La Generalitat deplora ahora la suspensión del decreto de pobreza energética como si fuese la cima de su obra, pero ha incumplido el mandato parlamentario de mejorar esa norma inservible

El Gobierno catalán aprobó un decreto contra la pobreza energética en diciembre del 2013 que fijaba que quienes no tuvieran recursos podrían aplazar pagos de noviembre a marzo sin que les cortaran el suministro. Pero las condiciones para poder acogerse eran tan restrictivas que al punto la norma se reveló inútil. La Generalitat no ha hecho nada por mejorarla en los diez meses transcurridos. Y pese a esta evidente ineficacia, el Gobierno central presentó hace un mes un recurso contra el decreto ante el Tribunal Constitucional, por juzgar que invade sus competencias, cuestiona la unidad de mercado y lesiona a las eléctricas.

El Constitucional lo admitió el miércoles, y ahora el texto, suspendido cautelarmente, parece la joya de la corona de la obra del Ejecutivo catalán, que lo defiende con lágrimas en los ojos. En esta especie de sainete hay tres actores, el Gobierno central, el catalán y los pobres energéticos, entre 100.000 y 300.000, según el amplio abanico de cálculos en Catalunya.

El conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, hizo ayer declaraciones al respecto que expreaban inquietud, dolor: «Estoy consternado y preocupado. Al Gobierno le preocupa más la unidad de mercado que ayudar a la gente que no puede pagar ni la luz ni el gas». El Gobierno catalán pedirá al central que retire el recurso, agregó. Muchas voces clamaron contra el Ejecutivo central. No pocas señalaban otro motivo para romper con España. En un país nuevo nadie recurrirá esta norma, decían. La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, lamentó la actitud del Ejecutivo Gobierno central pese a constatar que el decreto catalán es a todas luces insuficiente.

El recurso ha permitido a la Generalitat hacer bandera de un decreto que ella misma tenía abandonado. Era demasiado restrictivo: solo se han podido acoger unos cientos de personas, no más de 800, cuando los afectados son cientos de miles. Y quienes sí se pudieron acoger, volvieron a estar en problemas en abril, porque la deuda no desaparece. «Si antes iban a un ayuntamiento a pedir ayuda para pagar una factura de la luz aún los podían ayudar», explica Marta Garcia, de Ecoserveis. Pero cuando iban con las de noviembre a abril, la pelota era demasiado grande. Garcia ha participado en las tres reuniones celebradas por la Taula de la Pobresa Energètica, en la que están las suministradoras, la Generalitat y las entidades sociales.

Tres incumplimientos

En marzo se celebró en el Parlament el pleno contra la pobreza, célebre porque el Govern advirtió de que la cita se saldaría sin un euro más de gasto comprometido. Y así fue. El pleno dejó algunas resoluciones. Una de ellas instaba al Gobierno catalán a presentar antes de junio un informe de evaluación del primer año de aplicación del decreto. No lo ha hecho. También debía proponer un nuevo decreto con el 30 de septiembre como límite. No lo ha hecho. Y además debía establecer que una empresa no puede cortar un suministro sin avisar a los servicios sociales y al ayuntamiento correspondientes. No lo ha hecho.

Al margen de incumplir el mandato del Parlament y lamentar la actitud hostil del Gobierno cental, lo único que ha hecho el Ejecutivo catalán es hablar de un posible fondo para pagar facturas de los más necesitados. Fue en la tercera reunión de la Taula, el 30 de septiembre, pero sin papeles ni concreción alguna, como subraya Eloi Badia, de la Alianza contra la Pobreza Energética. Y el invierno se acerca.

Font: El Periódico