El conseller de Territori, Santi Vila, se mostró confiado ayer en que “pronto” se conozca cómo cumplirá el Govern la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre la adjudicación de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) a Acciona, realizada el último día de 2012 por el exconseller que le precedió, Lluís Recoder, por 995,5 millones de euros.

Vila desveló que la mesa de contratación, integrada en su mayoría por técnicos de la Generalitat, ya ha mantenido una primera reunión en la que, además de constituirse, fijó un calendario de trabajo, que por ahora es secreto. El conseller, que eludió concretar plazos, aseguró que el trabajo de este órgano de carácter técnico debe ser “diligente” y resolverse “rápidamente”.

El titular de Territori detalló que la misión de la mesa consiste en “estudiar la sentencia del Tribunal Supremo” y analizar cuáles son las “consecuencias de la aplicación”. Para Vila, el cumplimiento de la sentencia debe ser compatible con seguir prestando el servicio y tiene que encontrarse una fórmula que minimice los efectos económicos para la Generalitat.

Según el Supremo, el Govern está obligado a cumplir con el carácter ejecutivo de la polémica resolución del Oarcc, que declaró nula la oferta de Acciona, que ganó el contrato. Si la mesa decide invalidar finalmente esta propuesta, la incógnita reside en saber si finalmente se optará por convocar un nuevo concurso público o si se entregará la concesión directamente a Agbar, tal y como defiende el grupo filial de Suez Environnement. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ni el TSJC ni el Supremo se han pronunciado todavía sobre el fondo del asunto.

Font: Expansión