la DMA y las demás normativas ambientales. Poner al día la información sobre todas las captaciones, mejorando de forma significativa las redes de aforos y seguimiento del agua y atajando las extracciones ilegales.

Reformar el régimen económico‐financiero del agua, incorporando la recuperación de costes, el principio de que quien contamina o degrada paga y el requerimiento del análisis coste‐eficacia para cualquier proyecto en materia de aguas.

Mejorar la transposición de la DMA y reformar la Ley de Aguas en cuantos aspectos sean necesarios para garantizar su plena coherencia con la DMA y la gestión pública del agua, en línea con la #Iniciativagua2015.

Reformar la estructura y organización de los organismos de cuenca para adaptarlos a los nuevos objetivos, centrados en el buen estado ecológico, los usos no consuntivos    y la conservación de los ecosistemas.

Poner en marcha el proceso de revisión de los planes hidrológicos para garantizar su plena coherencia con la DMA, recuperando el largo tiempo perdido en los dos primeros ciclos de planificación.

Elaborar un Plan para implementar el conocimiento de los valores y servicios socioambientales de los sistemas fluviales en todos los niveles educativos. Incorporar la perspectiva educativa en la planificación hidrológica y en las distintas actuaciones relativas al agua.

Octubre de 2015